El recién nombrado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo José Gómez Guerrero, habló de sus propuestas para mejorar la institución, encargada de tutelar el derecho de acceso a la información pública a los salvadoreños. DIce que, aunque fue nombrado por el Ejecutivo en el cargo, esto no significa ni debe entenderse como un “amarre” con el funcionario. Asimismo, confirmó el proceso de destitución iniciado por la Presidencia de la República contra la comisionada suplente Cesia Mena y anunció que el Instituto ya tomó las providencias para evitar que se sigan suspendiendo las audiencias por la falta de conformación del pleno, tal como ocurrió la semana pasada.

Política

“Yo no necesitaría limpiarle el rostro a la institución porque lo tiene limpio” El 11 de agosto asumió funciones como nuevo presidente del IAIP hasta febrero de 2025. El Ejecutivo lo juramentó en el cargo.

Gerson Chávez

martes 25, agosto 2020 • 12:02 am

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El recién nombrado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo José Gómez Guerrero, habló de sus propuestas para mejorar la institución, encargada de tutelar el derecho de acceso a la información pública a los salvadoreños. DIce que, aunque fue nombrado por el Ejecutivo en el cargo, esto no significa ni debe entenderse como un “amarre” con el funcionario. Asimismo, confirmó el proceso de destitución iniciado por la Presidencia de la República contra la comisionada suplente Cesia Mena y anunció que el Instituto ya tomó las providencias para evitar que se sigan suspendiendo las audiencias por la falta de conformación del pleno, tal como ocurrió la semana pasada.

 

¿Qué áreas del Instituto de Acceso a la Información Pública apuesta a fortalecer durante su gestión?

En la parte jurídica, el Instituto ha tenido una dinámica de trabajo que, por lo que he podido ver, es muy positiva, muy aceptable. Creo que ya están los procedimientos definidos justamente en la ley y, más que hablar ahorita de reforzar o de pensar en reformas o cambios, es de irnos conociendo más a profundidad, pero tal vez irme por el lado de acelerar o volver más ágiles las diligencias. Mi apuesta como sector académico universitario es fortalecer los nexos de cooperación que pudieran existir y los que se pudieran generar para que la sociedad civil tenga mejor conocimiento del derecho de acceso a la información pública. Se pueden hacer mecanismos de difusión, de educación, llegar más allá, es decir, poder hablar y trasladar esta herramienta del espectro jurídico para toda la ciudadanía que pueda ir comprendiendo la importancia de este derecho llave de otros derechos.

 

¿Cómo piensa usted limpiarle el rostro a una institución como el IAIP, que ha sido señalada de presuntamente compartir información de datos personales de peticionarios de información con la actual gestión presidencial?


Yo no necesitaría limpiarle el rostro a la institución porque la institución lo tiene limpio, ocupando esa figura que usted acaba de decir. A lo que usted se refiere, entiendo, es una situación que aconteció con el anterior comisionado propietario (René) Cárcamo, pero está en manos de la Fiscalía la investigación. Yo no tengo muy claro cómo fue eso. Quien puede dar el insumo de qué se trató esto es la Fiscalía cuando determine las acciones pertinentes que haya que hacer. Sin embargo, de esa fecha para acá, entiendo que ha pasado un tiempo prudencial en que el Instituto, de una u otra manera, ha venido funcionando y ha mantenido una línea de trabajo por las comisionadas y comisionados que se encuentra ahí, que es la que siempre ha respondido debidamente en el marco de sus funciones y facultades.

 

¿Fue necesario suspender el derecho de información mientras duró el estado de emergencia por la pandemia?

Creo que nos situamos en una situación sumamente, como país, novedosa en el sentido negativo, por supuesto, por lo que representa la pandemia y eso requirió, como usted lo sabe, tanto declaratorias como estado de emergencia, una emisión, en su momento, de los regímenes de excepción y otras medidas y el Instituto no fue la excepción. Pude tener conocimiento y ver que, en medio de esto y en medio de la situación que también implicó la suspensión de plazos procesales, el Instituto buscó la forma de seguir operando. Pero creo que, dentro de la línea de las instituciones del Estado en general, no obstante de la pandemia, lo más correcto, lo más idóneo era que se hicieran los esfuerzos adecuados, los que permitiera la pandemia, para que funcionara toda la institucionalidad proporcionando la información que en su momento fuere requerida.

 

En ese caso, ¿no era necesario suspender el derecho de información?

Como le digo, yo tengo entendido que hubo acuerdos incluso legislativos que fueron sancionados en su momento para la suspensión de plazos procesales. Pues ahí las valoraciones estas incluyeron obviamente al Instituto. El Instituto presentó su posicionamiento posteriormente y tengo entendido que la línea era justamente esa, que no se le incluyera (en la suspensión de los plazos), es decir, vendría siendo el posicionamiento y la línea del Instituto, no sumarse a ello, para no anular o afectar el derecho a la información.

 

¿Cómo procederá el IAIP en contra de aquellos entes obligados que, a pesar de las directrices emitidas por el IAIP para la entrega de información durante la pandemia, ni siquiera publicaron información oficiosa en sus portales web?

Tengo entendido, porque todos estos planteamientos que usted me está haciendo son previos a mi llegada, que el Instituto abrió un procedimiento oficioso, de supervisión y valoración justamente del alcance que tuvieron los lineamientos del Instituto para sostener que se brindaran y alimentaran los portales con la información oficiosa y se está justamente, en este momento, en el trabajo y estudio de ello para un posterior posicionamiento institucional para valorar los hallazgos que se tuvieron.

 

¿Podrían iniciarse sanciones?

La ley permite una serie de herramientas jurídicas para hacer valer lo que el Instituto determina, pero de mi parte sí sería adelantar un posible criterio tanto de acción y sobre todo en atención y respeto hacia un tribunal colegiado.

 

Usted fue seleccionado y juramentado en el cargo por el Ejecutivo, ¿cómo demostrará su independencia de alguno de los tres órganos del Estado, de los tres órganos y de los grupos políticos y económicos?

La independencia de los funcionarios del Instituto no solo debe verse en relación al Ejecutivo, sino que a los demás órganos del Estado y obviamente a cualquier sector de poder en ese sentido. La denominación o nombramiento por parte del Ejecutivo es una figura legal que obviamente, al igual que los funcionarios que son electos en la Asamblea Legislativa, lo que busca justamente regular, en un Estado de Derecho, es que los funcionarios como el presidente del IAIP sean nombrados oficialmente por un funcionario con rango constitucional, con atribuciones. En nuestro sistema jurídico es en este caso el Presidente. Los procuradores, los fiscales, los magistrados de la Corte de Cuentas, son elegidos también por la Asamblea. Detallar y decir claramente que son actos oficiales de nombramiento pero que no implican en este caso que el funcionario electo deba rendir informe personal o que ese funcionario de elección sea su jefatura, es decir, a quien él le rinde informe de sus labores. No debe en nuestro sistema entenderse de que nos amarre a una titularidad que nos nombra para encaminar en ese sentido nuestros actos.

 

¿Cómo procederá el IAIP ante el proceso de remoción que la Presidencia de la República ha iniciado contra la comisionada suplente Cesia Mena?

Nosotros estuvimos en la institución valorando esa situación porque hasta hace poco, la comisionada había comunicado de forma verbal al pleno que se le había (notificado) un proceso de remoción. Tengo entendido que hay una especie, una figura jurídica, basada en la Ley de Procedimientos Administrativos, de suspensión previa, es un proceso personal en el que ella podrá y debe, entiendo yo, hacer uso de sus derechos para controvertir, si ese fuera el caso. No conozco el contenido de la imputación que se le pueda hacer. Lo digo así porque nosotros no tuvimos en ese momento a la mano ese documento. Entonces, creo que será una cosa que ella tendrá que demostrar a la autoridad. Por eso, le dije al inicio, si bien es cierto no había una dependencia de la titularidad, pero la Ley (de Acceso a la Información Pública) sí prevé que ante el incumplimiento de ciertas funciones o incurrir en una de las conductas que señala la ley ahí sí el Presidente puede iniciar un proceso de remoción del cargo.

 

La falta de la comisionada Mena ha impactado en el trabajo del pleno y el jueves impidió audiencias. ¿Cómo hará para que se conforme pleno?

Justamente, ya había una afectación por así decirlo, ante la ausencia del comisionado propietario Alirio Cornejo. El comisionado Alirio Cornejo, pues, tiene una situación de salud bastante delicada, se me informó a mí al llegar y por ello la comisionada (Mena) ha estado este tiempo supliendo esa función. Obviamente, usted sabe que hay otras comisionadas suplentes pero precisamente para no incurrir en ilegalidades o detener el trabajo, nosotros hemos estado justamente en esa línea de llamar a las suplentes para poder proseguir con las actuaciones que tenemos. Hemos seguido el trabajo, no se ha detenido en ese sentido.

 

¿Enviaría el IAIP el informe que la Presidencia de la República ha pedido sobre el estado de salud del comisionado Alirio Cornejo? ¿No va en contra de la autonomía del Instituto?

No. Ya hubo un acto previo en este sentido antes de mi llegada. En este caso, la comisionada Cristina Pérez emitió un informe que tengo entendido fue decidido por el pleno. Es lo que se me informó a mí, tuve acceso a ese documento, a verlo, se me presentó, en el cual el pleno motivó que, ante situación prolongada de salud en aras de garantizar el trabajo y la dinámica del Instituto, se tenía que dar el informe a Presidencia para que tomara las providencias de ley. Es Presidencia la que nombra y la situación de salud del comisionado no es temporal, es permanente. Es una figura bien fuera de lo común que prácticamente implica que se evalúe su sustitución de ley y esa es una atribución que recae en el Ejecutivo, no recae en los comisionados. Después del informe de la comisionada, para mejor proveer, ha llegado una nota de Presidencia solicitando mayores insumos sobre esa situación.

 

¿Qué opinión le merece el recorte anunciado por Hacienda al presupuesto del IAIP para 2021?

Yo no conocía el presupuesto del Instituto. Es sumamente bajo y eso no es de ahora. No fue dotado desde el inicio de un presupuesto adecuado para funcionar, las labores son grandes y pueden ser mayores todavía. Es un presupuesto de poco menos de los dos millones, es sumamente bajo. Obviamente en las sumas del Instituto impacta. Las disposiciones de Hacienda entiendo que van en el contexto de las limitantes financieras que supone la pandemia para las distintas instituciones gubernamentales. Nosotros ya tuvimos algunas reuniones con las áreas financieras que están analizando cómo conformar los rubros para evitar que la reducción afecte o si va a afectar, que sea lo mínimo. Hay dos posibilidades que se están tomando en cuenta. Una de ellas es que en su momento, cuando la ley lo va permitiendo, solicitar el refuerzo presupuestario respectivo y el otro, acudir a los cooperantes internacionales que trabajan con el Instituto y ver en qué rubros ya se han identificado algunos rubros en que pueden incidir con colaboración para mitigar los efectos de ese recorte.

 

Ricardo José Gómez Guerrero

Fue juramentado como comisionado presidente del IAIP el 11 de agosto de 2020 por el presidente de la República, Nayib Bukele. Es licenciado en Ciencias Jurídicas, con experiencia en materia de derechos humanos y docencia universitaria. Se ha desempeñado como Procurador Adjunto y Director Nacional de Tutela de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ha sido catedrático e investigador asociado del Observatorio de Política Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia (UFG). Trabajó como asesor jurídico en la Procuraduría General de la República (PGR) en la sección Relaciones Familiares.