El pasado sábado 13 (¿o sería viernes?) nos sorprendió el día con la noticia de la prisión de la expresidenta boliviana Janine Añez, por la comisión de los de delitos de sedición y terrorismo, según acusación formal de tres fiscales. Dos delitos difíciles de probar, por las apreciaciones que conllevan. Quizá el terrorismo es más sencillo de ubicar para abogados, fiscales, jueces y aún para los no entendidos en la jerga judicial. La sedición, por el contrario, es como un hibrido entre revuelta y manifestación dirigida a exigir el cambio de la autoridad gubernamental, por medio de violencia o sin ella.

Opinión

¿Venganza o sedición?

Juan José Monsant A. / Exembajador venezolano en El Salvador @jjmonsant

martes 16, marzo 2021 • 12:00 am

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El pasado sábado 13 (¿o sería viernes?) nos sorprendió el día con la noticia de la prisión de la expresidenta boliviana Janine Añez, por la comisión de los de delitos de sedición y terrorismo, según acusación formal de tres fiscales. Dos delitos difíciles de probar, por las apreciaciones que conllevan. Quizá el terrorismo es más sencillo de ubicar para abogados, fiscales, jueces y aún para los no entendidos en la jerga judicial. La sedición, por el contrario, es como un hibrido entre revuelta y manifestación dirigida a exigir el cambio de la autoridad gubernamental, por medio de violencia o sin ella.

Como se observa, en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Francia y hasta en los propios Estados Unidos tendrían que encarcelar a la mitad de la población, sin nombrar periodistas y medios de comunicación que dedicamos numerosas líneas o múltiples bits a cuestionar y confrontar a sus gobernantes ( por fortuna nuestro Jefe de Redacción nos limita en número de caracteres). El terrorismo es palabra mayor, y su prueba tiene que ser incuestionable. Probar la intensión de cambiar un gobierno es mucho más difícil, porque se entra en el mundo de la psiquis. De allí que esta acusación, más que un acto jurídico es una advertencia y un castigo, según los cánones de eso que llamaban Socialismo del Siglo XXI. Además de siniestra, porque utiliza al Poder Judicial como medio de represión e inhibición.

Debemos estar claros, los fiscales y los jueces a cuyos tribunales vayan a dar estos casos, obedecen ordenes del gobernante de facto Evo Morales, porque el presidente elegido en noviembre del 2020, Luis Alberto Arce fue Ministro de Economía de Morales en su segundo y tercer mandato y, su Vicepresidente David Choquehanca, Ministro de Exteriores,  igualmente en el segundo y tercer periodo de Morales, por lo que presumimos que ejerce la Primera Magistratura, solo de manera formal.

Janine Añez era la Segunda Vicepresidenta del Senado al momento en que Evo renunció a la presidencial, ante la descomunal protesta y violencia generada que se dio en el país por el fraude electoral cometido al lanzarse para su cuarto mandato; por lo que las Fuerzas Armadas se vieron precisadas a solicitarle la renuncia, la cual aceptó.  En consecuencia, en ausencia del Vicepresidente Álvaro García, tal como pauta la Constitución, Añez debió asumir la Primera Magistratura, que le fuere ratificada por El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.

La nueva presidenta dedicó buena parte de su tiempo a estabilizar la situación política, apaciguar a los sindicatos, devolver seguridad al ciudadano y, a organizar el próximo proceso electoral, dado el carácter interino de su investidura. Y lo hizo, el MAS de Morales volvió a ganar las elecciones (ese es otro análisis pendiente) y traspasó el poder a Luis Alberto Arce en el tiempo establecido. ¿Entonces, a qué viene esta grave acusación de sedición y terrorismo? Venganza pura y vulgar.

Es cierto que las expectativas sobre Janine fueron sobrevaluadas, el despilfarro, la sobredosis de dogmatismo, los arrebatos autoritarios y la corrupción recibida fue de tal magnitud, que la expectativa fue más allá de lo que cualquier mortal hubiera podido satisfacer en tan corto tiempo. Pero fue obvio que la sobrepasó, y el error político e imprudencia que cometió al lanzarse como candidata a la presidencia, la situó en clara desventaja ante lo que la historia, los bolivianos y la comunidad internacional esperaba de ella en su rol de presidenta interina. Le faltó carácter -visto desde lejos- para iniciar investigaciones de actos contrarios a la ley cometidos por el MAS desde el gobierno, y para conformar un Gabinete profesional que calmara y estabilizara la nación; de repente se la vio como una política más, de los que se rechazaban. Pero esto no excusa la aberración de su prisión y cargos penales.


Por otra parte, llama la atención la ausencia de respuesta inmediata y contundente de la Comunidad Internacional, ONU, OEA, UE, Grupo de Lima ante este atropello institucional. El orden legal democrático fue sometido a prueba, atropellado, y la respuesta no pasa de un saludo a la bandera, para evadir el problema de fondo.