Cuando se trata de hablar sobre vigilancia a los fondos destinados para enfrentar la pandemia en Latinoamérica, se debe hablar necesariamente de nuestro país. En julio del año 2020, en un único esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, se decidió establecer el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, un fondo constituido por 2,000 millones de dólares (financiado mediante deuda adquirida frente a bancos internacionales) y que está a cargo de ser ejecutado por el gobierno nacional y las municipalidades.

Opinión

Veeduría: una oportunidad para el bienestar de la sociedad

Wilson Sandoval / Abogado. Subcoordinador del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica

lunes 18, enero 2021 • 12:00 am

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Cuando se trata de hablar sobre vigilancia a los fondos destinados para enfrentar la pandemia en Latinoamérica, se debe hablar necesariamente de nuestro país. En julio del año 2020, en un único esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, se decidió establecer el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, un fondo constituido por 2,000 millones de dólares (financiado mediante deuda adquirida frente a bancos internacionales) y que está a cargo de ser ejecutado por el gobierno nacional y las municipalidades.

El Comité es un fuerzo único, singular, sin antecedentes en nuestro país y en la región. Se constituye por ciudadanos sin vínculos partidarios, provenientes de la academia y tanques de pensamiento (UES, UFG, ICEFI, FUNDE y la Asociación de Contadores y Auditores de El Salvador) con amplia experiencia en lo económico, fiscal, transparencia, entre otros.  Lo anterior se asevera no sólo por la creación del mismo -con el visto bueno de todos los partidos políticos- sino por las funciones que la ley (Decreto Legislativo 608) le confiere, las cuales, lejos de tecnicismos jurídicos me permito exponer de forma puntual.

Una primera función es “tutelar” lo que en simples palabras implica “proteger” la transparencia como principio elemental y obligatorio en la forma en que se deberán ejecutar los fondos de emergencia. Una segunda función es ejercer “veeduría” sobre la administración de los fondos. La veeduría es un concepto poco usual en nuestro contexto político, pero que ha tenido resultados importantes en países como Colombia o República Dominicana, para vigilar cómo municipalidades y gobierno nacional ejecutan fondos públicos y así prevenir y castigar la corrupción.

Por veeduría puede entenderse la acción de la ciudadanía de vigilar la administración de fondos públicos en colaboración con las autoridades correspondientes. Además, tiene por objetivo informar a la ciudadanía y a las autoridades sobre la ejecución presupuestaria e incluso cuando se evidencie el caso, hacer denuncias frente a las instancias correspondientes para que se impongan sanciones a infractores de la ley. Del objetivo de informar, se desprende una tercera función, la de presentar informes mensuales a la ciudadanía y a la Asamblea Legislativa sobre la ejecución de los recursos para enfrentar la pandemia.

Así, a través de la veeduría podemos conocer cuánto de los 2,000 millones de dólares se han destinado para atención médica, a las comunidades vulnerables desde las municipalidades, compras de insumos para la construcción de hospitales, vacunas, etc. Dicho de otra forma, la veeduría permite conocer cómo nuestro dinero es utilizado y si nuestras autoridades municipales o nacionales, responden a nuestras demandas, problemas y necesidades.

Algo que no puede pasarse por alto es que el Comité por ley tiene acceso irrestricto a la información relacionada con la formulación y ejecución del presupuesto orientado a enfrentar la pandemia.


Este Comité es de todos y todas, representa una oportunidad única para que con transparencia, participación ciudadana e información a disposición de toda la sociedad, nuestras autoridades dispongan de todos los esfuerzos estatales y municipales que sean necesarios para el bienestar público y superar el reto de país que representa el COVID-19 en un marco de cooperación y legalidad.