Diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto cuestionaron ayer el anteproyecto del presupuesto general de la nación 2020, por incluir un aumento de más de $100 millones en el rubro de gastos financieros que, según explicó el titular de Hacienda, Nelson Fuentes, serán destinados al pago de bienes, servicios y salarios de varias carteras de Estado.

Política

Usarían gastos financieros en salarios, bienes y servicios

Gabriela Villarroel

martes 22, octubre 2019 • 12:02 am

Compartir

Diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto cuestionaron ayer el anteproyecto del presupuesto general de la nación 2020, por incluir un aumento de más de $100 millones en el rubro de gastos financieros que, según explicó el titular de Hacienda, Nelson Fuentes, serán destinados al pago de bienes, servicios y salarios de varias carteras de Estado.

El diputado del PDC, Rodolfo Parker, señaló que hay un incremento de gastos financieros –rubro que incluye impuestos, tasas y seguros privados– en carteras como Defensa Nacional, que sube de $844,435 en 2019 a más de $20.1 millones en 2020 dentro de este gasto específico.

El ramo de Salud, agregó, pasa de tener $1.8 millones para gastos financieros a manejar más de $20 millones el próximo año. “Así, en todas las carteras, el aumento pasa de $100 millones”, dijo Parker.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, el Gobierno incluyó los incrementos en el rubro 55 Gastos Financieros, sobre el objeto específico 55799 (gastos diversos), “de tal forma que se destine a recursos que no logran cubrir en bienes, servicios y remuneraciones”, para cumplir  con la Ley Responsabilidad Fiscal, que establece un límite de gastos corrientes al Sector Público No Financiero (SPNF).

Para Anabel Belloso, diputada del FMLN, “esto podría constituir un fraude de ley”, debido a que se están pagando remuneraciones sin considerar las metas fiscales de la ley.

El titular de las finanzas públicas del país respondió que “no hay ningún fraude de ley”, debido que el artículo 10 establece que los gastos de consumo deben ser menores que el crecimiento económico desde la fase de sostenibilidad fiscal, dentro de 10 años.