Opinión

Urge unidad y acción Se adoptan medidas erráticas y autoritarias que aíslan al país de la comunidad internacional, se restringe el acceso a la información pública, se persiguen a las voces disidentes, encarcelan opositores, bloquean a la prensa independiente y se violentan la Constitución y los Derechos Humanos.

Eugenio Chicas / Dirigente del FMLN @eugeniochicas

viernes 17, septiembre 2021 • 12:00 am

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A media noche del sábado pasado otro aparatoso accidente comprometió una media docena de automotores con saldo de siete personas lesionadas. La escena, instantáneamente viralizada en redes sociales, es una más de las improvisadas competencias automovilísticas y de motociclismo que proliferan bajo la impávida desidia de autoridades gubernamentales, la que esta vez ocurrió en el tramo previo al paso a desnivel del Jaguar, en la salida de San Salvador a Comalapa, ante la improvisada galería de noches de fin de semana instalada en el Mirador Municipal del Rancho Navarra.

En ese lugar se agolpan centenares de eufóricos espectadores sedientos de adrenalina, muchos al calor de bebidas estimulantes. Mientras, en el pavimento rugen estridentes motores modificados chirriando y quemando llantas en salidas a gran velocidad. Intrépidos y alucinados jóvenes, algunos estimulados fuera de sí, arriesgan sus vidas y las de espectadores, ya sea por mera aventura o por la ilusión de dinero “fácil”. El rédito es el de vidas perdidas, bienes destruidos, hospitales abarrotados y jóvenes frustrados, una condición en la que pocos ganan y muchos pierden.

Esta caótica escena es el dramático reflejo de una sociedad decadente que aceleradamente es empujada a un mayor proceso de descomposición, en que las autoridades han cedido otro tramo del control territorial en un pacto de gobernabilidad con las pandillas, las instituciones del Estado se desmoronan ante el crecimiento de un régimen dictatorial que ha copado todos los poderes del Estado, se cierran los espacios democráticos, se fomenta el odio para dividir, confrontar y polarizar a la sociedad.

Además, se adoptan medidas erráticas y autoritarias que aíslan al país de la comunidad internacional, se restringe el acceso a la información pública, se persiguen a las voces disidentes, encarcelan opositores, bloquean a la prensa independiente y se violentan la Constitución y los Derechos Humanos. Todo lo expuesto acompañado del despilfarro de dineros públicos y la corrupción y, por si fuera poco, impone una descabellada reforma económica con la introducción de una criptomoneda abrumadoramente rechazada por la población -ignominioso negocio privado abusivamente financiado con recursos públicos-.

La nación entera ruge en la pista de una estrepitosa competencia entre el riesgo inminente de una acelerada consolidación del régimen dictatorial de Bukele y el incipiente esfuerzo, todavía disperso, de las fuerzas populares, sociales, gremiales, democráticas y de oposición partidista por configurar un Frente de Resistencia Nacional, o una Mesa por la Unidad Democrática; el nombre será lo de menos si la convergencia de fuerzas refiere juntar la amplitud e inclusión suficiente, superando diferencias ideológicas y políticas para concentrarse en la gran tarea de salvación nacional que impida la consolidación de la dictadura y permita el retorno a la ruta de construcción democrática.


Cada día aumenta el número de personas desencantadas con este gobierno por el incumplimiento de promesas y el torcido rumbo de sus políticas, un aspecto que debieran reflexionar el reducido grupo de empresarios a quienes altos funcionarios de gobierno atribuyen contar con su respaldo incondicional, entre ellos se encuentra el grupo inversor de una reconocida línea aérea, la representación de un potentado azucarero, un grupo inmobiliario que disputa el agua potable del Valle El Ángel, y el mayor consorcio de supermercados del país. La recuperación democrática e institucional debiera estar por encima de efímeras ganancias que terminarán perdiendo valor ante el inminente descalabro del país.

Si observamos el desempeño político y social, agosto y septiembre son los meses de mayor movilización y protesta, por la imposición del Bitcoin y la ruptura del poder judicial, lastrando la imagen de Bukele, trascendiendo de las redes sociales hasta alcanzar una creciente movilización que empieza a ganar calles y plazas con marchas y concentraciones de protesta contribuyendo a generar motivación y confianza en la organización y recuperación de las formas de lucha al amparo constitucional.

El debate para madurar las condiciones hacia un Paro Nacional se impone ante el acelerado cierre de los espacios democráticos y el descalabro institucional. Quienes enarbolan la Resistencia debieran proponerse un listado programático que puede incluir: 1) Recuperar el consenso de los Acuerdos de Paz; 2) Restablecer la institucionalidad eligiendo Sala de lo Constitucional, Fiscal General y el IAIP de acuerdo al debido proceso; 3) Rehabilitar mecanismos de acceso a la información pública, 4) Garantizar una irrestricta libertad de prensa, 5) Derogar la Ley Alabí, 6) Reformar la Ley del Bitcoin quitándole el carácter obligatorio y 7) Asegurar mecanismos de cumplimiento. Hay que avanzar en unidad, acción y diálogo.