Nacionales

UNOPS: “Hospital de San Miguel fue construido con altos estándares de transparencia”

Iliana Cornejo

jueves 15, octubre 2020 • 7:30 am

Compartir

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos (UNOPS) señaló que el gerenciamiento de la construcción y equipamiento, del hospital regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en San Miguel, cumplen con “altos estándares de transparencia”, luego que el Gobierno salvadoreño los señalara de supuestos actos de corrupción en la obra a su cargo.

Este proyecto se implementó con un estricto apego a los principios de transparencia, mejor valor por el dinero, la imparcialidad y competencia efectiva. En esa línea, se ha llevado a cabo bajo procedimientos sobre la base de la segregación de funciones, por lo que todos los procesos de adquisiciones en UNOPS son revisados y aprobados por diferentes instancias, comités de expertos interdisciplinarios y delegaciones de autoridad correspondientes”. Comunicado de UNOPS.

La Oficina, dependencia de la Organización de las Naciones Unidas, manifestó que el costo de las siete edificaciones que comprende el nosocomio tuvo un costo de $83.9 millones, incluidos 9,000 equipos médicos, mobiliario clínico y administrativo.

Añadieron que la obra fue entregada en marzo de este año, pero que están en la fase de la garantía “durante el cual se subsanan observaciones que pudieran generarse”, dice el comunicado enviado a Diario El Mundo.

El pasado 5 de octubre, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, junto al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República, por presuntos actos de corrupción en la construcción del hospital regional de San Miguel.


Según los funcionarios se detectaron 824 irregularidades en la construcción que suman $120 millones.

Una de las irregularidades, según el gobierno es que es estableció un acuerdo entre la UNOPS y el ISSS sin autorización de Capres y la Cancillería, situación que niega el la Oficina y los dos exdirectores del ISSS, Leonel Flores y Ricardo Cea.

Tanto la oficina como los exdirectores han expuesto que existen acuerdos previos que dan bases legales a los acuerdos marcos.

 Desde el 2007, los proyectos solicitados a la UNOPS se ejecutan de conformidad con el Acuerdo de Sede suscrito el 8 de febrero de 2007 entre Gobierno de El Salvador y la UNOPS, que fue ratificado por el Decreto Legislativo 316 de mayo de 2007”. Comunicado de UNOPS.

¿Qué otras irregularidades señaló el gobierno?

  • El Gobierno anterior estableció un acuerdo supranacional con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo cual habría hecho “sin la autorización del Presidente de la República, ni de Cancillería".
  • El acuerdo con UNOPS suscrito con los ex directores de la institución, en ese entonces Leonel Flores (2009-2014) y Ricardo Cea (2014-2019); especificó un contrato que inició con $55 millones, y que las deudas fueron incrementándose hasta llegar alrededor de $120 millones.
  • UNOPS hizo una licitación exprés donde 29 firmas retiraron la documentación, pero solo una ofertó: IBT Group. Los funcionarios afirman que fue una licitación "amañada", ya que IBT Group no ha pagado a alrededor de 22 proveedores.
  • IBT Group está reclamando $16.1 millones al Estado de El Salvador en concepto de importación de materiales. Según el acuerdo, el gobierno salvadoreño debía hacerse responsable de gastos adicionales que surjan en el proyecto, así como cargaría con los honorarios por arbitraje, multas o gastos imprevistos. El secretario jurídico afirma que ya se le han pagado alrededor de $700 mil a esta empresa.
  • Se utilizó hierro de baja calidad para construir las columnas de los edificios del hospital. Según Castro, esto ha dificultado el uso del nosocomio durante la pandemia. Destaca que cómo hay tuberías de aguas negras sobre los quirófanos y cambios en las especificaciones del hierro (de mayor a menor tamaño), ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y el personal médico.

UNOPS reconoce que hay un arbitraje entre ellos y la empresa constructora IBT, quien también se ha desligado de los señalamientos del gobierno.

El secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro, aseveró que este arbitraje es pagado por el ISSS, pero no tienen acceso al contenido del mismo; reprocharon que el Estado deba pagar sin tener derecho a quejarse por irregularidades en la construcción.