Entre la noche del sábado 9 de octubre y la madrugada del día siguiente, fueron asesinados a balazos Ana Francisca Domínguez de Zelaya, Yeny Selena Dubón Peña y  su compañero de vida Medardo Enrique Tejada, así como el hijo de ambos Joshua Tejada Dubón. La horrenda masacre, que generó el repudio nacional, ocurrió en el caserío La Shila del cantón San Rafael del Puerto de La Libertad.

Opinión

Una masacre dolorosamente aleccionadora

Jaime Ulises Marinero / Periodista @ulisesmarinero

martes 26, octubre 2021 • 12:00 am

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Entre la noche del sábado 9 de octubre y la madrugada del día siguiente, fueron asesinados a balazos Ana Francisca Domínguez de Zelaya, Yeny Selena Dubón Peña y  su compañero de vida Medardo Enrique Tejada, así como el hijo de ambos Joshua Tejada Dubón. La horrenda masacre, que generó el repudio nacional, ocurrió en el caserío La Shila del cantón San Rafael del Puerto de La Libertad.

Las víctimas eran miembros de una familia originaria de la zona rural de Nueva Concepción, Chalatenango, que tenían, por necesidad o cualquier otra circunstancia, el “sueño americano”. Habían contactado con una persona que les cobraba 9 mil dólares como adelanto para llevarlos ilegalmente a suelo estadounidense. La familia entregó el dinero y fueron citados para iniciar la travesía el sábado 9. Los coyotes-homicidas la llevaron a un sitio donde los mataron, para quedarse con el dinero.

La Policía Nacional Civil (PNC) prometió esclarecer el hecho y el 18 de octubre los sospechosos fueron detenidos. El Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad les decretó instrucción con detención a todos. Al final, si fueran condenados podrían enfrentar hasta 120 años de prisión o más, dependiendo de su participación en el crimen.

Los procesados son: Oscar Armando Portillo Martínez, Saúl Ernesto Molina González, Denis Vladimir Aguilar Yánez y José Sixto Gómez. El primero supuestamente fue quien ofreció contactar al “coyote”, el segundo era el “coyote”, el tercero trasladó en un microbús a las víctimas hasta el lugar del asesinato, y el cuarto organizó la logística. A ellos la PNC les decomisó cerca de 6 mil dólares que eran parte de los 9 mil dólares que cobraron de adelanto.

Todo indica que los cuatro procesados son los autores de la masacre, pero la Fiscalía General de la República (FGR) deberá comprobarlo mediante una profunda investigación para que este delito no quede impune. Los asesinos deben pagar, desde luego, toda vez que se les compruebe su culpabilidad.

La gran lección de esta masacre se refiere a los graves riesgos que sufren las personas que intentan viajar ilegalmente hacia los Estados Unidos. Diferentes organizaciones desarrollan campañas permanentes para instar a la población a no exponerse a los peligros de una travesía que conlleva graves riesgos, pero esas campañas parecen tener poco eco, a pesar de la pandemia del Covid-19 y muy a pesar de lo azaroso del viaje. La gente puede perder su dinero y hasta su vida.


Hace algunos años hice un reportaje sobre los riesgos de viajar ilegalmente. Conocí la historia de Alexis, un niño de nueve años, que fue abandonado en Guatemala, cerca de la frontera con México. Su madre viajó a buscarlo y motivado por las urgencias terminó prostituyéndose para sobrevivir en ese país mientras encontraba a su hijo. Lo encontró dos años después y se regresó al país. Desgraciadamente ella fue contagiada de VIH y ya murió.

Hace algunos meses un tribunal condenó a un “coyote” que ofreció llevar por 7 mil dólares a una jovencita. Al llegar a México la vendió a un prostíbulo donde la mantuvieron contra su voluntad durante casi un año. En el camino fue violada muchas veces por el “coyote”, quien era muy conocido en un municipio de Chalatenango, donde se jactaba que le gustaba llevar jovencitas porque en el camino las hacía “suyas”. Por desgracia muchos de esos “coyotes” son idolatrados en el país y convertidos en concejales, alcaldes y hasta diputados. En los últimos 20 años fácilmente han sido procesados unos 20 exalcaldes por tráfico ilegal de personas.

Todos recordamos la masacre ocurrida el 22 de agosto de 2010, perpetrada por los “Zetas” en un rancho de San Fernando, en el estado de Taumalipas, México. Ahí, 72 personas fueron asesinadas a balazos, entre ellas 14salvadoreños, incluyendo niños. Todos conocemos a alguien que murió ahogado tratando de cruzar el acaudalado río divisorio,  deshidratado en los desiertos fronterizos o víctima de las bandas organizadas dedicadas al narcotráfico o a la delincuencia común. Lo menos grave que les puede ocurrir a los compatriotas que se atreven al viaje ilegal es que los capturen en México o Estados Unidos y los deporten. Probablemente solo pierdan su dinero, porque muchos han perdido la vida.

Francisca, Yeny, Medardo y Joshua, fueron engañados por personas que se aprovecharon de su “sueño americano”. La ilusión de llegar ilegalmente al país de los rascacielos y las “oportunidades laborales” se acabó para ellos por la maldad un grupo de delincuentes. Compatriotas, quedémonos en El Salvador construyendo un país de oportunidades para todos, no arriesguemos nuestras vidas. ¡El Salvador es lindo!