La semana pasada inició operaciones un nuevo medio público de comunicación, esta vez en formato de prensa escrita y digital, que se suma a las radios y al canal de televisión que sucesivas administraciones vienen operando –con mayor o menor audiencia– a lo largo de nuestra historia.

Opinión

Una libertad incomprendida…

Roberto Burgos Viale / Catedrático

lunes 26, octubre 2020 • 12:00 am

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La semana pasada inició operaciones un nuevo medio público de comunicación, esta vez en formato de prensa escrita y digital, que se suma a las radios y al canal de televisión que sucesivas administraciones vienen operando –con mayor o menor audiencia– a lo largo de nuestra historia.

Nada nuevo bajo el sol si se tiene en cuenta que desde la administración del general Hernández Martínez, el uso de un medio público de comunicación –en aquel tiempo solo era la radio– que hiciera más eco que crítica a la gestión presidencial, se consideró una herramienta fundamental que garantiza la participación oficial en el concierto de opiniones y declaraciones que nutren el espacio público, y sientan postura a favor o en contra de lo que se está haciendo. Una estrategia de comunicaciones es tan importante para un gobierno, como las alianzas con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil e incluso algunos medios de comunicación privados.

Lo anterior no implica de por sí una restricción a la libertad de expresión o el menoscabo de esta, como se apresuraron algunos a opinar en redes sociales, tampoco supone la compra o venta de voluntades entre los periodistas que abandonaron sus puestos en medios privados para sumarse a la redacción del nuevo periódico. Se trata de una nueva fuente de información, que deberá probar en los próximos días su compromiso con la verdad, y en el abordaje periodístico de los hechos que componen la realidad salvadoreña y que sean noticia.

El hecho de que el nuevo medio de comunicación reproduzca sus ejemplares en la imprenta de otro más antiguo tampoco demuestra la cooptación de este último, pues se trata de una operación mercantil que, al menos desde las autoridades de gobierno encargadas del proyecto, debería contar con las medidas de transparencia y responsabilidad que permitan a la ciudadanía acceder a datos de precios sobre el costo de dicha operación, así como de la inversión en distribución y publicidad.

Las objeciones anteriores llevan a pensar que para algunos sectores de la sociedad y, en particular de la política partidaria, la única expresión o información valedera es la que coincide totalmente con la defensa de sus intereses, como, si para merecer protección constitucional, las opiniones o las fuentes de información deben estar cerca o, mejor aún, coincidir totalmente con las que estos sostienen en su devenir habitual.

Nada más alejado del principio constitucional que se traduce en el derecho a la libertad de expresión, que consiste como su nombre lo indica, en la libre difusión del pensamiento, y que como lo detalla el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.


Por eso este derecho es tan importante en la construcción de una verdadera democracia, porque el único límite a esta libertad es la dignidad de los demás y su ejercicio se nutre de la diversidad de opiniones, pero también de la pluralidad de fuentes de información y no solo de las plataformas materiales o tecnológicas que les dan soporte o permanencia.

Un gobierno que comunica poco no será más transparente por contar con más medios a su disposición, pero sí permitirá un mayor escrutinio ciudadano a partir de su selección de hechos a informar y de la forma en que lo haga. “Esclavos de sus palabras”, los funcionarios ya no tendrán la excusa de que sus declaraciones han sido tergiversadas por medios con los que no son afines ideológicamente, quedarán plasmadas en el periódico que ahora impulsan.

Por supuesto que, cuando se trata de un medio público de información, no puede esperarse que el mismo sea una voz disidente en el entorno local, pero sí que aporte en la variedad de enfoques al que un hecho es susceptible, algunos elementos o datos que permitan al periodismo independiente seguir la pista a lo que está ocurriendo y a lo que se está diciendo, noble labor que ejercen los periodistas desde siempre y que, en el último año, se ha mostrado como una tarea casi imposible en vista de la secretividad con la que se manejan los asuntos de gobierno, en particular cuando de adquisiciones y contrataciones se trata.

El país necesita más fuentes de información y no menos, más opiniones y menos tweets, mejores editoriales y columnas, en suma: construir credibilidad desde la verdad.