¿Es vital la información pública? Esta interrogante debe responderse global y nacionalmente, pues ya no vivimos una realidad en la cual no nos enterábamos de acontecimientos decisivos en ámbitos cruciales como seguridad, salud, educación… Tampoco de las políticas públicas y sus resultados en esos y otros asuntos. Antes, determinadas élites decidían inconsultamente y sin rendir cuentas a la población. Pero eso está superado y ya no sorprende la exigencia social de transparencia para conocer, sin obstáculos, cómo y por qué los Gobiernos adoptan resoluciones trascendentales que ‒bien o mal‒ impactan la vida de la gente.

Opinión

Un paso adelante… ¿cinco atrás? En plena pandemia han conspirado contra la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información pública…

Benjamín Cuéllar / Defensor de Derechos Humanos @sahernandeza

viernes 27, noviembre 2020 • 12:00 am

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¿Es vital la información pública? Esta interrogante debe responderse global y nacionalmente, pues ya no vivimos una realidad en la cual no nos enterábamos de acontecimientos decisivos en ámbitos cruciales como seguridad, salud, educación… Tampoco de las políticas públicas y sus resultados en esos y otros asuntos. Antes, determinadas élites decidían inconsultamente y sin rendir cuentas a la población. Pero eso está superado y ya no sorprende la exigencia social de transparencia para conocer, sin obstáculos, cómo y por qué los Gobiernos adoptan resoluciones trascendentales que ‒bien o mal‒ impactan la vida de la gente.

La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el derecho de acceso a la información es “fundamental para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos y cumple una función instrumental esencial para el ejercicio de los derechos”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las libertades de pensamiento y expresión comprenden “también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Asimismo, asegura que la obtención de la información se cobija en el derecho a recibirla y en “la obligación positiva” estatal de suministrarla, para que la persona la conozca; también a recibir “una respuesta fundamentada” cuando, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “el Estado pueda limitar el acceso a la misma” en un caso concreto. “Dicha información ‒determina‒ debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción”.

Hay un antecedente importante: la resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, en la cuan se convino que “la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra de toque de todas las libertades”.

En esta materia, el mundo ha avanzado, pero en El Salvador se observa lo que Lenin escribió en 1904: “Un paso adelante, dos atrás”. Tras un esfuerzo impulsado por la Asociación de Periodistas de El Salvador, organizaciones sociales, universidades y otras entidades, la Asamblea Legislativa aprobó el 2 de diciembre del 2010 la Ley de Acceso a la Información Pública; pero el entonces presidente, Mauricio Funes, devolvió el decreto con observaciones. Así, entró en vigor hasta el  8 de mayo del 2011.

¿Avance? ¡Claro! Pero Funes comenzó a sabotear su eficacia y por la vía reglamentaria intentó “encadenar” la información que debía conocerse ampliamente. Además nombró a quienes integrarían el Instituto de Acceso a la Información Pública, hasta el 23 de febrero del 2013. El paso del tiempo ha revelado sus marrullerías para apropiarse del dinero público, lo que contribuyó ‒junto a otras “picardías” de otros de sus funcionarios‒ para que ahora la gente no distinga al hablar de corrupción en su administración y la de su sucesor frente a las cuatro del partido que lo precedió.


Con el mal manejo de la cosa pública durante tres décadas, le “sirvieron en bandeja de plata” las riendas del país a un grupo de improvisados en su mayoría ‒no por eso distanciados de las anteriores prácticas‒ que en plena pandemia han conspirado contra la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho fundamental a la información pública para ocultar lo mismo que “los mismos de siempre” intentaron esconder bajo la alfombra: sus corruptelas.

El 11 de junio de este año ‒por ejemplo‒ declararon reservada por dos años la documentación del Laboratorio Nacional de Salud Pública con “información relacionada a los mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de resultados de pruebas para COVID-19, dirigidas a las distintas dependencias del Ministerio de Salud”. Igual ocurrió con el Plan Nacional de Salud y sus anexos, vedados al público por un año desde el 10 de septiembre. Y lo que están haciendo con el Instituto de Acceso a la Información Pública, da para otra columna.

Pero estamos en El Salvador, no en Guatemala. Acá bastante gente, ojalá que no por mucho más, está sedada con un “cóctel narcótico”: la combinación de lo maltrecho que dejaron al país los gobernantes anteriores con la muy básica, pedestre y manipuladora narrativa tuitera de la actual administración.