Esta semana cumplimos dos meses de padecer una extendida “cuarentena” iniciada atropelladamente el pasado catorce de marzo a raíz del Covid 19, fecha en que se impuso un Estado de Emergencia en todo el país y un Régimen de Excepción. Desde entonces, crece cada vez la angustiosa expectativa ante cualquier nuevo anuncio presidencial, premonición de mayor calamidad, incertidumbre, temor y zozobra que deriva en caos y devastadores efectos sociales y económicos, sobre todo, en los sectores más vulnerables de la población.

Opinión

Un esquizofrénico apocalipsis

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

miércoles 13, mayo 2020 • 12:00 am

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Esta semana cumplimos dos meses de padecer una extendida “cuarentena” iniciada atropelladamente el pasado catorce de marzo a raíz del Covid 19, fecha en que se impuso un Estado de Emergencia en todo el país y un Régimen de Excepción. Desde entonces, crece cada vez la angustiosa expectativa ante cualquier nuevo anuncio presidencial, premonición de mayor calamidad, incertidumbre, temor y zozobra que deriva en caos y devastadores efectos sociales y económicos, sobre todo, en los sectores más vulnerables de la población.

Las improvisadas y erráticas medidas dictadas por el presidente Bukele, ya sea por Twitter, decretos o cadenas nacionales, reflejan acciones carentes de planificación integral, sin coordinación interinstitucional, sin consenso político; distantes de fundamento científico alguno y sin el menor interés de someterlas al conocimiento, aporte y escrutinio de la comunidad médica o científica del país, menos de la sociedad de epidemiólogos.

De aparentes buenas intenciones está envuelto el falso discurso presidencial que, a punta de fusil y la premonición de macabros resultados para “los infieles”, busca imponer su agenda política, arrastrando al país por el empedrado camino del infierno. Un diabólico malabar de incomprensibles decretos (12, 19, 22, 23 o 24), a cual más draconiano, intimidad e imponen mayores restricciones violatorias de las libertades constitucionales. El creciente clamor de la población es  sencillamente sobrevivir.

Cada día el gobierno violenta Derechos Humanos con detenciones arbitrarias; abusivas prácticas, decisiones administrativas sumarias de confinamiento en “Campos de Contención” sin cumplir ni siquiera las disposiciones emitidas por el Ejecutivo, negando acceso oportuno a la información sobre las pruebas clínicas o expediente médico a los que toda persona tiene derecho y, peor aún, sin las debidas garantías de atención clínica apropiada que asegure la protección de la salud.

Del mismo modo, inexplicablemente se ha prolongado la inhumana condición de desamparo que sufren los #VaradosSV, irrespetando su derecho de retorno y en claro desacato a la autoridad de la Sala de lo Constitucional, cuyas resoluciones han ordenado planes efectivos de retorno.

Ningún gobierno a lo largo de la historia nacional recibió jamás autorización de semejante cantidad de financiamiento extraordinario para una situación de crisis: lo aprobado por esta legislatura al gobierno supera los 3,600 millones de dólares, sin efectivos mecanismos de control o indicadores públicos que garanticen el uso adecuado de semejante cantidad de dinero; sin una explicación de la “medicina amarga” que nos aplicarán para pagar esos empréstitos que alcanzan el 88% del PIB y un 12% de déficit fiscal. Pese a esta aprobación, el presidente ha mantenido su campaña de odio a la Asamblea Legislativa y a la oposición política, rechazando cualquier mecanismo que conduzca al consenso nacional.


Las decisiones presidenciales en el manejo de la crisis ofrecen desde ya un desolador y tenebroso panorama: paralización económica del país, cierre comercial y una profunda caída de la productividad que auguran un deterioro extremo de las condiciones de vida de la población. Organismos especializados hasta hoy aseguran perdidos 70 mil empleos formales, nadie se atreve a pronósticos sobre el grave impacto y deterioro del sector informal de la economía, donde se generan la mayor cantidad de puestos de trabajo.

A los efectos de la pandemia, hay que sumar el deterioro de la imagen del país a raíz de las acciones y estilo dictatorial del presidente Bukele. Un expediente abierto por el intento golpista del 9F, frecuentes violaciones de Derechos Humanos durante la crisis de salud que han motivado la demanda de investigación por parte de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos Michelle Bachelet, enfrentamientos con el resto de poderes de Estado y el desacato a resoluciones judiciales, son hechos que han marcado un antes y un después en la historia reciente del país, generando rechazo diplomático y político de gobiernos y organismos internacionales.

Al esquizofrénico Apocalipsis creado por las decisiones presidenciales debe agregarse la descalificación de las evaluadoras de riesgo, complicando las credenciales crediticias del país, dificultando el acceso a nuevos préstamos y elevando tazas de interés; una muestra, es el paquete de dos mil millones aprobados por la legislatura, de los que Hacienda solo ha conseguido colocar 409 millones, el resto posiblemente se colocará dentro de un año, a mayores tasas de interés.

Con las tormentas de Mayo, también llega la racha inflacionaria por la inmoderada alza de precios ante la contracción de la oferta, el cierre comercial y la baja productividad, de acuerdo al BID la crisis económica augura la pérdida del poder adquisitivo y con esto el surgimiento de 600 mil nuevos pobres en el país. Esta es la verdadera pandemia.