Hace seis años, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le concedía un plazo de veinticuatro horas a la Presidencia de la República, para que me entregara la información sobre las misiones oficiales del Presidente Mauricio Funes que llevaba meses solicitando. La decisión no era negociable ni impugnable, ya que la Ley no fue creada para que se reconociera a los funcionarios el derecho a guardar secreto sobre datos públicos, y mucho menos para que alegaran un perjuicio individual por entregarla.

Opinión

Tuvimos lo que quisimos…

Roberto Burgos Viale / Catedrático

lunes 21, diciembre 2020 • 12:00 am

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Hace seis años, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le concedía un plazo de veinticuatro horas a la Presidencia de la República, para que me entregara la información sobre las misiones oficiales del Presidente Mauricio Funes que llevaba meses solicitando. La decisión no era negociable ni impugnable, ya que la Ley no fue creada para que se reconociera a los funcionarios el derecho a guardar secreto sobre datos públicos, y mucho menos para que alegaran un perjuicio individual por entregarla.

Eran otros tiempos, en aquellos años algunos queríamos construir para el país un verdadero sistema de integridad y de rendición de cuentas, partiendo del avance político y legislativo que en materia de transparencia y probidad pública, había provocado el escándalo de corrupción originado en Brasil por la empresa Odebrecht. Esto requería de un uso alternativo y beligerante de la nueva legislación, del ejercicio directo de las herramientas de contraloría ciudadana que facilitaba a su vez el uso de nuevas tecnologías, así como del ejercicio constante del derecho constitucional de petición.

Todo esto para combatir frontalmente la corrupción y prevenir el saqueo de fondos públicos por parte de algunos funcionarios, ya que la secuela de componendas y de compra de voluntades que en el Cono Sur tuvo como principales protagonistas a los Presidentes Lula y Rousseff, también se extendió a los despachos de nuestra Casa Presidencial de aquel entonces.

Traigo a cuenta todo esto, ahora que el Instituto ha entrado a su fase de decadencia institucional, cuando desde la Presidencia de la República se ha cooptado la mayoría de puestos en el pleno de dicho ente contralor, con comisionados y comisionadas que ni pertenecen al gremio o sector que supuestamente representan, y mucho menos cuentan con una trayectoria en materia de fiscalización del poder.

En medio de semejante escenario, las voces minoritarias que al interior del IAIP continúan abogando por la transparencia y el acceso a información pública, constituyen una minoría heroica que no será olvidada.  Pero, mientras tanto, la nueva mayoría, más acorde con las nuevas ideas en boga, se apresta para decidir sobre las controversias que los ciudadanos someteremos a su escaso conocimiento, si es que podemos hacerlo, pues desde el Órgano Ejecutivo se pretende que antes de apelar ante el Instituto se haga ante los Oficiales de Información, y esto cuando responden, lo que en el caso de las Oficinas de Información cercanas a la Presidencia es cada vez la excepción, ante la regla de silencio y opacidad que ya practican.

Este nuevo giro pues, que se ha dado en la conducción del IAIP a partir de la llegada al poder del Presidente Bukele, ya se refleja en los niveles de confianza ciudadana, los cuales contrastan grandemente con lo que fueran los inicios del ente contralor cuando este quedó constituido –a regañadientes– por el expresidente Funes, a partir de la selección de sus primeros miembros en el mes de febrero del 2013.


A partir de aquel año, el Instituto tuvo que conocer sobre materias tan innovadoras como el acceso de los ciudadanos a las cuentas de correo electrónico oficial de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores, sobre la asignación y uso de viáticos para misiones oficiales en los tres órganos de estado, sobre la aprobación de partidas presupuestarias para financiar fiestas navideñas y compra de regalos entre funcionarios, sobre la adquisición de bebidas alcohólicas y de obras de arte en la Asamblea Legislativa y sobre el paradero de archivos militares y actas de comisiones presidenciales.

No siempre el Instituto accedió a lo solicitado por los ciudadanos peticionarios de estos y otros datos, pero la discusión racional en torno a las divergencias de criterio entre funcionarios y solicitantes de estos, estuvo entonces en consonancia con los criterios legales y constitucionales que ayudaron a construir precedentes útiles para comprender los alcances y los límites que, en una democracia moderna, debe tener el llamado “derecho a saber” en manos de la ciudadanía. El IAIP como otras instituciones en el pasado, pienso en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o en el Tribunal de Ética Gubernamental de sus inicios, se convirtió en la víctima de su propio éxito, precisamente ahora, cuando la impunidad de los funcionarios es proporcional a la discrecionalidad con las que actúan, gracias al secreto de estado. Un gobierno que se mueve en las sombras y regala las sobras, sin nadie que lo vigile.