Margarita Ramírez es la segunda trabajadora de la Asamblea Legislativa trasladada a un centro médico por complicaciones de salud, luego de pasar nueve días en huelga de hambre en protesta por la cesación de contratos de 1,019 empleados. Desde horas de la tarde se complicó de salud al no poder retener los líquidos que estaba recibiendo.

Política

Traslado urgente en ambulancia de otra sindicalista de Asamblea en huelga

Susana Peñate

miércoles 26, mayo 2021 • 3:45 am

Compartir

Margarita Ramírez es la segunda trabajadora de la Asamblea Legislativa trasladada a un centro médico por complicaciones de salud, luego de pasar nueve días en huelga de hambre en protesta por la cesación de contratos de 1,019 empleados. Desde horas de la tarde se complicó de salud al no poder retener los líquidos que estaba recibiendo.

“Ha tenido vómitos consecutivos, una presión alta y hemos tenido que trasladarla de inmediato en una ambulancia de Cruz Verde”, dijo Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral).

Ramírez, de 64 años, se ha desempeñado como ordenanza de la Asamblea durante 19 años.

Ayer fue trasladada a un hospital Marta Alicia Baires, quien presentaba síntomas de parálisis facial. De las siete personas que iniciaron la huelga de hambre el 17 de mayo, cinco continúan en la protesta, aunque su estado físico comienza a deteriorarse según médicos que los evaluaron. La medida de protesta es para exigir a la junta directiva de la Asamblea una alternativa a la cesación de sus contratos, los cuales, argumenta el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, vencieron el 30 de abril de 2021.

“Lamentamos, porque nosotros estamos defendiendo las causas justas, las causas correctas como son nuestros compañeros que han laborado por más de 15 y 20 años en esta Asamblea Legislativa”, dijo Ortega.

El secretario sindical agregó que han denunciado las plazas que no han llegado a laborar, por lo que descarta que estén defendiendo plazas fantasmas.

Agregó que ninguno de los trabajadores firmó contrato con algún grupo parlamentario sino que con el Órgano de Estado. De acuerdo a una copia de un contrato suscrito en 2018 entre un empleado y la Asamblea Legislativa, la cláusula cuarta establece que la Asamblea y el empleado “de común acuerdo” podrán modificar el contrato en lo referente a la vigencia, cargo, términos económicos, horario y jornada laboral.

Al respecto, Ortega afirmó que el acuerdo que pudo tomar la junta directiva pasada sería ilegal. “En común acuerdo dice la ley, esa modificación tuviera que haber firmado el trabajador para que eso tuviera base legal, pero eso no ha existido”, expresó.

Agregó que ninguno de los trabajadores cesados ha recibido notificación al respecto. Piden entablar diálogo con las autoridades.