El director ejecutivo de la fundación Cristosal, Noah Bullock, sostiene que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES) necesita nuevas facultades por decreto legislativo para que no continúe operando con base en la buena voluntad. Según Bullock, en realidad el mandatario salvadoreño no ha rechazado la ley.

Política

“Siento que (Bukele) no ha rechazado el proyecto de ley de CICIES” El director de Cristosal cree que el mandatario respaldará el proyecto de ley de la CICIES cuando lo conozca.

Saraí Alas

lunes 12, abril 2021 • 5:00 am

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El director ejecutivo de la fundación Cristosal, Noah Bullock, sostiene que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES) necesita nuevas facultades por decreto legislativo para que no continúe operando con base en la buena voluntad. Según Bullock, en realidad el mandatario salvadoreño no ha rechazado la ley.

 

¿Por qué cree importante aprobar una ley para facilitar el mandato de la Cicies?

En 2019, el presidente firmó un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) y estableció una CICIES. Parte del convenio era un compromiso establecer la comisión mediante un reconocimiento legislativo, eso no se dio, aunque vemos muy positivo que el presidente dio el primer paso y ahora es muy importante darle rango legislativo a la CICIES para que sea estable. La aprobación de la ley va a elevar la CICIES a un nivel de política vinculante del Estado, sería de colaboración obligatoria para todas las instituciones del Estado. Ahora la CICIES está operando de la base de dos o tres convenios de cooperación de buena voluntad entre los firmantes, lo cual significa que cuando ya no está la buena voluntad, se acaba la capacidad, disminuye.

 

La ley dice que es importante que todas las instituciones del Estado compartan información de forma irrestricta con la CICIES. ¿Invade funciones?


No, todo lo contrario, el mandato de la CICIES es ayudar a fortalecer la institucionalidad nacional, su rol no es en ningún momento sustituirlos sino entrar en cooperación y prestar ciertas capacidades, la CICIES no es permanente. Es una herramienta para ayudar a que las instituciones se reformen, construyan capacidades y sentar ciertos precedentes de justicia.

 

La ley establece que la CICIES no puede recibir fondos del Ejecutivo. ¿Cómo ha influido el Ejecutivo en la CICIES?

Influyó en un primer momento en su creación, fue la canciller Alexandra Hill que firmó el convenio con la OEA (Organización de Estados Americanos) y eso da inicio a la CICIES y, similar a la experiencia de Honduras y Guatemala, el Gobierno aportó un capital semilla pero ya después no ha habido más financiamientos desde el Ejecutivo y eso es importante porque su rol es fiscalizar a los órganos e instituciones del Estado. La ley daría a la CICIES cierta autonomía para recibir denuncias y activar casos, hoy por hoy depende un poco del Ejecutivo para iniciar estos procesos. Los 12 casos, no hemos conocido de primera mano pero informó la Comisión que son casos de la emergencia de la pandemia y recordemos que el presidente en una cadena nacional invitó a la CICIES a participar en la fiscalización. Aparte de eso, requiere de la invitación del Ejecutivo para iniciar los procesos. Con la ley, tendría autonomía e incluso podría recibir denuncias de periodistas, de la sociedad civil, para iniciar sus procesos, la CICIES podría investigar no solo hechos, sino personas y redes de corrupción y delitos conexos. Así, cuando un grupo empiece a usar el poder público para cometer delitos y obtener ciertos beneficios, eso es corrupción.

 

¿Por qué se establece la protección de los comisionados?, ¿hay algún riesgo en el desarrollo de su trabajo en El Salvador?

Esta posición es una de las lecciones aprendidas de Guatemala, de la experiencia de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). Cuando se cerró la comisión, se había establecido que los funcionarios internacionales de la CICIG tenían inmunidad diplomática, pero cuando se cerró quedaron expuestos los nacionales. En ese origen de la CICIES en El Salvador, fue el comisionado (Ronalth) Ochaeta el que insistía en que existiera esa protección para los funcionarios nacionales. Habría ir más allá de la protección contra la criminalización de funcionarios, porque la otra experiencia en Guatemala ha sido que quienes salieron de la CICIG fueron expuestos a una estigmatización profesional. Esto forma parte de la estructura de impunidad que por tantos años ha disuadido a funcionarios públicos a tomar riesgos para llevar adelante casos.

 

En el contexto actual, ¿no hay temor de que ellos puedan ser atacados o asesinados?

Yo no puedo hablar por los funcionarios de la CICIES, creo que no hay un riesgo inminente pero en la medida que se va avanzando en las investigaciones aumentan los riesgos. Creo que podemos señalar que en El Salvador hay un ambiente adverso para voces críticas, para el periodismo mismo, los investigadores periodísticos han sido atacados, existen elementos ya en el país que disuaden a las personas a tratar de participar en la lucha contra la corrupción de manera directa.

 

¿Por qué cree que el presidente Bukele rechazó la iniciativa?

Siendo honestos, siento que no lo ha rechazado todavía porque no creo que lo conozca a profundidad. El tuit que publicó, en medio de la conferencia de prensa, quizás fue como una reacción en un contexto político complicado y es muy hábil el presidente para mover la agenda mediática del país. Lo que quiso fue atacar para que todo el mundo reaccionara, pero creo que la ley en sí le va a gustar. Él fue el presidente que dio el paso para establecer una Comisión, él se comprometió en campaña a dar una CICIES con dientes y la ley lo da. Y creo que cualquier persona que se haya identificado con los eslóganes anticorrupción del presidente Bukele, de la campaña de Nuevas Ideas, va a querer apoyar la propuesta porque el paso más urgente para combatir la corrupción es darle las herramientas a la CICIES. Yo espero que haya una oportunidad de dialogar, de compartir a profundidad con el Ejecutivo. En enero pedimos una reunión con Félix Ulloa y la respuesta llegó después de la campaña, esperamos que ahora que terminó la campaña podamos reunirnos con él e incluso con el presidente de la Asamblea.

 

¿Tiene respaldo internacional esta normativa?

La iniciativa ha recibido el respaldo del comisionado. Hace dos semanas, la CICIES emitió un comunicado en el cual se informó al público que hicieron recomendaciones al Ejecutivo sobre reformas para frenar el problema estructural e histórico de la corrupción. Entre estas, resaltó la propuesta de ley que presentamos. Hablando con el comisionado, confirmamos que él no presentó una propuesta alternativa, más bien, estaba recomendando al Ejecutivo que retome la propuesta que ya hemos hecho. Hemos socializado la propuesta con la CICIES, nos retroalimentaron; lo socializamos con el fiscal de la República, nos dio retroalimentación, e incluso la presentamos a la Agencia de Cooperación de Estados Unidos INL (Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley), la que apoya a Fiscalía y la Policía Nacional Civil en el país, y nos dieron retroalimentación y respaldo. Por eso lo digo: cualquiera que esté comprometido con la lucha anticorrupción la va a apoyar.

 

¿Cómo evalúa el trabajo de la comisión hasta hoy?

Tengo que confesar que al principio hubo muchas dudas. Porque no se ratificó (en la Asamblea) y el convenio se queda corto con respecto a las facultades que consideramos que necesita una CICIES, como la querella y la independencia para iniciar investigaciones. Sin embargo, vimos que, cuando se ha dado chance de hacer un trabajo, hay resultados.

Por lo menos, dentro del mandato limitado que tiene actualmente. El pueblo no ha tenido que esperar que haya cambio de administración ni cambio de fiscal, sino que hay una investigación actual y urgente, y eso es lo que ha generado confianza con la CICIES. Ha sido un poco limitada la CICIES, la población desconoce qué es una comisión internacional contra la impunidad, por eso es importante la labor de informar. Pero insisto: el desempeño hasta ahora ha sido positivo para las facultades que tiene.

 

La CICIES ha llevado un total de 12 avisos y 7 investigaciones integrales. ¿Esto no es suficiente para decir que está funcionando?

Hace falta mucho y ese es el motivo de nuestra incidencia en el Ejecutivo y el Legislativo, para que colaboren y den las herramientas, los dientes, a la CICIES y dar resultados más satisfactorios a la población. Si lo vemos en esos términos, hay que darle al equipo, las herramientas.

 

¿Cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el país?

El último año ha sido muy criticado el colapso en la separación de poderes, un cierto retroceso en la democracia y creo que eso es muy significativo en la historia del país porque en Centroamérica, en específico en El Salvador y Guatemala, la época de violaciones más grave se terminó con la instalación de gobiernos democráticos. Entonces, cualquier retroceso a ese régimen implica de por sí una amenaza a la vida de las personas. La democracia no es algo abstracto, es una cuestión histórica de vida o muerte. Luego, hay una serie de hechos de violaciones a derechos humanos que son preocupantes. Hace unos días nuestros compañeros de Fespad señalaron el tema de los desaparecidos; sigue habiendo violaciones a la comunidad LGBTIQ; las víctimas del conflicto armado siguen pidiendo justicia después de décadas y aún así hay obstáculos para ellos. Hay una serie de cosas que todavía están incompletas.

 

¿Por qué cree que el ministro de Seguridad asegura que el fenómeno de los desaparecidos es una agenda de organizaciones de la sociedad civil en contra del Gobierno?

Eso no es nuevo. Yo recuerdo cuando estuvimos haciendo incidencia para que el gobierno de (Salvador) Sánchez Cerén reconociera la situación de desplazamiento interno, que entrábamos en confrontaciones muy grandes, nos atacaba de la misma forma, cuestionaba la existencia y alegaban que había una agenda oculta en tiempos del FMLN, pero al final lo que prevaleció fue la realidad de las víctimas. Cuestionar la condición y situación de las víctimas pone a un funcionario público en una situación de riesgo de credibilidad, porque las víctimas cuando logran exponer su verdad es muy difícil de deslegitimar. Estos cuestionamientos (del gobierno) obedecen a una agenda política y no a la realidad de las víctimas. Nosotros como sociedad civil lo que hacemos es escuchar a estas víctimas y darles una voz.

 

¿Hay un argumento para decir que no existe un creciente fenómeno de desaparecidos?

Mejor hablemos de que hay argumentos para decir que sí existe, remitiéndose a las cifras. Año con año se demuestra la existencia y, hasta hace un par de años, hay una mejora en el registro para el cruce de datos, pero el sistema de seguimiento, denuncias de desapariciones, es sumamente débil. Lo conocemos porque hemos acompañado a familias que para tener una respuesta deben ir todos los días a Medicina Legal y preguntar e insistir hasta que un cadáver aparezca. No todos los casos de desapariciones terminan en homicidios, existen otros escenarios. Según la normativa, una persona es desaparecido hasta tener otras noticias hasta que haya sido encontrado asesinado o con vida.

 

¿Cuántos casos han acompañado? ¿Ven un vínculo entre la desaparición y la trata de personas?

Uno de los casos que fueron presentados por desplazados internos. La situación de desaparición generó otra situación de violación a derechos humanos porque provocó el desplazamiento forzado de la familia. El fenómeno de desapariciones es un reflejo de diferentes situaciones de violencia y otras situaciones como la migración, de personas que caen víctimas de la violencia fuera del país o pierden contacto con su familia. No se podría decir que la desaparición es producto de un solo fenómeno, sino que es una consecuencia de la existencia de riesgo, vulnerabilidad y violencia en la población.

 

¿Cree que en El Salvador se dé una escalada de violencia en contra de los defensores de derechos humanos?

Violencia directa, no. Y esperamos que así se mantenga, pero ha habido un deterioro en el ambiente de respeto a la labor de defensa de los derechos humanos tanto como el ejercicio periodístico. Esa es una tendencia que se tiene que condenar y es una oportunidad para el presidente. Un ambiente polémico ha funcionado durante el tiempo de campaña, pero eso ya terminó. Creo que hay una oportunidad de usar el apoyo grande que tiene y el control sobre la Asamblea para generar otro tipo de ambiente. Lo que esperamos es que se use ese poder para consolidar un ambiente democrático y respetuoso de la diversidad de opiniones y personas.

 

¿Podemos decir que hay una estigmatización para las personas defensoras de derechos humanos en este momento?

Sí lo hay y es muy complicado. Cuestionar financistas y alegar que personas u organizaciones son agentes de partidos políticos es falso y genera un ambiente de odio y división innecesarias en la sociedad, que a la larga perjudica el bienestar del país. Nuestros donantes no nos dan pena, nos dan orgullo. Damos a conocer quienes son, como parte de nuestros principios de transparencia, pero tratan de cuestionar para deslegitimar ideas y ese es el origen de una violación a los derechos humanos, porque ataca y criminaliza a las personas que defienden derechos de otras en vez de debatir las ideas. Por eso, queremos que se pase la página, que se genere el diálogo y bajar el tono de violencia en discursos.

 

El informe de derechos humanos de Estados Unidos menciona que no hay asesinatos políticos ¿Considera que fue un asesinato político de los militantes del FMLN?

Estos dos asesinatos son casos muy importantes de prueba para el funcionamiento del sistema judicial del país. No podemos llegar a conclusiones sobre ello porque no ha habido una investigación seria y profunda sobre el tema, la población no sabe el resultado. Es necesario que haya una investigación exhaustiva que determine los motivos.

Las personas que iban en el pick up fueron insultadas y perseguidas por militantes de Nuevas Ideas. ¿Cree que eso da elementos para creer que es un asesinato político?

La información existente indica que hubo un acoso, una persecución, hacia estas personas. Los motivos de este hecho de violencia también habría que investigarlos. Pero tenemos que hablar de efectos también, yo creo, independientemente de si fue un hecho pasional o un crimen de naturaleza política, tuvo un efecto político de desincentivar la participación política de oposición. A veces, la violencia tiene un efecto independientemente del motivo.

 

¿Ustedes están dando seguimiento a este caso?

No puedo comentar sobre eso.

 

¿Cree que podría haber impunidad en este caso?

Pues, una de las cosas que más caracteriza al sistema judicial es la impunidad, ¿no? Esa es una de las razones por las que monitoreamos este caso y otros. Por eso es que recalcamos la importancia de la CICIES, hay que recordar que su nombre no es corrupción, es comisión anti-impunidad y el diagnóstico que se hace es que el sistema de justicia no brinda justicia a la población.

 

¿Cómo ven las críticas y descalificaciones del presidente a las organizaciones críticas?

Yo creo que lo que pasó la semana pasada, cuando el presidente tuiteó en medio de la conferencia de prensa, pone en evidencia de que hay manejos de campaña política que se han nutrido sobre la base de esa idea que existe en el país, sobre la oposición como enemigos eternos y eso no es correcto. Hay un peligro y daño en esos discursos de odio porque, aunque el presidente no lo busca, puede crear un ambiente en otra persona que hay grupos de periodistas y defensoras que quieren hacer un daño al país, y eso los motiva a hacer un daño a estas personas. Por eso, es responsabilidad del presidente de la República y de todos los funcionarios de fomentar un ambiente respetuoso a la diversidad de opiniones.

 

¿Son las organizaciones opositoras al gobierno?

No. Las organizaciones de derechos humanos y de otra naturaleza, en general, tienen una visión propia. Nuestra misión es promover los derechos humanos en el país y nuestra responsabilidad para ello es en todos sentidos. Uno es presentar propuestas constructivas, fomentar capacidades, acompañar al Gobierno e instituciones para generar conductas y normas más consistentes con los estándares y principios de derechos humanos, pero, cuando no lo hacen, tenemos la responsabilidad de señalar. Y esto puede ser percibido como una crítica pero es en el sentido constructivo también. Creemos que, al incidir en los derechos humanos, ayudamos a los funcionarios públicos para moderar sus conductas y mejorar su gestión.