El término no corresponde a una novela o a una serie de acción. Los sicarios son un problema real y actual. El asesinato en abril pasado del empresario Ramón Kury da cuenta de ello. Los sicarios han actuado durante toda la posguerra con total libertad e impunidad. Asesinos a sueldo pagados por sectores anónimos, resuelven con la eliminación violenta de disidentes, opositores o delincuentes, los problemas y diferencias que deberían solucionarse a través del órgano judicial o del ministerio público.

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Sicarios…

Roberto Burgos

jueves 21, marzo 2019 • 12:04 am

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El término no corresponde a una novela o a una serie de acción. Los sicarios son un problema real y actual. El asesinato en abril pasado del empresario Ramón Kury da cuenta de ello. Los sicarios han actuado durante toda la posguerra con total libertad e impunidad. Asesinos a sueldo pagados por sectores anónimos, resuelven con la eliminación violenta de disidentes, opositores o delincuentes, los problemas y diferencias que deberían solucionarse a través del órgano judicial o del ministerio público.

Ya en 1994, en el “Informe del Grupo Conjunto”, se establecía la necesidad de investigar a fondo aquellos asesinatos en los que la confluencia de aspectos específicos como el perfil de la víctima, el modus operandi de los asesinos y la impunidad con la que éstos actúan, permitía suponer razonablemente la existencia de un asesinato con motivación política a cargo de grupos armados ilegales: “Más aún cuando no se aportan evidencias razonables que permitan sostener el móvil común en la realización del crimen…”.

En el caso Kury está claro que la motivación de sus ejecutores no era el robo, las autoridades policiales han señalado la responsabilidad de dos miembros de la seguridad personal del Secretario General del PCN -lo que no implica la responsabilidad de éste- y la presunta responsabilidad, como autor material, de un agente policial asignado al sistema de emergencias 911 de San Salvador.

El alto perfil político y económico de la víctima y la precisión con la que habrían actuado sus victimarios, moviéndose en plena noche alrededor de la sede central de su partido político, cuyas instalaciones cuentan con cámaras de seguridad y luces de emergencia, hacen pensar en la existencia de una conspiración contra la víctima que concluyó con su asesinato a cargo de un grupo de exterminio.

La discrecionalidad en la contratación del personal de seguridad legislativo, la ausencia de controles internos y externos sobre el desempeño de éstos, el uso de su armamento y fuentes de entrenamiento, sumado a la crisis de legitimidad de las fuerzas policiales, son todos factores que dibujan un panorama preocupante por la vulnerabilidad de cualquier persona que pueda ser objeto del accionar de esta clase de delincuencia, para la cual, las vidas tienen un precio y la institucionalidad no les alcanza, salvo excepciones, como en el caso mencionado.

La existencia de sicarios o estructuras paralelas, capaces de vender al mejor postor sus capacidades de vigilancia y eliminación de personas, constituyen un preocupante retorno a los años 90, cuando todavía fresca la tinta de los Acuerdos de Chapultepec, la Organización de las Naciones Unidas expresaba su preocupación por la existencia de estas prácticas contra la paz y los derechos humanos.