La visita de la semana pasada del enviado especial del gobierno estadounidense para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, evoca un evento similar que hace más de 40 años trajo a El Salvador al entonces vicepresidente George W. Bush, para advertirle a los líderes políticos de entonces sobre el riesgo de perder el apoyo del gobierno estadounidense, en caso de que no se investigara la violación sistemática de derechos humanos, que para entonces –era diciembre de 1980– alcanzaba más de mil muertos en un año, entre sindicalistas, defensores de derechos humanos, monjas, sacerdotes y campesinos.

Opinión

Se buscan aliados

Roberto Burgos Viale / Catedrático @burgosviale

lunes 12, abril 2021 • 12:00 am

Compartir

La visita de la semana pasada del enviado especial del gobierno estadounidense para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, evoca un evento similar que hace más de 40 años trajo a El Salvador al entonces vicepresidente George W. Bush, para advertirle a los líderes políticos de entonces sobre el riesgo de perder el apoyo del gobierno estadounidense, en caso de que no se investigara la violación sistemática de derechos humanos, que para entonces –era diciembre de 1980– alcanzaba más de mil muertos en un año, entre sindicalistas, defensores de derechos humanos, monjas, sacerdotes y campesinos.

Como si de un eterno retorno al punto de partida de nuestra historia se tratara, El Salvador vuelve a ser objeto del envío urgente de un emisario del más alto nivel en representación de un gobernante estadounidense, ante los peligros que entraña la creciente polarización política en un país tan volátil, con una historia de impunidad institucionalizada y un clima de violencia que en cualquier momento puede estallar, principalmente ahora, cuando las opciones de migrar se agotan en vista de la crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos, donde solo el mes pasado, más de 171,000 centroamericanos fueron detenidos al intentar ingresar de manera irregular en aquel país.

Mientras Ricardo Zúñiga se entrevistaba con el Fiscal General de la República, con representantes de organizaciones de la sociedad civil y con los titulares de las principales instituciones contraloras del país, la vicepresidenta de los EE.UU, Kamala Harris, dialogaba con el presidente de México para encontrar soluciones al problema del tráfico de personas desde el triángulo norte, y ante la necesidad de garantizar los derechos humanos de los niños que están siendo abandonados en territorio fronterizo, los que ya alcanzan cifras sin precedentes bajo custodia de las autoridades estadounidenses, o esperando respuesta a sus peticiones de asilo.

El presidente salvadoreño no ha figurado en estos esfuerzos diplomáticos, a pesar de que es el primer llamado a enfrentar estos problemas, lo que pasa no solo por reconocer la falta de capacidad de los gobiernos anteriores –y del actual–para garantizar los derechos humanos de su población, sino que también, para mantener condiciones de gobernabilidad mediante el respeto al estado de derecho, el aseguramiento de las libertades fundamentales y la rendición de cuentas de sus funcionarios en un clima de respeto mutuo, que conduzca al país a una razonable armonía social, como lo manda la Constitución vigente.

El gobierno de los Estados Unidos emprendió la semana pasada una ofensiva diplomática llena de mensajes expresos y tácitos: tan importante como los encuentros públicos que sostuvo el enviado especial del presidente Biden, fueron los que no se tuvieron, las manos que no se estrecharon y las palabras que se aseguraron fueran publicadas en los medios de comunicación: combate a la corrupción, respeto a la libertad de prensa, apoyo a la contraloría publica y ciudadana y respeto a la democracia, entre muchas otras.

Para lograr tales condiciones, el gobierno estadounidense necesita y busca aliados, y ha sido claro el mensaje desde Washington de que tales protagonistas no van a ser buscados entre los representantes de los gobiernos de la región, sino que entre la sociedad civil de los países del triángulo norte, lo que impone retos a los ciudadanos que se involucren en esta tarea para estar a la altura del reto propuesto, esto implica llenar ciertos vacíos y encontrar el rumbo en una tarea que a veces se ha visto demasiado cercana a los partidos políticos tradicionales, poco transparente también en el uso de los fondos de cooperación, cuando no excesivamente parcial al momento de criticar o investigar a los gobiernos del pasado.


Más coherencia con la misión que se pretende sostener ante la sociedad, desarrollo de mayores capacidades de investigación y denuncia y una apuesta por el relevo generacional urgente de algunos de sus líderes, es lo que puede darle a la autodenominada sociedad civil la efectividad de la que hoy por hoy carece, exceptuando a las universidades y a más de algún “tanque de pensamiento”.

La beligerancia ciudadana no puede ser ajena a la realidad en la que se desenvuelve ni a la historia de nuestro país, no es posible abordar la lucha por los derechos humanos con un enfoque parcial o sesgado, no es posible asumir el reto histórico del presente sin pensar en un futuro como el que nunca se ha tenido, y en el que haya espacio para una buena vida en beneficio de la mayoría.