Hasta hoy, ni el Colegio Médico, ni las asociaciones de especialistas, ni las facultades de medicina han dado fe de la certeza de las estadísticas gubernamentales sobre la pandemia.

Opinión

Se acaba el oxígeno Mientras la cuarentena se acaba y apenas hubo campañas de educación, la pandemia sigue y el mal manejo también.

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

miércoles 26, agosto 2020 • 12:00 am

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Hasta hoy, ni el Colegio Médico, ni las asociaciones de especialistas, ni las facultades de medicina han dado fe de la certeza de las estadísticas gubernamentales sobre la pandemia.

Según médicos de primera línea, hace semanas que poco a poco van bajando las aguas de la COVID-19; mientras, a la información oficial no le ha quedado más que montarse en la evidente tendencia, develándose el desastre nacional generado por la incapacidad gubernamental en el manejo de la crisis, debido a la improvisada y perversa conducción de la emergencia.

También se sigue destapando el hedor de la cloaca de la corrupción que carcome al gobierno, ante la errática mirada de un presidente empecinado en su juego de tronos, derrochando millones en una desesperada estrategia electoral que no escatima en contrataciones internacionales de oscuros “asesores de imagen” y “cabilderos” para inyectar las venas de su febril narcisismo, en medio de la grave crisis social y económica que hunde y agobia a la sociedad.

No obstante, poco a poco van llegando los límites. Nuevamente una sentencia de la Sala de lo Constitucional al dirimir la controversia creada por el ejecutivo al vetar el Decreto Legislativo 661 - que aseguraba reglas claras para la reapertura económica y social, gradual y ordenada-, le ha señalado al presidente excesos en el ejercicio de sus potestades.

La inestabilidad creada por los vetos presidenciales no es un hecho aislado. A lo largo de la crisis sanitaria la Asamblea Legislativa aprobó 91 decretos para enfrentarla, sin embargo, el protagonismo enfermizo, patológico y serial del presidente Bukele rechazó 25 decretos, 16 de estos fueron vetados y 9 observados, evidenciando su falta de capacidad para unificar y conducir los destinos de la nación y el uso irresponsable del presidente Bukele de una herramienta de control político.

El desfile arrogante y confrontativo de los ministros ante la legislatura y los medios de comunicación, rodeados de asesores de imagen y enjambres de tuiteros, solo buscan esconder su incapacidad de aportar información sustantiva que compruebe resultados de su gestión, evadir rendir cuentas documentadas y verificables ante las instancias contraloras sobre el manejo de centenares de millones de dólares y, obviamente, encubrir las crecientes denuncias de corrupción.


Como si fuera poco, son preocupantes las acusaciones que pesan sobre el ministro de la Defensa Nacional a quien se le atribuyen graves violaciones constitucionales a raíz del intento golpista del 9F, bajo el avieso supuesto de disolver la Asamblea Legislativa. Estos hechos fueron ampliamente ventilados durante la pasada semana en el proceso de interpelación en su contra, resultado de las evidencias que sustentan su responsabilidad sobre la asonada.

En distintos sectores son conocidas las severas críticas del cuerpo castrense sobre la actitud del ministro Merino, quien debiera hacer honor al uniforme que porta y renunciar del cargo -ya sabemos que Bukele no depone a quien utiliza-. El plan militar de asalto sobre el poder legislativo tuvo graves repercusiones nacionales e internacionales, constitucionales y económicas para el país. El Salvador se convirtió a partir del 9F en otro símbolo del retroceso democrático en las Américas y eso pasó en gran medida por la responsabilidad del ministro.

Además, es muy preocupante la indolencia del Alto Mando de la Fuerza Armada que asisten impávidos a la desfiguración y caprichosa manipulación a la que ha sido arrastrada la FAES bajo el desconocimiento del equilibrio entre poderes de Estado y a la confrontación política como un elemento más de la política partidaria; solo hay que ver a candidatos del partido de gobierno acompañados de militares repartiendo víveres. El desvío de los fines trazados para la institución armada es un retroceso de los logros del Plan Arce 2000 que inició el proceso de modernización de la institución militar. Esta amenaza al sistema democrático del país pone nuevamente sobre la mesa la pertinencia de su disolución.

Mientras la cuarentena se acaba y apenas hubo campañas de educación, la pandemia sigue y el mal manejo también. Las repercusiones en la vida cotidiana de la gente son graves: paralización del aparato productivo, pérdida de miles de puestos de trabajo y un enorme retroceso sobre lo avanzado en el índice de desarrollo humano. El excesivo endeudamiento al que Bukele llevó al país ha disparado las tasas de interés de todos los créditos, encareciendo las deudas de la población obligándoles a pagar más. Hoy se cierne otra amenaza: un nuevo paquete de impuestos que habría negociado el gobierno con los organismos financieros internacionales. El país se ahoga y las piedras son cada vez más pesadas.