Opinión

Salarios dignos y justos

Lourdes Molina Escalante, Economista Sénior Icefi @lb_esc

jueves 8, julio 2021 • 12:00 am

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El acceso a un salario digno es uno de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. La retribución por su trabajo debiera ser lo suficiente para garantizar una vida digna para quien trabaja y su familia. Pero en El Salvador, como sucede con la mayoría de derechos, su garantía existe en el papel, pero no en la realidad. La Constitución Política establece la existencia de un salario mínimo que «[…] deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden moral, material y cultural», en la práctica, este se encuentra por debajo del costo de la canasta básica. 

El salario mínimo que corresponde al sector industria, comercio y servicios (USD 304.17), se encuentra un 32.2% por debajo del costo de la canasta básica ampliada urbana; mientras que el salario agropecuario (USD 202.88) es 38.8% menos que el costo de la canasta básica ampliada del área rural. Es decir, aunque una persona trabaje jornadas laborales completas a cambio de un salario mínimo, esto no le garantiza que pueda costear los bienes y servicios básicos para la subsistencia de su grupo familiar. Ni qué decir de quienes laboran en el sector informal y que en muchas ocasiones ni siquiera reciben el salario mínimo establecido por ley, como los trabajadores agrícolas y las trabajadoras domésticas.

Recientemente, el Ejecutivo anunció un incremento del salario mínimo vigente en un 20%, hasta el momento se desconoce el por qué el aumento será en dicho porcentaje.  Aunque en términos concretos el incremento es una buena noticia, hay un aspecto que debe alertarse. De acuerdo con las declaraciones del presidente y sus ministros de Trabajo y Hacienda, el incremento del salario mínimo será acompañado por  un programa de subsidio, durante un año, a la micro, pequeña y mediana empresa, con el objetivo de amortizar el aumento del pago a las y los trabajadores, así como para evitar que las empresas trasladen el incremento de sus costos a sus consumidores o que el aumento se traduzca en reducción de puestos de trabajo.

Inicialmente, se señaló que dicho subsidio se financiaría con un fideicomiso a través del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), posteriormente se ha señalado que se reformará el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa) para poder utilizarlo, lo que implicaría que probablemente el subsidio se financiaría con deuda pública, es decir con impuestos que los y las salvadoreñas pagarán en el futuro. Sin embargo, en sus más recientes declaraciones el ministro de Hacienda señaló que los USD 100.0 millones que se estima serán necesarios para el subsidio se obtendrán del presupuesto general de la nación, el cual se financia con los impuestos que actualmente paga la población salvadoreña.

Subsidiar el incremento del salario mínimo con deuda pública o con la recaudación tributaria puede resultar contraproducente en términos de reducción de la desigualdad y la pobreza, debido a la forma en que se recaudan los ingresos en nuestro país. La actual estructura tributaria es regresiva, por lo que el financiamiento del programa de subsidio a las empresas recaerá en mayor medida en aquellas personas que, probablemente, devengan menos del salario mínimo y que, seguramente, laboran en la informalidad y viven en situación de pobreza, pero que en términos de sus ingresos, relativamente, pagan más en concepto de impuestos que aquellas personas o empresas con niveles más altos de ingresos.


Sumado a este aspecto, es importante que la discusión sobre las mejoras en las condiciones de la población trabajadora no se limite únicamente al incremento “artificial” del salario mínimo, recordemos que la mayoría de personas trabaja en el sector informal y en condiciones de precariedad. ¿Qué pasará dentro de un año cuando las empresas deban hacerse cargo del aumento y qué pasa con las personas autoempleadas que laboran en la informalidad?

Si bien el incremento del salario mínimo es una necesidad urgente,  es indispensable que el Estado salvadoreño tenga la voluntad de cumplir con su obligación de garantizar salarios y trabajos dignos y justos. Ojalá que su discusión no se instrumentalice para desviar la atención de otros problemas estructurales que tenemos en nuestra sociedad.