Política

Sala declara inconstitucional, por vicio de forma, decreto que fondeó Fodes, veteranos y Fomilenio La Sala declaró inconstitucional el decreto 781, por lo que continúa vigente el decreto 640.

Yolanda Magaña

miércoles 6, enero 2021 • 6:33 pm

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró hoy inconstitucional el decreto 781 por vicio de forma: la Asamblea Legislativa invadió competencias del Ejecutivo al no consultarle normas presupuestarias.

La consecuencia es que el decreto 640 está nuevamente vigente y las reformas para asignar fondos al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), veteranos y Fomilenio no llegaron a convertirse en ley.

Sin embargo, la Sala aclara que esta decisión no implica que dé preferencia a las asignaciones presupuestarias del Ejecutivo o del Legislativo. La razón es que la competencia del Ejecutivo “fue invadida por la Asamblea Legislativa” por haber emitido normas sin haberle consultado al Ejecutivo.

Sin embargo, los magistrados aclaran que “es preciso que los rubros previstos en el decreto vetado –Fodes, Fomilenio, veteranos– sean atendidos con la urgencia que ameriten”.

La resolución fue firmada por Armando Pineda, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento. Aldo Cáder emitió un voto razonado.


¿Por qué?

La Sala señala que la Asamblea ha indicado “que la creación del decreto 781 fue por iniciativa propia, sin que para ello haya mediado la solicitud o la consulta al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda”.

Los magistrados argumentan que hay una clara diferencia entre ambos decretos, el 640 y el decreto 781.

No solo se trata de la inclusión de otros rubros sino que implica la creación de normas palmariamente distintas”. Sala de lo Constitucional.

En su resolución, emitida hoy, la Sala resuelve que Hacienda “no tuvo intervención en la reforma al decreto legislativo 640”, por lo que “se inobservaron los principios de planificación y equilibrio presupuestario” que regula el artículo 226 de la Constitución.

Así, la Sala concluye que el decreto 781 “no llegó a convertirse en ley”, por lo que “no surtió efecto alguno”.

En consecuencia, “continúa vigente el aludido decreto legislativo 640”, el cual no tenía las asignaciones a Fodes, veteranos y Fomilenio.

Decretos no son ley presupuestaria

En la misma resolución, la Sala de lo Constitucional señala que el decreto 781 no viola el principio de equilibrio presupuestario porque el decreto 640 todavía no tiene asignaciones presupuestarias aprobadas.

En síntesis, no hay distorsión al equilibrio presupuestario porque nunca hubo reforma a la ley del presupuesto para materializar el decreto 640 –el cual autoriza a emitir $1,000 millones en deuda.

La Sala explica que los decretos 640 y 781 que reformó al primero “no implican reformas tácitas a la ley de presupuesto, sino que solo regulan la autorización para gestionar fondos y el destino de estos”.

Y también hace una advertencia: eso es independiente de que el Ejecutivo “haya gastado sin autorización legislativa las cantidades referidas, es decir, sin seguir el trámite de reforma presupuestaria respectivo, como lo requiere el artículo 131 ordinal 8º de la Constitución”.

¿Qué reformó el decreto 781?

El decreto 781 que estuvo en controversia reformó el decreto 640, asignando $288.2 millones para el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), $50 millones para el Convenio del Reto del Milenio (Fomilenio), $16 millones para veteranos y excombatientes del conflicto armado y $45.8 millones para proveedores del sector privado.

Originalmente los fondos estaban destinados a la reactivación económica; los diputados optaron por reorientar estos fondos luego de que el Gobierno informara que había financiado el programa de reactivación económica deuda a corto plazo.

El presidente promovió la controversia constitucional, argumentando que el Fomilenio ya había sido planificado, citando una nota remitida a la Asamblea Legislativa del 10 de noviembre de 2020 sobre los destinos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Asamblea argumentó que el Gobierno pidió reformar la incorporación de $354.2 millones, cantidad que forma parte de los $1,000 millones autorizados del decreto 640, y que el Ejecutivo “no puede alegar que los recursos reorientados ya no están disponibles”.