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Sala de lo Penal debe nombrar a un tercer juez para enjuiciar al magistrado Escalante El Magistrado Eduardo Escalante está en arresto domiciliar mientras se define su situación en un juicio.

Jaime López

jueves 8, julio 2021 • 5:00 am

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El juicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por el delito de agresiones sexuales en perjuicio de una niña de diez años, requiere del nombramiento de un tercer magistrado por parte de la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia.

Por ese motivo, ayer la Cámara Segunda de lo Penal suspendió el juicio programado para el 7 de julio, informó una de las fiscales del caso. La selección del tercer magistrado será notificada a las partes.

La vista pública se frustró de conformidad al artículo 423 del Código Procesal Penal; la ley exige la participación de un magistrado en discordia en el juicio, por si los jueces o magistrados propietarios no llegan a una misma conclusión en el juicio, el tercer magistrado entraría a emitir su opinión”, explicó una de las fiscales.

Esta es la tercera vez que se suspende el juicio contra el magistrado Escalante Díaz: la primera fue por otra diligencia, la segunda porque las Cámaras se trasladaron al nuevo edificio, en la Diagonal Universitaria, y esta vez por falta de un magistrado que establezca la mayoría en su decisión final.

Escalante Díaz es magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil desaforado, pero a raíz de los hechos que la Fiscalía le atribuye fue suspendido de su cargo, hasta que haya una sentencia en firme que determine si es culpable o inocente.


De ser culpable, la pena para Escalante Díaz sería de ocho a 12 años de prisión y despojado de su cargo en la Cámara Tercera de lo Civil, para ello la sentencia debe quedar en firme luego de las apelaciones de la defensa. Caso contrario regresará a la referida cámara.

El magistrado Escalante Díaz fue sobreseído por la Cámara Primera de lo Penal tras considerar que los hechos que le imputaban no alcanzaban a tener la calidad de delito.

Esa resolución fue duramente cuestionada por los salvadoreños quienes ejercieron presión para que el caso no quedara en la impunidad. La resolución generó protestas en organizaciones defensoras de derechos humanos bajo la consigna "tocar niñas sí es delito".

Fiscalía apeló la resolución de la Cámara ante la Sala de lo Penal en septiembre de 2019 y ordenó un nuevo juicio para el imputado mientras permanecía en arresto domiciliar.

La supuesta agresión sexual ocurrió el pasado 18 de febrero de 2019, a eso de las 5:30 p.m., en la residencial Altavista, Ilopango, al oriente de San Salvador, cuando una persona dijo a la madre de la víctima que un sujeto le había tocado la parte genital a su hija, razón por la cual, la progenitora de la menor le dio persecución y lo identificó para denunciarlo y llamó al 911 para que el imputado fuera detenido.