Política

Sala cita a Bukele y a Ponce para analizar qué han hecho por víctimas de la guerra La audiencia de seguimiento de cumplimiento a disposiciones relacionadas a la ley de reconciliación nacional se reprogramó para el próximo 30 de octubre.

Saraí Alas

jueves 8, octubre 2020 • 8:02 pm

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), citó al presidente de la República, Nayib Bukele y al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, a una audiencia oral y pública para revisar el cumplimiento de las obligaciones que adquirió el Estado salvadoreño al declararse inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.

De acuerdo con una resolución publicada por la Sala este jueves, la audiencia oral estaba programada para el pasado 15 de abril, pero no fue realizada por la emergencia por la covid-19; pero fue reprogramada para el próximo 30 de octubre a las 9:00 a.m.

Esta audiencia es parte del proceso de vigilancia y control que la Sala lleva sobre la resolución de la sentencia de inconstitucionalidad, la cual creó nuevas obligaciones para cada institución del Estado, y la necesidad de la creación de una nueva ley de justicia transicional y reparación a las víctimas del conflicto armado.

¿Quiénes deben asistir?

Según la sentencia de seguimiento, la Sala convocó al presidente de la República, Nayib Bukele; el presidente del Órgano Legislativo, Mario Ponce, así como "los demandantes en cada uno de los procesos acumulados", incluyendo así a los abogados del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) "que fueron admitidos en carácter de amigos del tribunal" y su director, José María Tojeira.


Además, deben asistir el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explique los fondos asignados a la reparación de las víctimas; el fiscal general, Raúl Melara; el titular de la Defensa Nacional, Francis René Merino Monroy, y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar.

¿Por qué se convocó a funcionarios?

De acuerdo con la sentencia, la finalidad de la audiencia oral es "evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia emitida en este proceso y en las resoluciones de seguimiento citadas por parte de la Asamblea Legislativa y demás autoridades obligadas a su acatamiento".

En 2016, la Sala de lo Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico la ley de amnistía de 1993, que impedía juzgar los crímenes de guerra, y ordenó a la Asamblea crear una nueva ley que garantice el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto.

Sin embargo, después de extender su plazo en dos ocasiones, los diputados aprobaron el 25 de febrero de 2020 la polémica Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional a pesar del rechazo de las víctimas de la guerra, las organizaciones que velan por sus derechos, y organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) la llamó incluso una "amnistía disfrazada".

El presidente de la República la vetó el 28 de febrero por inconstitucional, y acusó a los diputados de incumplir la sentencia de la Sala. La Asamblea, en tanto, no ha superado el veto ni se ha promovido ninguna controversia constitucional ante dicho tribunal.

Diputados defienden la ley de reconciliación

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), René Portillo Cuadra, asegura que este acto de seguimiento "es un procedimiento normal que hace la Sala cuando se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra una ley"; y aunque dijo que respetarán la decisión de la Sala, defendió la aprobación de la ley asegurando que fue "ampliamente consultada".

"Cualquiera sea la decisión la vamos a respetar, pero esta ley fue ampliamente consultada con diferentes sectores de la sociedad civil, academia, con tanques de pensamiento, con víctimas y también con diferentes asociaciones de profesionales, de tal manera que esta ley refleja en gran medida un consenso social para ponerle fin a las heridas del conflicto". René Portillo Cuadra, diputado de Arena

Schafik Handal, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se limitó a decir que mientras se discutió la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, su partido mantuvo una postura a favor de las víctimas para conocer la verdad. El FMLN, el CD y el diputado No Partidario votaron en contra de la ley.

"Mientras estuvo la discusión de esto, nosotros mantuvimos la posición que el centro de la discusión deben de ser los derechos de las victimas a conocer la verdad, si en algún momento estiman aceptar el perdón, las garantías de no repetición y resarcir a las victimas por los daños sufridos". Schafik Handal, diputado del FMLN

Por su parte, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, dijo que la resolución es "totalmente pertinente" y reconoció que la Asamblea está en deuda por tener un incumplimiento de la ley "debido a la pandemia", aunque, particularmente no apoyó la derogatoria de la ley de amnistía general de 1993.

"Nosotros como Asamblea estamos en deuda, tenemos un incumplimiento de la ley debido a la pandemia (...) la Asamblea no ha cumplido esta resolución que en lo personal creo que es una ley que nos vino a complicar por la derogatoria con la ley de amnistía, con la cual nunca estuve de acuerdo pero hoy es ley y tenemos que cumplir como Asamblea". Rodolfo Parker, diputado del PDC