Ricardo Gómez, presidente del IAIP, recibió diez atribuciones nuevas al reformarse el reglamento de la institución.

Política

Sala admite demanda por reformas a reglamento de la LAIP

Saraí Alas

martes 15, diciembre 2020 • 6:08 pm

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la tarde de este martes una demanda de inconstitucionalidad por las reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), realizadas vía decreto ejecutivo por el presidente de la República, Nayib Bukele.

Bukele aprobó 10 nuevas atribuciones para el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo Gómez, y derogó la posibilidad de que una persona pueda impugnar candidatos a comisionados del Instituto.

El decreto ejecutivo 34 fue aprobado el 26 de agosto de 2020 y publicado en el Diario Oficial tomo 428 número 175 del lunes 31 de agosto de 2020, como una reforma al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Ante esto, la Sala de lo Constitucional ordenó como medida cautelar suspender la vigencia de los artículos 1, 2, y 6 mientras se resuelve si las reformas al reglamento de la LAIP son inconstitucionales.

“Se suspende la vigencia de los artículos 1, 2 y 6 del decreto ejecutivo número 34, de 26 de agosto de 2020 que contiene reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto por el tiempo que dure el trámite de este proceso. De manera que, durante ese lapso, las reformas contenidas en los artículos 1 y 2, y la derogatoria contenida en el artículo 6 de dicho decreto no tendrán vigor, sino que lo tendrá el texto del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública previo a las modificaciones que introducen”, indica el documento emitido por la Sala.

Asimismo, la Sala pidió al mandatario rendir un informe sobre las reformas al reglamento en un plazo de 10 días hábiles.


Según la demanda, los artículos reformados por la presidencia son inconstitucionales debido a que el artículo 1 del decreto ejecutivo 34 viola el derecho de acceso a la justicia porque inhibe el acceso a los procedimientos administrativos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, al impedir que haya revisión directa de reservas de información, pues para ello es necesario que exista un pronunciamiento del oficial de información de la entidad de que se trate; es decir, funciona como un mecanismo de impugnación.

Además, la demanda señala que es inconstitucional la derogatoria del artículo 6 del reglamento de la LAIP porque impide a personas particulares impugnar a candidatos a comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública durante el proceso de selección para conformar el pleno.

 

Voto parcial del magistrado Aldo Cáder Camilot

El magistrado Aldo Cáder Camilot emitió su voto de manera parcial al no estar de acuerdo con el punto I que se refiere al objeto de control sobre clasificación y desclasificación de información reservada, debido a que hay contenido equívoco porque la reserva de ley es una garantía institucional en favor del legislador y porque si se atribuye contenido equívoco al parámetro de control, debe declararse improcedente la demanda.

“Sostengo que debió declararse improcedente, porque, según el artículo 131 ord. 21° de la Constitución corresponde a la Asamblea Legislativa determinar las atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando por [la] Constitución no se hubiese hecho. A mi criterio, tal disposición no está referida a la fijación de atribuciones y competencias de entes citados mediante ley, sino a las de los órganos constitucionales. Si se aceptase el argumento antes mencionado—implícitamente sugerido por los actores y por el resto de colegas de la Sala (...)”, manifestó Cáder en la admisión de la demanda.

El pasado 10 de septiembre, comisionados del IAIP rechazaron las reformas realizadas por Bukele al reglamento de la LAIP que creaba 10 nuevas atribuciones al presidente del IAIP sobre la estructura organizativa del Instituto.