El expresidente Antonio Saca compareció ayer a la audiencia, él ya fue condenado a 10 años de cárcel por lava-do de dinero y peculado de $300 millones. / Diego García

Nacionales

Saca negocia con FGR nuevo proceso abreviado

Juan Carlos Vásquez

miércoles 27, marzo 2019 • 12:03 am

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En el caso conocido como “Transes”, el expresidente Elías Antonio Saca negocia con la Fiscalía General de la República (FGR) un proceso abreviado, en el cual admitirá el delito de cohecho activo (ofrecer dádivas a funcionario o empleados públicos) a cambio de una pena mínima.

Ayer, previo a que se suspendiera la audiencia preliminar en la etapa de incidentes, la defensa de Saca presentó un escrito al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, pidiendo la separación del proceso.

El motivo planteado es que ya existe un preacuerdo de procedimiento abreviado que fue firmado y autorizado por el exfiscal general Douglas Meléndez, en julio del año 2018; Luis Palencia, uno de los abogados de Saca, expuso a la jueza que en el preacuerdo ya se determinaron los requisitos del procedimiento abreviado y hasta la pena, pero no detalló cuantos años han pedido a cambio de la autoincriminación.

Al ser consultados al respecto, los representantes del Ministerio Público dijeron que ellos tenían que consultar con su nuevo jefe de unidad y que también debían llevar ese punto ante el nuevo fiscal general, Raúl Melara.

La jueza otorgó a la FGR un plazo de 48 horas para que conteste el escrito de la defensa de Saca, en el cual exponen que el expresidente sigue con la pretensión de admitir el cohecho activo a cambio de una pena menor. El artículo 335 del Código Penal sanciona el cohecho activo con prisión de seis a diez años.

Según la acusación fiscal, Saca supuestamente trató de sobornar a Ángela Iracema Avelar Salinas, excolaboradora de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, quien el 10 de diciembre de 2018, el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador la condenó  por cohecho propio a dos años de prisión en un procedimiento abreviado.


El expresidente, supuestamente a través del abogado Víctor Melgar, alias, “Pitinga”,  le ofreció dinero para que le filtrara información  del juicio civil que se lleva en la cámara tras una demanda de enriquecimiento ilícito, por un monto de $3,970,000.