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Reprograman juicio contra exdirectores de Centros Penales por supuesto desfalco de tiendas institucionales Ambos son acusados de no responder por $121,238.69 obtenidos en las tiendas penitenciarias entre 2012 y 2014 en la administración de Mauricio Funes. Habían sido absueltos, pero en julio del año pasado una cámara ordenó otro juicio.

Jaime López

miércoles 24, febrero 2021 • 7:30 am

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San salvador suspendió ayer el juicio programado contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta en el caso de las tiendas institucionales, tras ser notificado por su abogado que Hernández sufría de covid-19.

Debido a ese inconveniente, el tribunal reprogramó el juicio para desarrollarse entre el 5 y el 9 de julio.

Ambos directores son acusados de no reportar todos los ingresos obtenidos en las tiendas institucionales dentro de las cárceles entre 2012 y 2014, en el gobierno que presidía Mauricio Funes.

De acuerdo con la pericia financiera contable, en el caso de Rodil Hernández se le demanda por $121,238.69 y en el caso de Nelson Rauda por $87,154.50.

$121,238.69Monto Demandado al exdirector de Centros Penales, Rodil Hernández.
$87,154.50DineroReprochado al exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda.
Se presume que ambos imputados ordenaron desembolso de dinero de las tiendas institucionales para los fines que no establece la ley y no administraron de forma correcta dichos fondos”. Fiscalía.


De acuerdo con el Ministerio Público, los exdirectores ordenaban que se emitieran cheques supuestamente para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), pero no existe informe o persona que haya recibido esa partida  por $121,238.69.

Una absolución en el camino

Los exdirectores de Centros Penales fueron absueltos por el Tribunal Cuarto de Sentencia por insuficiencia probatoria el 28 de septiembre de 2019.

No satisfecha con el fallo, la Fiscalía apeló ante la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador y este tribunal superior le dio la razón el 3 de julio de 2020, tras ordenar que se anulara y ordenó que el Tribunal Quinto de Sentencia realice un nuevo juicio.

A criterio de la Cámara Primera de lo Penal fue una interpretación errónea respecto a las declaraciones de testigos por parte del Tribunal Cuarto de Sentencia, en cuanto al delito de administración fraudulenta.

A criterio de la Fiscalía, no existió insuficiencia probatoria como alegó el Cuarto de Sentencia, dado que “sí se presentaron los testigos pertinentes al juicio y se incorporaron las respectivas denuncias y documentos que sustentaron el mal manejo de fondos en las tiendas institucionales del sistema penitenciario”.

La Cámara estableció que, con la prueba vertida en el juicio, que los fondos generados por las Tiendas Institucionales se emplearon de manera indebida o “una acción o un fin distinto al que legalmente se ha destinado”.

Según los magistrados, el destino legal de los fondos generados por las Tiendas, en términos generales tenía que ser en beneficio de la población reclusa.

En cuanto al delito actos arbitrarios, se planteó que las actividades realizadas por los acusados sí trascienden la esfera penal y no fueron meros actos administrativos, tal como lo valoró erróneamente el Tribunal Cuarto de Sentencia.