La Constitución de 1883, fue la primera en establecer la posibilidad de SUSPENDER LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES “que pudieran impedir la defensa y la conservación  o restablecimiento del orden…”, facultando al Poder Legislativo para “Decretar EL ESTADO DE SITIO en los casos y causas que una ley constitutiva determinará ….”

Opinión

Régimen de excepción y estado de sitio

Enrique Borgo Bustamente / Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador

viernes 1, mayo 2020 • 12:00 am

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La Constitución de 1883, fue la primera en establecer la posibilidad de SUSPENDER LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES “que pudieran impedir la defensa y la conservación  o restablecimiento del orden…”, facultando al Poder Legislativo para “Decretar EL ESTADO DE SITIO en los casos y causas que una ley constitutiva determinará ….”

Las Constituciones de 1886 a 1945, repitieron la suspensión de garantías dependiente de una Ley del Estado de Sitio que determinaría las garantías a suspenderse y sus causas. La Constitución de 1950 desvinculó la Suspensión de Garantías  de la Ley del Estado de Sitio, facultando a la Asamblea Legislativa para decretarla, en casos de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o graves perturbaciones al orden público”; causas iguales a las citadas por el Art. 29, CN1983, para el Régimen de Suspensión.

La Constitución de 1950 establecía que declarada la suspensión de garantías sería “competencia de los tribunales militares el conocimiento de los delitos de traición, espionaje, rebelión y sedición y demás delitos contra la paz o la independencia del Estado y contra el Derecho de Gentes”.

Las constituciones regulan situaciones normales, pero consideran otras excepcionales y la necesidad de disposiciones concretas para retornar a la normalidad, que van desde la asunción de plenas facultades por el jefe del órgano ejecutivo, inaplicables  en las democracias con separación de funciones de sus órganos, pues el ejecutivo sólo tiene iniciativa de ley en el órgano legislativo y facultad para decretar Reglamentos de leyes que deba ejecutar, sin necesidad de suspender las garantías individuales, como se ha pretendido lograr en algunos países, creando un RÉGIMEN DE PREVENCIÓN O DE ALARMA ante acontecimientos como las epidemias que crecen por simples concentraciones de personas, que exigen la cancelación de reuniones, pero restringiendo tales limitaciones a la barrera  constitucional.

La pandemia del COVID19, con los resultados en otros países, exigía desde su inicio en El Salvador, medidas más drásticas que las del ESTADO DE ALARMA O PREVENCIÓN y así se consideró desde el 14 de marzo pasado en que la Asamblea, por iniciativa del Presidente de la República, emitió el Decreto 594, de SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES, por quince días, prorrogado tres veces hasta el 1 de mayo entrante (legalizando así las medidas del D.L. 593, que decretó la Ley  de Emergencia Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

El ESTADO DE SITIO es la situación extrema de excepción a la aplicación de la normativa constitucional por lo que también se le ha denominado ESTADO DE GUERRA, que los constituyentes de 1950, consideraron como causas, las mismas que los constituyentes de 1982 para la suspensión de ciertas garantías individuales, conservando el sistema republicano, democrático y representativo, por lo cual  su amplitud era mayor que el de Suspensión de algunas garantías.


Las medidas aplicadas, con presencia de fuerzas armadas y policiales, en vez de equipos de salud, en base a Decretos Ejecutivos del Ministro de Salud, SIN FIRMA DEL PRESIDENTE, violan otras garantías individuales, restringiendo la libertad y la inviolabilidad del hogar sin orden judicial, que recuerdan el ESTADO DE SITIO.

Nuestro REGIMEN DE EXCEPCIÓN debe limitarse a las garantías señaladas en los Arts. 5 inc. 2º y  7 inc.1º Cn., y eliminar el SITIO como sucedió en Metapán, ya que el libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio, están amparados en los Arts. 8, 10, 11 y 20, que no están comprendidos en el Art. 29 Cn..

Finalmente El RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN no excluye el cumplimiento de las solemnidades legales necesarias para la validez de los actos de los funcionarios públicos.