Guatemala es un país con profundas desigualdades e injusticias sociales. En el país vecino tres de cada cinco personas viven en situación de pobreza, entre la población indígena esta proporción aumenta a 4 de cada 5; la mitad de las niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela; la mitad de las niñas y niñas menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, estos niveles de desnutrición son similares a los observados en los países de África Subsahariana.

Opinión

Reflexiones desde Guatemala

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 26, noviembre 2020 • 12:00 am

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Guatemala es un país con profundas desigualdades e injusticias sociales. En el país vecino tres de cada cinco personas viven en situación de pobreza, entre la población indígena esta proporción aumenta a 4 de cada 5; la mitad de las niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela; la mitad de las niñas y niñas menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, estos niveles de desnutrición son similares a los observados en los países de África Subsahariana.

En un país con problemas estructurales de esta magnitud se esperaría que todas las decisiones de política pública estuvieran encaminadas a resolverlos, sin embargo, esto no es así. Por ejemplo, en los últimos meses se han conocido presuntos casos de corrupción en diferentes entidades públicas, como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Centro de Gobierno, en los que las toma de decisiones ha favorecido a familiares, amigos o socios comerciales de funcionarios; los señalamientos de corrupción se vinculan, incluso, con la ejecución de los fondos destinados a la atención de la pandemia del Covid-19.

Pero el ejemplo más reciente de la cooptación y captura del Estado Guatemalteco se observó la semana pasada: en un clásico madrugón,  el Congreso de la República aprobó, de manera opaca y excluyente el presupuesto para 2021, dejando amplios espacios para la corrupción y  asignaciones exorbitantes a rubros espurios como la alimentación de funcionarios o la construcción de un nuevo edificio para el Congreso, mientras que, asignaciones como las destinadas a la lucha contra la desnutrición infantil y al sistema de salud pública sufrían recortes significativos.

Esto fue lo que colmó el hartazgo de la ciudadanía guatemalteca, que llevó, nuevamente, su enojo e indignación a la Plaza de la Constitución. Esa plaza que en 2015 fue la sede de las protestas demandando la renuncia de la vicepresidenta y el presidente de turno, nuevamente volvió a recibir a familias, movimientos sociales y movimientos estudiantiles, que de manera pacífica exigían un presupuesto más justo, un presupuesto que garantizara derechos y no privilegios.

De nuevo la Plaza se convirtió en la sede de una fiesta cívica. Pero en esta ocasión, el Ejecutivo decidió no respetar el derecho ciudadano a la protesta, respondió enviando a la policía a reprimir con gases lacrimógenos la concentración pacífica de la Plaza y criminalizando a ciudadanos y ciudadanas que, sin más armas que su voz, exigían sus derechos. Ahora Guatemala ya no pide solo un presupuesto para 2021 más justo, ahora exige la renuncia de su presidente, del ministro de gobernación y del director de la policía. Ahora Guatemala está lista nuevamente para volver cada sábado a la Plaza. De muy poco servirá que el presidente se victimice ante la Organización de Estados Americanos e invoque la Carta Democrática, y continúe gobernando para proteger los privilegios de unos pocos en detrimento de los derechos de las mayorías.

En El Salvador tenemos mucho que aprender y reflexionar con lo que sucede en el país vecino. En primer lugar, que el presupuesto público le pertenece a la ciudadanía y por lo tanto su discusión debe hacerse de manera transparente y participativa, solo así se podrá garantizar que este responda a las necesidades y derechos de las personas. En segundo lugar, la corrupción es el fenómeno más democratizado entre nuestras clases políticas  y debe ser eliminada de raíz,  pero  la única forma de empezar a luchar contra ella es con mayor probidad, rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Tercero, la instrumentalización de las fuerzas de seguridad para reprimir y criminalizar la protesta, la crítica y el disenso, es propia de gobiernos no democráticos, y como tal no debe ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia.


Finalmente, más temprano que tarde, los gobiernos deben buscar soluciones a las desigualdades estructurales que afectan a nuestros países; altos niveles de popularidad, los spots propagandísticos y fotos en redes sociales podrán servir para ganar elecciones, pero resultarán ínfimos para garantizar la gobernabilidad democrática de un país.

Cada 25 de noviembre se leen mensajes y frases en las diferentes redes sociales, de cuentas institucionales nacionales e internacionales, como ciertos funcionarios y personajes de la vida política se esmeran por hacer el saludo fraterno a las mujeres en el día en el que se exige la erradicación de la violencia hacia ellas, no me cabe duda de que ya han leído en diferentes espacios el caso de las hermanas Mirabal y por qué se conmemora esa fecha, por lo que en este caso no hablaré de ello.