En la década de los 70, la dominación militar, que había controlado durante medio siglo la política nacional, mostraba la más profunda crisis de gobernabilidad de toda su historia. Wl sistemático recurso al fraude electoral para contener a la oposición política se convertía en prueba evidente de su impopularidad y el un creciente uso de la represión para enfrentar a las organizaciones populares progresistas, resultaba en un mayor reclutamiento, activismo y radicalización; este cuadro se volvía más complejo aún por la presencia cada vez más activa de las organizaciones guerrilleras en el escenario político y por una ambigua política del gobierno de los Estados Unidos que reclamaba a los militares por sus violaciones a los derechos humanos pero continuaba proveyéndoles armas. Siguiendo el patrón de comportamiento militar, se pretendió resolverla mediante el tradicional golpe de estado, que se materializó exitosamente  el 15 de Septiembre de 1979 en gran medida impulsado por la “Juventud Militar”.

Opinión

Recordando… hace 30 años Hoy, 30 años después, este crimen sigue impune y lo recordamos no solo para honrar su memoria…

Rubén I. Zamora / Abogado, político y diplomático

martes 1, diciembre 2020 • 12:00 am

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En la década de los 70, la dominación militar, que había controlado durante medio siglo la política nacional, mostraba la más profunda crisis de gobernabilidad de toda su historia. Wl sistemático recurso al fraude electoral para contener a la oposición política se convertía en prueba evidente de su impopularidad y el un creciente uso de la represión para enfrentar a las organizaciones populares progresistas, resultaba en un mayor reclutamiento, activismo y radicalización; este cuadro se volvía más complejo aún por la presencia cada vez más activa de las organizaciones guerrilleras en el escenario político y por una ambigua política del gobierno de los Estados Unidos que reclamaba a los militares por sus violaciones a los derechos humanos pero continuaba proveyéndoles armas. Siguiendo el patrón de comportamiento militar, se pretendió resolverla mediante el tradicional golpe de estado, que se materializó exitosamente  el 15 de Septiembre de 1979 en gran medida impulsado por la “Juventud Militar”.

El nuevo gobierno de facto, se autodenominó “Junta Revolucionaria  de Gobierno” y su “proclama” incorporó contenidos novedosos como responsabilizar de la crisis a “sectores conservadores, los cuales en todo momento han defendido sus privilegios ancestrales de clases”, prometía desmantelar la organización paramilitar ORDEN y prometía “reformas en el sector financiero, tributario y comercio exterior del país” e iniciar una “reforma agraria”.  Por su parte, el movimiento popular se había agrupado en el “Foro Popular” fundado en Septiembre de 1979 en el que participaban la mayoría de las organizaciones y ONG populares, universidades, y los partidos políticos de oposición; en los días siguientes del golpe la Juventud Militar visitó al Foro y propuso que uno de sus miembros formara parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno, a lo cual, el Foro Popular accedió nombrando al Dr. Guillermo Ungo y participó en la formación del gabinete.

La primera Junta Revolucionaria tuvo una efímera vida pues a los tres meses de vida fracasó; su poca efectividad en enfrentar la crisis nacional y la reaparición de la represión masiva por parte de las policías y la Fuerza Armada generaron un enfrentamiento entre la mayoría de los ministros y los coroneles del ejército y culminaron con la renuncia de los dos miembros democráticos de la Junta y de la mayoría de los ministros y altos funcionarios del gobierno argumentando las crecientes violaciones a los derechos humanos. Esto se reflejó en el Foro Popular pues el Partido Demócrata Cristiano junto con algunas otras organizaciones decidieron mantener la alianza con los militares y pasaron a formar parte de la segunda Junta de Gobierno.

El desencanto con la Junta generó en el movimiento popular y democrático la necesidad de asumir un nivel más alto de institucionalidad; en Enero de 1980, las organizaciones populares vinculadas a la guerrilla formaron la Coordinadora Revolucionaria de Masas y las  Organizaciones y partidos políticos democráticos, fundaron el Frente Democrático Salvadoreño (FDS); un mes después, el 18 de Abril, ambos  fundaron el Frente Democrático Revolucionario (FDR). En diciembre de ese mismo año, las cinco organizaciones guerrilleras iniciaron su proceso de unificación que culminó el 10 de Octubre de 1980 con la creación del FMLN y ambos, FDR y FMLN formaron una alianza en base a un programa de cambios.   El FDR era dirigido por 8 miembros: El presidente nombrado por consenso,  Enrique Álvarez, cinco representantes  de la Coordinadora  Revolucionaria de Masas y dos por los partidos políticos.

El 27 de Noviembre de 1980, la dirección del FDR estaba sesionando en el colegio Externado San José y analizaba su respuesta a un planteamiento presentado por la Iglesia Católica, de salida política para evitar el conflicto armado; ese mismo día en Nueva York, el ministro de relaciones Exteriores de la Junta estaba reuniéndose con delegados de la Iglesia Católica para el mismo tema.

A eso de las 9 y media de la mañana y hasta las 11 horas, se desarrolló un operativo militar en el Colegio y su entorno; un fuerte grupo de hombres armados con ametralladoras y fusiles “G3” se tomaron las instalaciones, entraron directamente al salón donde los dirigentes del FDR sesionaban, los tiraron al suelo y los esposaron, eran: Enrique Álvarez, Juan Chacón, Enrique Escobar, Manuel Franco, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández y se los llevaron con rumbo desconocido. Pocas horas después, y en la afueras de Apulo, sus cadáveres fueron tirados desde vehículos en marcha. Presentaban señales de  estrangulamiento y entre cuatro y dos tiros de bala, excepto el de Álvarez que presentaba 12 balazos. Este acto criminal conmovió a la opinión pública nacional e internacional y según la Comisión de la Verdad “hay suficiente evidencia para señalar que organismos del Estado en forma combinada fueron responsables de este hecho”, que “tiene sustancial evidencia que la Policía de Hacienda realizo el operativo de seguridad  exterior que facilito y cubrió a los autores del asesinato” y que el gobierno no lo investigó. Hoy, 30 años después, este crimen sigue impune y lo recordamos no solo para honrar su memoria y la de miles de  ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de un régimen inhumano que durante tantos años despreció la vida y violó la Constitución y las leyes para mantenerse en el poder.