Gastos médicos en todo el mundo, operaciones de corazón abierto y $100,000 si mueren por cualquier causa son beneficios del seguro de vida y hospitalario que compró la Corte Suprema de Justicia para sus 15 magistrados propietarios.

Política

Quince vidas en la Corte mejor aseguradas que las de los policías Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están asegurados por una suma equivalente al seguro de 83 policías.

Yolanda Magaña

jueves 30, enero 2020 • 6:15 am

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Gastos médicos en todo el mundo, operaciones de corazón abierto y $100,000 si mueren por cualquier causa son beneficios del seguro de vida y hospitalario que compró la Corte Suprema de Justicia para sus 15 magistrados propietarios.

El seguro fue adquirido a un precio de $180,000 en la primera licitación pública del año 2020, cuyo proceso inició el 6 de noviembre de 2019 y concluyó el 5 de diciembre del mismo año.

Gracias a este servicio los funcionarios podrán recibir durante este año asistencia médica incluso fuera de Centroamérica.

La Corte no es la única institución estatal que gasta en seguros de vida. También, lo hacen ministerios, alcaldías e instituciones autónomas pese a que una sentencia de la Sala de lo Constitucional ordenó revisar dicho gasto en una sentencia emitida el 27 de julio de 2017 que pedía cumplir el principio de “equilibrio presupuestario”.

En el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sin embargo, este tipo de seguro se vuelve necesario para su personal de riesgo.

Así, en mayo de 2019, el Ramo de Seguridad compró un “seguro colectivo de vida básico” para sus 25,476 agentes policiales y 3,373 empleados administrativos a un costo de $9,367,847.28.


La diferencia en esta compra es que la vida de un policía o un administrativo de Seguridad Pública está asegurada por $18,000 y no $100,000.

Esta es la cantidad por la cual se ha asegurado la vida de los policías durante los últimos tres años, $18,000, según un documento de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Policía Nacional Civil (PNC).

Así, la vida de un magistrado de Corte está asegurada por una cantidad cinco veces mayor que la de un policía.

La Corte también contrató seguros hospitalarios para 577 magistrados y jueces, hasta por un monto de $25,000, con una cobertura de Centroamérica, Belice y Panamá.

 

El contraste

El seguro contratado por la Corte Suprema de Justicia para sus magistrados propietarios incluye servicio hospitalario y seguro de vida.

Entre los beneficios está la cobertura por atención a enfermedades preexistentes para todos los magistrados y un anticipo del 35 % de la suma asegurada al diagnosticarse una enfermedad terminal.

También, cubre servicios hospitalarios, habitación y alimentación en un 100 %, cuidados intensivos, fuera y dentro de Centroamérica.

El seguro también respaldaría el gasto en trasplante de órganos por un máximo de $100,000, exámenes de laboratorio, insuficiencia renal en cualquiera de sus etapas, operación de corazón abierto, cirugía plástica por lesiones accidentales, cáncer, brazos y piernas artificiales.

A eso se le suma la posibilidad de ser atendidos por problemas nerviosos, consultas médicas fuera de red hasta por $45, diagnósticos por trastornos de sueño, transfusiones de sangre, alquiler y compra de muletas, sillas de rueda, camas especiales, pulmón artificial.

¿Cuánto usan el seguro? El nivel de “siniestralidad” de los últimos años, es decir, el monto del uso real del seguro por parte de los magistrados alcanzó los $34,403.64 en 2018 y los $27,229.75 hasta julio del año 2019.

El seguro de vida de los policías cubre ayuda funeraria por fallecimiento, enfermedades graves, desmembramientos, enfermedades crónicas degenerativas, rentas diarias por hospitalización y compra de equipo de rehabilitación.

De junio de 2018 a enero de 2019, es decir, en siete meses, policías y administrativos usaron el seguro por un total de $4,566,100. En ese periodo se registraron 87 muertes.

 

27-07-17 la sentencia de la Corte

 

La austeridad en el Estado fue tema de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 27 de julio de 2017. La Sala ordenó al Estado cumplir el principio de equilibrio presupuestario y ordenó suspender la creación de nuevas plazas, aumentos salariales, contratos, compra de viajes, así como revisar los contratos de seguro médico hospitalarios para funcionarios o jefaturas.