Ayer, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, recibió tres demandas en contra del decreto ejecutivo 18 que establece estado de emergencia por 30 días. / DEM

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¿Qué pasa cuando un Gobierno no acata resoluciones de la Sala? El desacato a una autoridad judicial podría devenir en la comisión de delitos. Un demandante prepara un recurso contra el fiscal general.

Redacción DEM

lunes 18, mayo 2020 • 12:02 am

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El Salvador está viviendo un momento clave: se señala a la Presidencia de la República de no acatar resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y ahora la comunidad jurídica institucionalizada también señala que el Órgano Ejecutivo ha invadido una función constitucional del Legislativo: declarar emergencia nacional.

La Presidencia de la República declaró el estado de emergencia e incluso le puso un plazo determinado de 30 días, con disposiciones presupuestarias que le competen a la Asamblea Legislativa.

Para Javier Castro, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) la Presidencia de la República pretende “gobernar vía decreto ejecutivo invadiendo facultades legislativas e incumpliendo las sentencias de la Sala de lo Constitucional”.

El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial: los tres poderes son una familia que toma las decisiones en conjunto pero bajo una norma predefinida y rígida: la Constitución. ¿Qué pasaría si uno rompe con este equilibrio y anula al resto de poderes?

¿En qué le afecta al ciudadano? Si este mutuo control de los tres poderes se rompe, el poder se concentra en un solo órgano, un grupo de personas o una persona. Sin vigilancia, sin control.

Este escenario genera una posibilidad de comisión e arbitrariedades que podrían llegar a devenir en delitos contra ciudadanos.


Por ejemplo, la abogada Ruth López, advierte que incumplir un mandato judicial para cumplir el derecho de una salvadoreña retenida, puede ser delito de actos arbitrarios hasta incumplimiento de deberes, no solo del Presidente sino del funcionario a cargo del centro de contención.

“El deterioro institucional es tan fuerte, había costado tantos años de trabajo”, dice la abogada Ruth López, quien sostiene que, si el Gobierno no acata una resolución, la Sala de lo Constitucional debe hacer valer sus resoluciones, estableciendo plazos y notificando a Fiscalía General de la República de la posible comisión de delitos.

Los delitos cometidos podrían ser desde desobediencia hasta delitos específicos según las órdenes desacatadas dentro del ámbito de competencia de cada funcionario.

Sala puede recurrir a FAES

Para el abogado Eduardo Escobar, la Sala de lo Constitucional no solo podría recurrir a la Fiscalía General de la República, sino al uso de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir sus resoluciones.

Así lo indica el artículo 212 de la Constitución, que indica que los órganos de Gobierno podrán disponer del uso de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia. Sin embargo, cree que este escenario es improbable, aunque sea un camino constitucional.

Al darse un incumplimiento de un fallo judicial, dice, luego de una certificación, el fiscal tendría que investigar la conducta denunciada para establecer si hay delitos y proceder contra los infractores.

Si los infractores son personas que no gozan de fuero, sostiene, la Fiscalía podría proceder directamente contra ellos o solicitar antejuicio ante la Asamblea Legislativa.

Esta posibilidad, según Escobar, podría aplicar desde el propio Presidente de la República hasta la persona, por ejemplo, que no aplica a cabalidad la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) asumiendo como legal una declaratoria de emergencia nula.

La LACAP es la ley que pretende exigir procedimientos específicos para evitar irregularidades en las compras que hace el Estado. El Gobierno anunció ayer que seguirá cumpliendo las normas de compra directa correspondiente a un estado de emergencia nacional.