UNICEF tiene el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de abogar por la protección de los derechos de los niños. UNESCO, el mandato de proteger y promover la educación. Otras organizaciones no-gubernamentales como Save The Children, Visión Mundial, Plan Internacional, también tienen declaraciones en su misión que incluyen proteger y velar por los derechos de la población infantil. Uno de los derechos fundamentales de la población infantil es el derecho a la educación.

Opinión

¿Qué pasa con los derechos de los niños y niñas del país?

Dr. Alfonso Rosales / Médico epidemiólogo @alfonso76657962

miércoles 3, febrero 2021 • 12:00 am

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UNICEF tiene el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de abogar por la protección de los derechos de los niños. UNESCO, el mandato de proteger y promover la educación. Otras organizaciones no-gubernamentales como Save The Children, Visión Mundial, Plan Internacional, también tienen declaraciones en su misión que incluyen proteger y velar por los derechos de la población infantil. Uno de los derechos fundamentales de la población infantil es el derecho a la educación.

Según el censo de 2019, el país tiene una población de niños y jóvenes (5-19 años) de 1.8 millones, casi el 27% de la población.  Esta población tiene 10 meses o más, de no tener acceso completo a una educación adecuada para suplir sus necesidades educativas y emocionales. En el 2020, con la pandemia del COVID-19, la educación se enfocó en aprendizaje prioritarios por medio de la educación a distancia, estimándose que la cantidad del contenido temático educativo sufrió al menos un 50% de recorte. Según una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el 2019 solamente un 45% de la población tenía acceso al internet. Adicionalmente, varios estudios han reportado que la educación a distancia tiene como efecto colateral la perdida de la interacción social entre estudiantes y sus docentes, que se traduce en dificultades socio emocionales que no solo afectan el rendimiento escolar, sino sus posibilidades futuras de relacionamiento social y eventualmente, podría causar daño en la salud mental de niños, niñas y jóvenes.

Resumiendo, mantener las escuelas cerradas con enfoque en la educación a distancia, violenta los derechos humanos de la población infantil, margina a mas del 50% de los niños/as en nuestro país sin acceso al internet, impacta severamente la calidad del estudio, y tiene efectos perjudiciales en la salud mental de nuestros niños, especialmente afectando de forma desproporcionada a las familias de menor nivel socioeconómico.

Aunque al inicio de la pandemia, la primera reacción de gobiernos fue cerrar todas las escuelas y universidades, sin embargo, hasta ahora, los datos indican que los niños menores de 18 años representan alrededor del 8,5% de los casos notificados, con relativamente pocas muertes en comparación con otros grupos de edad y una enfermedad generalmente leve. Aunque, se ha visto algunos casos de enfermedad grave, al igual que en el caso de los adultos, se ha sugerido que las condiciones médicas preexistentes son un factor de riesgo para la enfermedad grave y el ingreso en cuidados intensivos en los niños. En vista de esta información, y debido al marcado impacto económico y social en la población infantil, la mayoría de los gobiernos han optado por la reapertura de escuelas primarias, secundarias y universidades.

Al momento, el único país de Centroamérica que mantiene las escuelas cerradas es El Salvador. En el continente americano solamente acompañan con esta medida a nuestro país, México, República Dominicana, y Venezuela. El resto de todos los países de las Américas ha reabierto, parcial o totalmente, las escuelas. La reapertura de la educación presencial, además de ser una necesidad urgente para el desarrollo no solo de los niños/as, sino para el desarrollo del país, se basa en evidencia científica producida a lo largo del tiempo de pandemia. Todos los estudios al respecto actuales sugieren que la transmisión del SARS-CoV-2, en las escuelas desde el jardín de infancia hasta el grado 12 no contribuyen significativamente a la propagación del COVID-19 a nivel nacional. Un recién estudio del CDC de Estados Unidos publicado la semana pasada concluye: “Con los requisitos de enmascaramiento y la cohorte de estudiantes, el riesgo de transmisión es bajo, lo que sugiere que las escuelas podrían abrirse de forma segura con los esfuerzos de mitigación adecuados”.

Los estudios científicos no respaldan las medidas del ministerio de educación.  El cierre de las escuelas mantiene a nuestros niños y niñas con serias limitaciones en su educación, y profundiza las brechas de acceso entre los niños de escasos recursos. Por ello, me pregunto: ¿Que persigue tanto el ministerio de educación como salud con mantener las escuelas del país cerradas? ¿qué hacen las organizaciones de la sociedad civil para proteger los derechos de nuestros niños/as?