La Fiscalía General de la República hace unos 20 procedimientos para investigar los contratos estatales en El Salvador.

Política

¿Qué dicen los políticos del allanamiento de Fiscalía a Salud y Hacienda? Diputados señalan falta de rendición de cuentas. Gana lo ve como oportunidad para desvirtuar señalamientos.

Susana Peñate

lunes 9, noviembre 2020 • 4:39 pm

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Diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron esta mañana al allanamiento que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) a las instalaciones centrales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda para investigar sobre las compras realizadas en el marco de la pandemia del covid-19.

La FGR no ha dado mayor informaciones de las investigaciones.

La diputada Yanci Urbina, integrante de la comisión especial de la Asamblea que investiga la deuda emitida durante la pandemia, señaló que el Gobierno ha evadido la rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa. Advirtió que los ministerios de Hacienda y Agricultura no han entregado informes.

Esperamos con la Fiscalía cumpla con su tarea, hace varias semanas atrás que la población está esperando que se tomen las acciones y medida para el esclarecimiento de muchos cuestionables aplicación o uso de fondos de parte de varias dependencias de Estado”.

Yanci Urbina
Diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

La comisión especial recibió en septiembre al entonces presidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, quien indicó que había ingresado a las cuentas del BCR más de $3,228 millones de deuda emitida o adquirida (préstamos, títulos, letras del tesoro y certificados de tesorería), de los cuales ya habían egresado –a las cuentas de Hacienda para su uso– $2,632.2 millones.


En su comparecencia, el ministro de Salud, Francisco Alabí, indicó que se dispuso de $106 millones para la pandemia pero posteriormente en un informe escrito indicó que son $124 millones los utilizados.

No obstante, Urbina señaló que el informe no incluyó información sobre el detalle de las compras, modalidad de contratación, del préstamo que le hizo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), ni sobre el proyecto del Hospital El Salvador.

Reclamó un requerimiento sobre información al Ministerio de Gobernación sobre el uso del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).

No es correcto que el gobierno continúe actuando de manera oscura con el dinero de la gente”.

Margarita Escobar
Diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena)

Para el diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Guillermo Gallegos, el allanamiento es una oportunidad para que se pueda “desvirtuar cualquier señalamiento que se ha venido haciendo por Arena y el FMLN al trabajo que ha realizado en Ministerio de Salud con respecto a la pandemia”.

Descartó que se trate de un procedimiento tendencioso de la parte de la Fiscalía, sino que es parte de un proceso normal, ya sea actuando por denuncia o de oficio.

Yo no lo veo como algo que al final pueda complicar al Ministerio. (Es una oportunidad para) desvirtuar cualquier señalamiento por Arena y FMLN”.

Guillermo Gallegos
Diputado de Gana

Por su parte, el diputado Raúl Beltrán Bonilla, del Partido de Concertación Nacional (PCN), lamentó los allanamientos a instancias oficiales y considera que debe haber un trabajo más coordinado por parte de la Corte de Cuentas de la República, que es la encargada de auditar a las instituciones del Estado.

Estos casos no debiesen darse, primero, si la Corte de Cuentas de la República fuese responsable, seria, y se le abriesen las puertas porque son dineros de los ciudadanos”.

Raúl Beltrán Bonilla
Diputado del PCN

Beltrán Bonilla expresó que todos los funcionarios, independientemente del partido político al que pertenezca, tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía sobre los recursos públicos. "Ricos y pobres todos pagamos impuestos. Esto es lamentable”, sostuvo.

Aunque la Asamblea Legislativa tiene una comisión para investigar el uso de los fondos provenientes de préstamos, en la que pide informes a los ministerios del Ejecutivo, reitera que es la Corte de Cuentas la responsable de auditar el uso de los recursos. Añade que el mensaje deber ser “que nadie está por encima de la ley”.