La CIDH podría recibir la denuncia de un ciudadano o de organizaciones civiles. / AFP

Política

¿Puede el Ejecutivo denunciar a la Sala y a la Asamblea ante la CIDH?

Gerson Chávez

viernes 22, mayo 2020 • 12:00 am

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Un grupo de abogados no ve posible que el Gobierno central demande en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legislativa como lo planteó el presidente Nayib Bukele, a raíz de la suspensión del decreto de emergencia nacional en un proceso constitucional.

El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, explicó que el Presidente no toma en cuenta que el sistema interamericano de derechos humanos no está diseñado para esto. Si se cumpliera lo anunciado por el Presidente, estaríamos en presencia de un Estado demandando al mismo Estado y no es para eso que se ha establecido la posibilidad de acudir a la CIDH”, expresó. Explicó que la función de la CIDH “no es dirimir conflictos entre órganos del Estado”.

El director de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Catro, planteó que la posible demanda que presente el Ejecutivo “sería improcedente, inadmisible, carente de fundamento y asidero”, de conformidad a las reglas del sistema interamericano de derechos humanos.

Según Castro, “la CIDH no es una instancia internacional para que un órgano de Estado denuncie a otros órganos del Estado del mismo país, ni para resolver conflicto entre órganos”. Explicó que quienes sí pueden acudir a la CIDH son “las personas o grupos de personas u organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros para denunciar a un Estado por violaciones de derechos humanos”.

La abogada Tahnya Pastor argumentó que Bukele “no dijo quién o quiénes” presentarán la demanda en la CIDH y que “cualquier persona puede hacerlo y denunciar una violación a la preservación a la salud y protección de la vida”, de parte de la Sala y Asamblea.

Antes de que Bukele anunciara la demanda en la CIDH, la Sala de lo Constitucional suspendió los efectos del decreto 18 emitido por la Presidencia la noche del sábado 16 de mayo para aprobar por 30 días el contenido del decreto legislativo 593 del Estado de Emergencia Nacional por COVID-19, cuya vigencia concluía ese mismo día. La Sala además estudia la constitucionalidad de las medidas extraordinarias del Ramo de Salud.