Una reforma a la Ley de Creación del Fondo de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) para mantener la transparencia en las compras del Estado en emergencia, sugieren investigadores de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Política

Proponen reformas a Fopromid para evitar compras anómalas Dos organizaciones piden modificar la ley ante exceso de discrecionalidad del Gobierno para hacer compras directas durante las emergencias.

Saraí Alas

lunes 16, noviembre 2020 • 3:15 am

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Una reforma a la Ley de Creación del Fondo de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) para mantener la transparencia en las compras del Estado en emergencia, sugieren investigadores de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

El director del departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro, advierte que el artículo 6 de la ley del Fopromid permite que el Ejecutivo no aplique la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), suprimiendo la garantía de control sobre los gastos del Gobierno en una declaratoria de emergencia.

“Eso permite que no sigan todos los controles que señala la LACAP y que es bien importante sobre todo ahora que hemos visto durante la emergencia cuestionamientos por la opacidad o compras públicas de la emergencia que están siendo investigadas por la Fiscalía. Lo se tiene que hacer es una reforma al artículo 6 para que se aplique la LACAP”, explicó.

 

Facilita corrupción.

El artículo 6 de la ley del Fopromid señala que, por la naturaleza de los eventos atendidos por el Fondo, no se aplica la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública cuando el Gobierno adquiere bienes y servicios mientras dure la emergencia declarada.


De acuerdo con Castro, esta falta de control en el uso de fondos públicos facilitan actos de corrupción, mala administración de recursos del Estado, compras para favorecer a familiares y amigos de funcionarios públicos o compra de productos e insumos de baja calidad.

La Fiscalía General de la República investiga posibles delitos en las compras realizadas por diferentes carteras de Estado durante la pandemia covid-19, debido al posible “aprovechamiento de la calamidad pública para favorecer familiares o amigos”.

 

Discrecionalidad.

El investigador del área de Macroeconomía y Desarrollo de Funde, Rommel Rodríguez, señaló que el artículo 6 de la ley Fopromid “genera preocupación” por la discrecionalidad que fomenta en las contrataciones del Gobierno. “Con el agravante que se hicieron las compras y no se ha dado la información suficiente y detallada para los procesos”, indicó.

El 23 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa reformó el decreto 593 de emergencia para que el Ministerio de Hacienda emitiera sus propios protocolos de compra.

Rodríguez explicó que el Ejecutivo usó el Fopromid y estos lineamientos específicos para compras de emergencia emitidos por el Ministerio de Hacienda, pero continuaron después que finalizó la emergencia, el 29 de mayo.

Esta reforma permitió que se autorizara “la utilización de los medios tecnológicos y electrónicos necesarios y disponer de documentación formal para la gestión de la compra y el trámite de pago”, así como autorizó “pagos de manera anticipada, siempre y cuando medie documento idóneo que garantice que el suministro será recibido”.

 

El dato

El artículo 72 de la LACAP establece que la contratación directa solo podrá acordarse en emergencia, calamidad, desastre, guerra o grave perturbación del orden dictado por autoridad.

 

Coincidencias

El ministro de Salud ha justificado que las compras para atender la crisis sanitaria durante la pandemia se hicieron a través del Fopromid. Piden reformar la ley.

 

“Durante la emergencia hubo cuestionamientos por la opacidad, o compras que están siendo investigadas. Lo se tiene que hacer es una reforma”. Javier Castro, director estudios legales fusades

 

“Debería proceder un cambio porque da bastante discrecionalidad a los funcionarios, con el agravante que no se ha dado la información”. Rommel Rodríguez, investigador funde