La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) recomendó que la Asamblea Legislativa fortalezca el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que los nombramientos se basen en méritos y no en criterios políticos partidarios.

Política

Presión internacional para mejorar elección de magistrados de la Corte Piden mejorar las entrevistas que los diputados le hacen a los candidatos a CSJ.

Gerson Chávez

jueves 24, mayo 2018 • 12:03 am

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La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) recomendó que la Asamblea Legislativa fortalezca el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que los nombramientos se basen en méritos y no en criterios políticos partidarios.

A partir de una evaluación del reglamento interior de la Asamblea, la fundación con sede en Washington, Estados Unidos, resumió sus recomendaciones en el informe “La elección de autoridades de segundo grado por la Asamblea Legislativa: Una mirada crítica a su Reglamento Interior, desde los estándares internacionales sobre independencia judicial”.

Para la DPLF, es clave que la Asamblea revise “la evaluación” de los aspirantes en fases previas. De los 30 candidatos a magistrados, 15 provienen del proceso de elección del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y los otros 15 proceden de la jornada de votación del gremio de abogados el 10 de marzo pasado. La DPLF explica que los diputados deben valorar “toda la documentación que sustenta” cómo fue el proceso de evaluación.

Por otra parte, señala que “si bien el Reglamento Interior  (de la Asamblea Legislativa) establece de manera genérica que el proceso será público” no es claro en señalar que se permite la participación de las organizaciones de la sociedad civil y pide “incorporar mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil” en el proceso de elección.

 

Que motiven decisiones

Cualquier decisión de exclusión o inclusión, preferencia, entre otros, debe ser fundamentada por los diputados según la recomendación de la Fundación del Debido Proceso.

Le pide a la Comisión Política que justifique “objetivamente cualquier depuración, modificación o alteración del orden de precedencia entre los aspirantes, únicamente en razones de mérito, excluyendo otro tipo de razones”.

Además, les exigen que “las entrevistas deben ser adecuadamente preparadas” con “objetivos, estructura, duración y desarrollo establecidos de manera previa”.

La DPLF ejemplifica que en Estados Unidos cada entrevista a un candidato a magistrado dura hasta dos sesiones de ocho horas y, en México, entre tres y cinco horas y media.

La Comisión Política de la Asamblea salvadoreña le da aproximadamente 15 minutos a cada entrevista. La organización internacional propone que la Asamblea convoque a todos los diputados, no solo a la Comisión Política.

Los expertos internacionales que como parte de la DPLF vigilarán el proceso son: Magdalena Correa, directora del departamento de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia; Antonio Maldonado, exasesor fiscal para casos Odebrecht, fiscal en casos Fujimori y Montesinos y exinvestigador la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Jan Michael Simon, investigador científico y exasesor legal senior de la Cicig.