El presidente Salvador Sánchez Cerén (derecha) enviará el documento a la CSJ. / Capres

Política

Presidente no sancionará reforma a Ley de la Fiscalía para indagar transacciones

Redacción DEM

martes 23, octubre 2018 • 12:00 am

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El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, no sancionará ni mandará a publicar al Diario Oficial la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que pretende darle autonomía a una de sus unidades para que, en el Grupo Egmont, comparta información sobre transacciones financieras.

Luego del veto presidencial de Sánchez Cerén, el Grupo Egmont suspendió a El Salvador, lo cual le impide a la Fiscalía acceder a información de transacciones financieras en unos 160 países, para investigar lavado de dinero y delitos de corrupción y otros.

Ayer, el secretario de comunicaciones del Presidente, avisó que la recomendación para que reconsidere y sancione la reforma pretende que Sánchez Cerén viole la Constitución y después sea procesado.

“Hay quienes han estado recomendando que el Presidente lo sancione, esa es una recomendación que tiene el propósito claro de que el Presidente viole la Constitución y posteriormente ver si lo procesan, por eso, porque la Constitución dice claramente que el Presidente deberá remitirlo a la CSJ. Yo creo que puede ser ahora, estamos en tiempo”, expresó después de una entrevista en el el programa “El Salvador Ahora” de canal estatal.

El funcionario aseguró que el artículo 138 de la Constitución de la República indica que cuando el Presidente recibe un veto superado “deberá enviarlo a la Corte Suprema de Justicia, o sea, que el presidente no tiene otra alternativa más que enviarlo a la CSJ para que sea el órgano judicial quien dilucide el conflicto entre los dos órganos de Estado, se le delega a la CSJ esa responsabilidad”.

El veto a la reforma del artículo 70 de ley fue superado por 57 diputados, sorpresivamente algunos de GANA, que se oponía a la reforma argumentando que ésta no obstaculiza el combate a la corrupción. La reforma daba “autonomía funcional y técnica” a la Unidad de Investigación Financiera para recibir, procesar, analizar y diseminar información para prevenir y detectar lavado de dinero.