Política

Presidente del CEJ espera Fiscalía actúe para extraditar y procesar a Funes Explica que la nacionalización de Funes es un fraude y los tratados internacionales amparan una extradición por delitos de corrupción.

Yolanda Magaña

jueves 8, agosto 2019 • 1:02 pm

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El nuevo presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Arévalo Rengifo, aseguró que la nacionalización nicaragüense del expresidente Mauricio Funes es un absurdo jurídico y, por tanto, espera que El Salvador, por medio de la Fiscalía General de la República, ejerza todas las acciones legales para extraditarlo y juzgarlo por los delitos de corrupción que le son imputados.

“El objetivo de esa nacionalización es apartarse de un cuerpo de ley que le es desfavorable y sujetarse a otras normas que le son más favorables, eso es lo que estamos viendo en el caso del exmandatario prófugo de la justicia salvadoreña”, explicó hoy en una entrevista a Diario El Mundo.

Los delitos de corrupción son extraditables, agregó, y hay suficientes antecedentes jurídicos en los cuales la Corte Internacional de Justicia ha establecido que cuando hay doble nacionalidad “debe atenderse a la nacionalidad efectiva”, que es la generada por vínculos genuinos familiares, políticos o laborales.

Pero, explicó el abogado, todos los vínculos de Funes son salvadoreños. “Decir que Mauricio Funes es nicaragüense sería como decir que Daniel Ortega es salvadoreño”, advirtió.

“Esperaríamos que El Salvador ejerza todas las acciones legales que estén a su alcance para poder revertirlo porque esto no puede entrampar la extradición. Nicaragua está en la obligación de extraditarlo o juzgarlo”, dijo.

Comparó el caso con el intento del expresidente Alberto Fujimori de evadir la justicia peruana alegando tener la nacionalidad japonesa además de la peruana. Fujimori pudo evadir procesos judiciales hasta 2005, año en el que fue arrestado mientras visitaba Chile y fue extraditado para enfrentar la justicia en septiembre de 2007.

El presidente de la gremial de juristas cree que la Fiscalía salvadoreña podría iniciar acciones internacionales ante cualquier corte internacional que tenga jurisdicción sobre Nicaragua y en la misma Nicaragua.

Funes es acusado de lavado de dinero, peculado, negociaciones ilícitas, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, relacionados a lo gastos reservados de la Presidencia y a la adjudicación de la construcción de la presa El Chaparral. El gobierno de Daniel Ortega le dio asilo político en septiembre de 2016 y le otorgó la nacionalidad nicaragüense a partir del 30 de julio de 2019.