Entre la gente que abandona el país, mucha no sale por opción ni ejerciendo su derecho a emigrar contemplado en la Declaración Universal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Miles de personas huyen del territorio nacional y sus circunstancias pues ‒de quedarse‒ tendrían que resignarse a seguir aguantando hambre, quizás más que antes por los efectos de la pandemia; o persignarse para que su sangre no sea derramada o para que alguna de sus hijas no termine desaparecida. Eso pasa en El Salvador profundo, allá adentro… adonde conviven entre cantos de sirena y la desesperanza. Se van porque acá no encuentran oportunidades para vivir con dignidad ni sobrevivir con seguridad.

Opinión

¿Por qué salir?

Benjamín Cuéllar / Defensor de Derechos Humanos @BenjamnCullar2

viernes 23, abril 2021 • 12:00 am

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Entre la gente que abandona el país, mucha no sale por opción ni ejerciendo su derecho a emigrar contemplado en la Declaración Universal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Miles de personas huyen del territorio nacional y sus circunstancias pues ‒de quedarse‒ tendrían que resignarse a seguir aguantando hambre, quizás más que antes por los efectos de la pandemia; o persignarse para que su sangre no sea derramada o para que alguna de sus hijas no termine desaparecida. Eso pasa en El Salvador profundo, allá adentro… adonde conviven entre cantos de sirena y la desesperanza. Se van porque acá no encuentran oportunidades para vivir con dignidad ni sobrevivir con seguridad.

Pero no es la única que busca afuera lo que no encuentra adentro. Está la que debe demandar en otros sitios la justicia que su Estado le niega; la que después de intentar e intentar una y otra vez que funcionen las instituciones se topan, una y otra vez, con el muro de la impunidad cimentada en la decisión política de los responsables imprescindibles de las atrocidades ocurridas sobre todo de 1975 en adelante ‒aquellos que las ordenaron, financiaron y encubrieron‒ para no atacarse entre sí en este ámbito.

Los planos del paredón reforzado con otras complicidades, estaban listos; solo esperaron el momento para levantarlo: el 15 de marzo de 1993, cuando la Comisión de la Verdad presentó su informe final. Cinco días después, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de amnistía general para la… “consolidación de la paz”, segunda pieza clave para sostener semejante barrera construida para castigar a las víctimas y favorecer a sus victimarios.

El 13 de julio del 2016 logramos expulsar del cuerpo normativo nacional esa fraudulenta disposición. Hubo quienes pensaron que entonces se derrumbaría el parapeto protector de cobardes criminales; hubo quienes anunciaron que iniciaría una “cacería de brujas”. Ni lo primero ni lo segundo porque, más allá de la inconstitucional amnistía superada, el principal sostén del muro ha sido la decisión política mencionada: el acuerdo entre los “guerreros” de no inmolarse en su “paz” ni traicionar a sus cómplices.

Durante 25 años, de 1994 al 2019, campaña tras campaña ARENA y el FMLN se acusaban entre sí ‒con razón‒ de haber cometido barbaridades antes y durante la guerra; con el paso del tiempo, lo siguieron haciendo cada vez más con menos enjundia hasta que terminaron arrinconados contra la pared de la historia, en las condiciones penosas en las que ahora se encuentran. ¿Quién los colocó ahí? ¿El “adalid” de la lucha contra “los mismos de siempre”? No, para nada. Fueron sus dirigencias las que poco a poco cavaron sus tumbas, que ahora los esperan para cuando les llegue la hora.

Entonces, ¿será que hoy las cosas cambiaron para las víctimas de lo que ‒antes de 1992‒ ambas fuerzas cometieron en su perjuicio? ¿Será que hoy Nayib Bukele le cumplirá a quienes reclaman verdad, justicia y reparación integral? ¿Hará leña del árbol caído o buscará sinceramente justicia abriendo los cuarteles y entregando en serio sus “archivos del terror”? ¿Investigará hasta encontrarlos? ¿En caso de haber destruido algunos, hará lo posible por ubicar sus responsables y lograr que paguen por sus actos delictivos? ¿Promoverá la creación de espacios comunitarios para sanar heridas en los cuales las víctimas enfrenten a sus victimarios y estos cuenten lo que pasó, por qué pasó y quienes ordenaron que pasara? ¿Ayudará a reconstruir la memoria histórica de este sufrido pueblo?


Por último, ¿contribuirá decididamente a garantizar que no se repita nunca lo ocurrido durante el siglo pasado, comenzando por dejar de mantener esa falsa y peligrosa narrativa de “o estás conmigo o estás contra mí”? ¿Usará la iniciativa de ley que como mandatario le corresponde para que en la nueva Asamblea Legislativa su bancada, totalmente mayoritaria, cumpla lo que le corresponde de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en favor de las víctimas?   De no ser así, Salvador Armando Durán deberá buscar en el exterior la justicia que le acaban de negar tras haber denunciado hace más de cinco años a los integrantes de la desaparecida comandancia general del FMLN. Sobre ese caso hay mucha tela que cortar y, ténganlo por seguro, la cortaremos.