Política

¿Por qué la Sala estudiará el reglamento de información pública en El Salvador? Sala decide solo estudiar dos artículos del polémico decreto 34 y rechaza aplicar la medida cautelar solicitada por los demandantes.

Yolanda Magaña

viernes 26, marzo 2021 • 5:13 pm

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La Sala de lo Constitucional salvadoreña admitió una demanda contra el polémico decreto ejecutivo 34, que reformó un reglamento sobre acceso a la información pública en El Salvador.

Se trata del reglamento que hace la Presidencia de la República a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Esta aplica el reconocido internacionalmente como derecho fundamental de acceso a la información que tiene todo ciudadano.

Al admitir la demanda, la Sala ha decidido analizar si el Presidente de la República excedió o no su facultad  reglamentaria y, si al hacerlo, ha violado o no la competencia de legislar reservada únicamente para la Asamblea Legislativa.

En su resolución, admitió estudiar la constitucionalidad únicamente de los artículos 1 y 2 del decreto 34 –referidos al nuevo requisito de apelación en el proceso de reclamar una información pública y a las facultades nuevas cedidas al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

En su decisión, la Sala rechaza la medida cautelar de suspender los efectos de la reforma al reglamento. La Sala le pide al Presidente que se pronuncie en 10 días hábiles.


¿Qué pidieron los demandantes?

Pidieron declarar inconstitucional el decreto 34 asegurando que la reforma al reglamento contradice la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Explican que ha habido una invasión de potestades normativas de la Asamblea Legislativa, citando las sentencias de inconstitucionalidad 3-99 y 13-2012.

Además, sostiene que el decreto 34 “crea requisitos no previstos en la ley”, ya que agrega un recurso de apelación ante el oficial de información antes de recurrir al IAIP. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es la institución pública encargada de decidir si una institución del Estado debe o no entregar una información pública al ciudadano que lo solicite.

Además, sostienen que elimina competencias al IAIP, dándoselas únicamente al presidente del IAIP.

Rechaza medida cautelar

Los demandantes habían solicitado suspender los efectos de las reformas aprobadas por el presidente Nayib Bukele. La Sala rechazó la petición de esa medida cautelar.

Para rechazar la medida cautelar, la Sala argumentó que sus decisiones deben ejercerse de manera “adecuada”, procurando “regularidad constitucional”, asegurando “la tutela tanto del interés público como del de los particulares”, “intentando en todo momento un equilibrio”.

Así, aseguran que no existe justificación alguna para analizar la posibilidad de dictar una medida cautelar. Argumenta que solo se evaluará la constitucionalidad de los artículos 1 y 2 del decreto 34, pero no del resto de sus disposiciones.

También, la Sala considera improcedente adoptar la medida cautelar de suspender la elección de un comisionado del IAIP porque no tiene relación.

¿Cuáles fueron las reformas al reglamento del IAIP?

  1. Creó 10 nuevas atribuciones  al presidente del IAIP para modificar la estructura organizativa, diseñar la agenda y destituir personal.
  2. Derogó la posibilidad de impugnación contra candidatos a comisionados del Instituto.
  3. Modificó las reglas para presentar apelaciones de acceso a información: el demandante debe apelar apelación ante el oficial de información que le ha negado la información pública.
  4. Suprimió la presentación de solvencias de la Policía Nacional Civil y del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para los candidatos a comisionados del IAIP propuestos.

Ese polémico decreto fue aprobado por el presidente Bukele el pasado 26 de agosto de 2020 y publicado en el Diario Oficial tomo 428 número 175 del lunes 31 de agosto de 2020.

El derecho de acceso a la información es reconocido en:

  • El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
  • El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
  • El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San José.
  • En el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
  • El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.