Política

Piden crear registro público de sancionados por la Corte de Cuentas El diputado Leonardo Bonilla presentó tres iniciativas para modificar la Ley de la Corte de Cuentas de la República y la Ley de Acceso a la Información Pública.

Saraí Alas

miércoles 4, noviembre 2020 • 7:15 pm

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El diputado no partidario Leonardo Bonilla pidió reformar la Ley de la Corte de Cuentas de la República para crear un registro público de sancionados.

También, pide la reducción de tiempos para resolver recursos de apelación en juicios de cuentas.

Junto a representantes de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (Tracoda), Bonilla presentó dos iniciativas de ley para reformar la Ley de la CCR y una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Aseguraron que pretenden contribuir con la transparencia y combatir la corrupción.

Estas reformas buscan que la Corte de Cuentas pueda tener dientes y se combata la corrupción al exponer a personas y funcionarios que están siendo procesados por la Corte de Cuentas, y reducir la mora de los juicios de cuentas".


Leonardo Bonilla
Diputado no partidario

Carlos Palomo, director de Tracoda, aseguró que las reformas a la ley orgánica de la CCR abarcan la creación de un registro de los sancionados por la Corte de Cuentas y la reducción de plazos para que los magistrados resuelvan recursos, además de la transparencia de estos datos.

El objetivo de estas tres reformas es que la ciudadanía pueda fiscalizar e intervenir tanto el mismo trabajo que realiza la Corte, como el que realiza la Fiscalía General de la República respecto al cobro de las sentencias y las multas que impone la Corte de Cuentas".

Carlos Palomo
Director de Tracoda

¿Cuáles son las reformas propuestas?

1. Plazos más cortos

Solicitan que se reforme el artículo 70 de la Ley de la CCR para que el plazo de interponer un recurso de apelación sea de 15 días hábiles, y la Cámara tendrá tres días hábiles para darlo por recibido y 15 para pronunciar si es admitido. En el caso que el recurso sea procedente, se concederán ocho días al apelante y al apelado para exponer sus partes.

Según Bonilla, se limitarían los plazos para que la Cámara de Segunda Instancia resuelva sobre los recursos de apelación y revisión a sentencias y multas que impone la Corte de Cuentas en hasta 2 años, "para evitar que los magistrados tarden hasta 10 años para resolver".

El director de Tracoda sostuvo que la ley no contempla plazos y "los magistrados pueden tardar 1, 5 o hasta 10 años resolviendo los diferentes recursos que se interponen", por lo que "es importante limitarlos para que haya pronta y cumplida justicia".

También, se reduciría el plazo de las notificaciones a cinco días, pues en la actualidad se resuelve en un periodo de seis meses y esta tarda hasta un año para notificar para los casos que realice la Corte de Cuentas en cuanto a juicios de cuentas, dijo Bonilla.

2. Régimen sancionatorio

Se pide crear un artículo 107-A para que la Corte establezca "un registro público de las personas a las que se les ha establecido la responsabilidad administrativa o patrimonial". Deberá ser actualizado cada tres meses y estará disponible en el Portal de Transparencia de la Corte de Cuentas.

Este registro, explicó Palomo, contará con el nombre completo de la persona sancionada, los motivos, el monto y la fecha de sanción. Después de tres años de haber pagado, además, la Corte podrá excluir de oficio al señalado.

3. Acceso público a sanciones

Solicitan una reforma al artículo 16 de la LAIP para que la Corte de Cuentas publique informes finales de auditorías, un informe trimestral con datos de las sentencias emitidas en la primera instancia, apelaciones y revisiones recibidas y resueltas por la Cámara de segunda instancia, y el estado de cumplimiento, con el apoyo de la Fiscalía General de la República.

Palomo aseguró que hace tres semanas, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) abrió un proceso sancionatorio en contra del fiscal general de la República, Raúl Melara, por no entregar la información de los sancionados por la Corte.