En la marcha del pasado 8 de marzo, las organizaciones feministas abogaron por la aprobación del aborto, bajo cuatro causales en El Salvador. / Gabriel Aquino.

Nacionales

Piden al Estado salvadoreño reconocer su responsabilidad en el caso de Manuela

Eduardo Melara

viernes 12, marzo 2021 • 10:18 am

Compartir

La defensa en el caso de Manuela en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió ayer al Estado salvadoreño, reconocer su responsabilidad internacional públicamente por la criminalización de su emergencia obstétrica y la falta de garantías en su proceso judicial.

Una de las representantes de la defensa de Manuela, Sara García, asegura que el Estado debe reconocer su responsabilidad, así como la dignificación de la imagen de Manuela.

El Salvador, debe reconocer su responsabilidad internacional públicamente y dignificar la imagen de Manuela ante sus hijos, familia, comunidad y el país en general, haciendo énfasis en que fue víctima de estereotipos de género y criminalizada por sufrir una emergencia obstétrica en violación de sus garantías judiciales”. Sara García, defensa de Manuela.

García afirmó que es importante que la Corte Interamericana ordene al Estado brindar las garantías necesarias para que la familia de Manuela, puedan retomar sus vidas de nuevo, ya que la víctima dejó a dos hijos en la orfandad, al morir, cuando ella era el único sustento de la familia.

Manuela era la cabeza del hogar y sostén de su núcleo familiar, su detención y muerte repercutieron negativamente en el proyecto de vida de sus hijos y su familia, por lo que es necesario que la Corte le ordene al Estado que en los términos que presentamos en el escrito de alegatos, que brinde las garantías necesarias para que puedan retomar sus vidas, las pérdidas que sufrieron no fueron sólo económicas, sino que afectaron todos sus proyectos de una vida digna”. Sara García, defensa de Manuela.

Más casos de emergencia obstétrica

Asimismo, exigen la revisión de los casos de mujeres que han sido criminalizadas por hechos relacionados a emergencias obstétricas, similares al caso de Manuela y que ordenen al Estado la despenalización del aborto como “garantía de poner fin a la criminalización de las emergencias obstétricas”.


Mientras tanto, la defensa del Estado, consideran que tanto la comisión, como los representantes de las víctimas, han dado un giro “inadecuado” a las funciones del caso.

“Sus señorías, tanto la comisión, como las representantes de las víctimas han dado un giro inadecuado a las discusiones de este caso y han intentado convencer a la honorable corte de pronunciarse sobre cuestiones que no pertenecen a este caso, esto es de suma relevancia, porque la tarea de esta Corte Internacional no es la de construir jurisprudencia sobre temas en abstracto, sino, pronunciarse sobre la responsabilidad internacional del Estado sobre las presuntas violaciones que se derivan de los casos concretos que le han sido sometidos”, dijo la portavoz del equipo representante del Estado salvadoreño.

Caso Manuela 

En febrero de 2008, Manuela (nombre ficticio), una mujer sin estudios y de escasos recursos, sufrió tuvo una emergencia obstétrica, luego de sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal, al dirigirse a un letrina que quedaba a unos cuantos metros de su casa, expulsó un feto y se desmayó.

Manuela estaba en el tercer trimestre de embarazo, luego que su madre la llevase de emergencia al hospital para tratar una hemorragia, los médicos que la atendieron, la denunciaron de haberse provocado un aborto para esconder una supuesta infidelidad.

Más tarde ese año, fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. En el año 2010, Manuela murió a causa de un cáncer linfático severo que la aquejaba y por la que no recibió ayuda en prisión, a pesar de tener una evidente pérdida de peso y de su cabello.

Trece años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha comenzado un juicio por la muerte de Manuela contra el Estado Salvadoreño, el proceso, se ha dividido en dos partes entre los días 10 y 11 de marzo de 2021.

Tanto el Estado como la Corte, tienen hasta el 12 de abril para presentar sus alegatos finales en el caso.