Johanna Ramírez, de SPASS; Abraham Ábrego, de Cristosal, y Karla Guevara, del Colectivo Alejandría, presentaron un escrito para pedir la nulidad del nombramiento de González. /Cristosal.

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Piden a Seguridad que anule nombramiento del director de Atención a Víctimas por falta de idoneidad Los solicitantes citan el manual interno que exige experiencia y una licenciatura en relaciones exteriores o ciencias jurídicas. El actual director es pastor y esposo de una diputada oficialista.

Gabriela Villarroel con reportes de Gabriel Aquino

miércoles 13, octubre 2021 • 8:00 am

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Tres organizaciones de derechos humanos solicitaron al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que anule el nombramiento del director Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada, Giovanni Antonio González López, por carencia de idoneidad para ejercer el cargo.

El Servicio Social Pasionista (SSPAS), Cristosal y el Colectivo Alejandría, todas organizaciones que trabajan con víctimas de desplazamiento forzado y migrantes, llegaron ayer al Ministerio de Seguridad para entregar un escrito al titular del ramo, Gustavo Villatoro.

Abraham Ábrego, representante de Cristosal, aseguró que se pidió la nulidad absoluta del nombramiento del director porque, a su criterio, "no reúne los requisitos y el perfil establecido en las normas, sobre quién debe ser ser el director de Atención a Víctimas", establecido en el Manual de Descripción de Puestos del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Según la norma, se requiere una persona que tenga una licenciatura en relaciones internacionales o en ciencias jurídicas, así como experiendia en la gerencia y en la atención y manejo de víctimas de violencia. Pero la hoja de vida (de González) indica que no es licenciado en nada de esto, y que no tiene la menor experiencia en atención a víctimas: él es pastor evangélico". Abraham Ábrego, Cristosal.

En junio pasado, Giovani González fue nombrado al frente de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DNAVMF). Es esposo de la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos y, según reveló una investigación de la revista GatoEncerrado, no tiene formación en atención a víctimas.


Para Cristosal, el nombramiento de González "es una muestra de la falta de prioridad que da el Estado a la atención a las víctimas de violencia".

Según la Ley Especial para la atención y protección integral de Personas en condición de desplazamiento forzado interno, la Dirección Nacional de Atención a Víctimas es la encargada de articular los mecanismos y acciones de instituciones que deben ejecutar los protocolos de atención a personas que son expulsadas de sus hogares, en su mayoría, por el accionar de la violencia de pandillas o amenazas de agentes del Estado. 

Sin embargo, según detallaron las organizaciones, los protocolos aún no han sido creados, y las instituciones siguen trabajando de forma desarticulada. "Hay una falta de respuesta integral, sobre todo porque esta Dirección debería coordinar las instituciones, pero hay un abandono por parte de las autoridades", aseguró Johanna Ramírez, representante del SSPAS.

No tenemos claridad ni de los presupuestos asignados a la institución, no hay claridad de los fondos para mantener los albergues para suplir las necesidades básicas de las víctimas. Hay 20 meses desde que se aprobó la ley sin avances significativos en la creación de protocolos y sistema de protección a víctimas". Johanna Ramírez, SSPAS.

Karla Guevara, representante del Colectivo Alejandría, recordó que el cargo de director nacional de Atención a Víctimas también fue ostentado desde 2019 por el ahora alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, de Nuevas Ideas, "quien tampoco cumplía con los requisitos que exigía el cargo".

En el caso de González, cuyo nombramiento llega en junio de 2021, se conoció que ha sido profesor de matemáticas, formador deportivo y pastor evangélico del Tabernáculo Bíblico Bautista, graduado en teología; pero no tiene experiencia en el área de desplazamiento forzado.

Dada la naturaleza de las funciones y la real posiblidad de que se produzcan afectaciones a los derechos humanos de las víctimas (...) pedimos que se proceda a la suspensión provisional del señor González". Carta de las organizaciones.