La incertidumbre por la prolongación de la crisis social y económica se profundiza en muchos países, esta vez multiplicada por el deficiente manejo del covid19 y devastadores fenómenos naturales, generando mayor desesperanza y avivando la movilización y protesta popular ante evidentes hechos de corrupción e incapacidad en la administración de la crisis; afectando más a  los  países donde ya existían debilidades institucionales, deficiente inversión pública, mayor desigualdad económica y social e incremento de la pobreza por la injusta distribución del ingreso.

Opinión

Perú, Guatemala y El Salvador Cada país escribe su historia y sus sociedades tienen sus propios límites.

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

martes 24, noviembre 2020 • 12:00 am

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La incertidumbre por la prolongación de la crisis social y económica se profundiza en muchos países, esta vez multiplicada por el deficiente manejo del covid19 y devastadores fenómenos naturales, generando mayor desesperanza y avivando la movilización y protesta popular ante evidentes hechos de corrupción e incapacidad en la administración de la crisis; afectando más a  los  países donde ya existían debilidades institucionales, deficiente inversión pública, mayor desigualdad económica y social e incremento de la pobreza por la injusta distribución del ingreso.

La falta de soluciones estructurales a la crisis potencia la desconfianza minando la evolución democrática, propiciándose el surgimiento de gobiernos mesiánicos, autoritarios, de corte populista, con fuertes recursos mediáticos pero sin un proyecto definido, proclives a la corrupción y que al final incrementan la frustración social, provocando virulentas reacciones populares y sociales rechazando la demagogia. Este círculo vicioso en el que el deterioro democrático debilita la institucionalidad mina la capacidad de respuesta unificada del Estado ante el subdesarrollo y las recurrentes adversidades.

¿Un ejemplo? Perú, con una profunda crisis política, en la que más allá de las definiciones constitucionales los gobernantes caen como naipes uno tras otro. Depuestas figuras presidenciales son cuestionadas por casos de presunta corrupción, descalificados por el deficiente manejo de la pandemia que ha cobrado innumerables víctimas, pobreza extrema y por graves violaciones de derechos humanos en el desesperado intento gubernamental de reprimir y contener multitudinarias protestas sociales.

Con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (marzo de 2018), ante su inminente destitución por el congreso acusándolo de soborno y corrupción, asumió su vicepresidente Martin Vizcarra depuesto este noviembre, bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, debido a presuntos delitos de corrupción. Asumió la vacante el presidente del congreso Manuel Merino, quien dimite seis días después, denunciado por su responsabilidad en violaciones a derechos humanos por la represión institucional desatada.

Ahora ocupó interinamente el nuevo presidente del Congreso Francisco Sagasti, en una compleja e inestable transición con el compromiso de volver al cauce institucional en las elecciones previstas el próximo abril. Solo en 32 meses Perú ha tenido cuatro presidentes que se suman a una larga lista de mandatarios de los últimos treinta años, todos encausados o condenados judicialmente: Fujimori, Toledo, Garcia, Humala, Kuczynski.

La sorpresa de la semana es la crisis en la hermana República de Guatemala por sendas marchas de protesta popular, motivadas en el descontento por la aprobación del presupuesto del Estado, decantando en represión gubernamental y hechos de violencia, en los que resultó incendiado parte del edificio colonial del congreso de la República y daños a otros monumentos en circunstancias aún pendientes de dilucidar.


Al igual que en otras latitudes, emerge la insatisfacción y  descontento por el inapropiado manejo de la pandemia, los graves efectos de la crisis social y económica que profundizan el desempleo y pobreza, además de fundadas sospechas de corrupción en el manejo de los recursos del Estado durante la crisis del covid19. Complican estas circunstancias los devastadores efectos de las tormentas “Eta” e “Iota”, que dejaron una triste estela de afectación y miseria.

Perú, Guatemala y El Salvador, aunque con recursos naturales y desarrollos diferentes,  compartimos rasgos de historia próximos en el tiempo en cuanto al enfrentamiento a dictaduras opresivas, gobiernos ultraneoliberales y otros de corte populista. Sin embargo, aunque  tenemos diferencias esenciales en cuanto a la naturaleza y desenlace de los pasados conflictos internos que motivaron el surgimiento de grupos insurgentes, decantados en luchas diferentes, estos han sido convergentes en: la injusticia económica y social, los rasgos de encauzamiento a la democracia formal a partir de la implementación de sendos procesos de reformas estructurales encaminadas a avanzar en la modernización del Estado; reformas estructurales pendientes de asumir y otras todavía inconclusas, bajo una fuerte influencia y dependencia de las diferentes administraciones estadounidenses y un irrespeto y debilitamiento creciente de las instituciones de control del poder.

Los tres países afrontan sendos procesos de encauzamiento por delitos de corrupción, principalmente por el uso indebido de recursos durante la pandemia que ha sido aprovechada a manos llenas por el Ejecutivo, así como por la poca efectividad de políticas públicas para resolver los severos efectos de la crisis. Cada país escribe su historia y sus sociedades tienen sus propios límites.