La defensa de la familia Umaña Samayoa en el juicio por lavado de dinero. / Gabriel Aquino.

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Pericia de defensa pretende desvirtuar investigación por lavado de dinero y activos en juicio de "Chepe Diablo" La Fiscalía asegura que la pericia de defensa carece de información legal.

Jaime López

jueves 21, enero 2021 • 7:15 am

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Un perito propuesto por abogados defensores de José Adán Salazar Umaña, conocido como "Chepe Diablo"; por el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y tres de sus parientes, expone una pericia financiera contable ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, con la que busca revertir la acusación que la Fiscalía General de la República hace contra los cinco imputados por lavado de dinero y activos.

El experto se ha enfocado en señalar, con información financiera contable, que las empresas paralelas a Agroindustria Gumarsal desarrollaban una o varias actividades económicas y que no eran “simplemente de papel” o “fachadas” utilizadas solo para lavar más de $132 millones como consta en el proceso.

El especialista se refiere a las sociedades:

  • Molinos San Juan,
  • Arrocera San Pablo,
  • Transporte Danny,
  • Graneros de Centroamérica,
  • Logistic Service,
  • Empleo Seguro,
  • Empaques Salvadoreños,
  • Industria Arrocera Landaverde y Asociados,
  • Salvadoreña de Alimentos, Agroalimenticios y Distribuidora de Alimentos Básicos.

Para estas sociedades, el perito reporta infraestructura de funcionamiento, importaciones, ventas, exportaciones, declaraciones de la renta e IVA, pago de impuestos y uso de beneficios fiscales para la importación.

Molinos San Juan

En la jornada de este miércoles, el perito se refirió a Molinos San Juan, tras afirmar que la empresa fue legalmente establecida con sus oficinas, equipo, mobiliario y maquinaria de producción y según informes de operación entre el 1 enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2016, reflejó ingresos superiores a $21. 942,501 y el pago de impuesto de la renta por $6,245,541.

Además, estableció que sus importaciones fueron por más de $16 millones, utilizó licencias de exoneración de impuestos, reportó exportaciones por más $24 millones, al tiempo que dejó claro que el principal cliente de sus productos fue Agroindustria Gumarsal y una larga lista de clientes que compraban sus mercancías como harinas de maíz blanco.


El experto afirmó que está documentado que entre sus principales proveedores extranjeros está American ADN y comercializadora Columbia, dos transnacionales proveedoras de alimentos de los Estados Unidos.

Arrocera San Pablo

En el caso de Arrocera San Pablo, comenzó operaciones en 2005 pero en 2007 se incorporaron accionistas como Mirian Haydée (esposa del exalcalde de Metepán) y Tránsito Ruth (esposa de Wilfredo Guerra) ambas declaradas en rebeldía en este proceso.

Con ellas, la empresa reflejó un ingreso en el sistema financiero por $49,003,712 entre los años 2007 y 2016 pero que sus impuestos fueron pagados sobre la base de $28,472,920, pues el restante tenía el beneficio de la exoneración del impuesto a la importación.

Información no es legal, dice Fiscalía

Pero Fiscalía es de otro criterio, sostiene que el experto ha utilizado información que no se “obtuvo de manera legal”, porque asegura que la gerencia del grupo Gumarsal le proveyó información informática.

“La información informática legal es la obtenida en la pericia de extracción de información que utilizaron los peritos (permanentes) de Fiscalía". Fiscal del caso. 

“Fiscalía hará uso del contra interrogatorio a efecto de desacreditar la utilización de información que no ha sido incorporada de manera legal y que tampoco cuenta dentro de las piezas judiciales; cuando él habla de gerencia legal o gerencia financiera de Gumarsal, está hablando de los mismos gerentes que vinieron a declarar y que formaron parte de la trama de la creación de nuevas sociedades y el desvío del dinero a Panamá”, afirmó el fiscal.

Agregó que la información que se ha vertido por parte del perito de la defensa no ingresó de la manera correcta a este proceso.

Pese a esas circunstancias, “las conclusiones que ha realizado el perito de la defensa hasta el momento no desvanecen la teoría fiscal específicamente de los montos utilizados”, afirmó el fiscal.

Sostuvo que el perito ha tratado de introducir conceptos de cómo entre sociedades se hacían préstamos y también con otras sociedades relacionadas, “pero se ha visto que eran empresas que tenían liquidez y cómo era posible que se estaban prestando entre ellas mismas, dinero, sin tener una garantía, un interés o pago de manera ordenada como ocurre en cualquier sociedad”.

Fiscalía dice que el perito advierte, que desde las cuentas recibían dinero de sus propias sociedades pero en derecho mercantil está el “derecho de identidad de una sociedad”, que debe ser bien ordenada contablemente y para hacer un cobro debe estar autorizado por una junta general de accionistas, al igual que dejar constancia de que se autorizó para hacer cobro, el número de cuenta por ingresar y no basta solo por el dicho del perito, afirmó el fiscal.

“Lo que se les reprocha a estas sociedades es el traslado que en materia de lavado de dinero se le llama estratificación del dinero; no es tanto que hayan operado o no, además se observa en la última sociedad que cuando las dos señoras ingresan como accionistas el capital crece”. Fiscal del caso.

David Morales, uno de los abogados del grupo acusado, afirmó que la pericia de la defensa demuestra que los datos aportados por los peritos de Fiscalía no son fieles; solo se basaron en el sistema de ingresos en el sistema financieros, pero no tomaron en cuenta que esos ingresos incluían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ejemplo en la venta de combustible en las gasolineras de José Adán Salazar Umaña estaba el impuesto del COTRANS, IVA y la Renta, pero todo eso no se tomó en cuenta al establecer los incrementos patrimoniales no justificados que afirmó Fiscalía, dijo Morales.

“Queda en evidencia que la pericia de los fiscales no puede probar los incrementos patrimoniales para los procesados y con el perito de la defensa establece que hay graves errores en la pericia de Fiscalía”, detalló Morales.