Miembros de organizaciones ambientalistas piden prohibir la minería en la Constitución.

Política

Organizaciones preocupadas por minería hacen esta petición a Nuevas Ideas

Susana Peñate

lunes 29, marzo 2021 • 12:30 pm

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Cuatro años después de que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, organizaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica reclaman su incumplimiento y llaman a la nueva Asamblea Legislativa a no retroceder en la prohibición y elevarla a rango constitucional.

La bancada de Nuevas Ideas tendrá 55 diputados y junto a Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) tendrá 61 votos en la Asamblea Legislativa 2021-2024.

Hemos hecho propuesta a la Asamblea Legislativa actual para que eleven a ese rango constitucional la prohibición y que acá se pueda garantizar mucho más que no va a haber cambio en cuanto a la normativa jurídica”. Saúl Baños, director de Fespad e integrante de la Mesa.

Recordaron que la gestión del FMLN aprobó de manera tardía el reglamento. “Estamos haciendo un llamado al presidente de la República, a los funcionarios del gabinete para que tomen en consideración las obligaciones que tienen por ley”, agregó Baños.

De acuerdo a Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, miembro de la Mesa, la ley tiene varios elementos inconclusos.

Esperan que principalmente la Asamblea Legislativa que inicie el 1 de mayo de 2021 mantenga la prohibición, dado que en la campaña 2021 un candidato mencionó la minería como oportunidad económica.


En El Salvador está demostrado técnica y científicamente que la minería es inviable, por la contaminación que pueda hacer en el agua, en el suelo, en la biodiversidad, por el uso oneroso del agua; además porque va a contaminar más los ecosistemas”. Luis González, integrante de la Unes.

No hay cierre técnico de minas

La Mesa señala que a la fecha no se han hecho los cierres técnicos de las 15 minas abandonadas reportadas por el Ministerio de Economía, las cuales están ubicadas en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión.

“La ley que se aprobó en el 2017 fue el resultado de la lucha organizada de las comunidades afectadas por las actividades de exploración y explotación minera en El Salvador, realizado por empresas trasnacionales que en su debido momento no asumieron la responsabilidad con los impactos que ocasionaron”, dijo Vidalina Morales, de la Asociación Desarrollo Económico y Social (ADES), de Cabañas.

Reiteraron que de las 15 minas abandonadas, 11 contaminarían los ríos del país, con riesgo para dos cuencas hidrográficas, específicamente las minas San Sebastián y Las Piñas, conocida como Tepeyac, que podrían contaminar la cuenca del río Goascorán y las aguas de la cuenca del río Grande de San Miguel.

El cierre técnico debió haberse hecho en abril de 2019, de acuerdo a la Ley de Prohibición.

Ante ese cierre, a las personas que se retiren de la minería artesanal se les debe buscar medios de vida, comentó Baños.

 

Piden un tratado de aguas transfronterizas

Además, hablaron sobre minas de oro y plata de impacto transfronterizo que afectan las cuencas del río Lempa, Paz y Goascorán, en territorios de Honduras y Guatemala.

La Mesa asegura que ha gestionado ante a Cancillería Salvadoreña, el Sistema de Integración Centroamericano (Sica) y el Parlamento Centroamericano (Parlacen) una propuesta de “tratado de aguas transfronterizas”.

“Creemos que es oportuno que los diputados que van a tomar posesión el 1 de mayo tomen esto en su agenda de trabajo”, dijo David Pereira, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom), integrante de la Mesa.