Nacionales

Organizaciones exigen la derogación de decretos que cesan jueces y fiscales Víctimas de la masacre de mil personas en El Mozote, Morazán, creen que el juicio podría caerse con estas reformas.

Jaime López

miércoles 8, septiembre 2021 • 4:37 pm

Compartir

La Mesa contra la impunidad de El Salvador y el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones, junto a familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, rechazaron la reforma a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y demandaron su derogación.

Mientras a la Corte Suprema de Justicia le pidieron inaplicar esas reformas, por considerar que violentan la Constitución, los tratados internacionales ratificados y los derechos humanos de los jueces y magistrados que serían cesados por haber cumplido 60 años de edad o 30 años de servicio.

Dijeron que la destitución de casi un tercio de los jueces pone en riesgo los procesos judiciales de todos los salvadoreños pero en especial de las víctimas del conflicto armado, al no tener garantía del derecho a una tutela judicial efectiva y que sus casos sean tratados por un juez natural e imparcial como lo demanda la Constitución.

Esto es parte de un proceso mayor de desmontaje de la democracia en El Salvador y de un Estado constitucional de derecho, que afecta a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el país”. David Morales, exprocurador para la Defensa de Derechos Humanos.

En su pronunciamiento, las organizaciones sociales cuestionan la forma inconstitucional con la que se impuso a los magistrados sustitutos de la Sala de lo Constitucional, sin reunir los requisitos mínimos, cualificaciones profesionales y credenciales de independencia judicial.

“La corrupción se combate mediante investigaciones serias y juicios imparciales, caso por caso y no persiguiendo a mansalva a jueces, juezas y fiscales, mediante el discriminatorio y estigmatizante criterio de la edad de 60 años, lesivo de la dignidad humana”, reza un segmento del pronunciamiento.

Corremos el riesgo que esta destitución masiva de lugar a nombramientos irregulares de jueces, sin los procedimientos de selección que manda la ley y que se coloquen jueces a la carta”, afirmó Morales.

Sonia Rubio de la Fundación para el Debido Proceso afirmó, que las reformas aprobadas “dejan en desprotección a cada salvadoreño y extranjero que necesita de un sistema judicial sólido, independiente, fortalecido e imparcial ”.

Rubio recordó que con estas reformas, la Asamblea Legislativa mandó un claro mensaje que durante este gobierno el ejercicio de la función judicial estará sujeta a presiones, represiones e interferencias de poderes externos y que las reglas del juego pueden cambiar de forma inconsulta, opaca y expedita, atentando contra cualquier estándar en la materia, provocado por el capricho de una pequeña élite que no quiere someterse a los controles establecidos.

“Estas reformas buscan amedrentar a los jueces y fiscales, sabiendo que atentando contra la estabilidad del cargo y todo lo que eso significa pueden defender si sus decisiones están alineadas a los poderes de turno”, sentenció Rubios.

Las víctimas

Dorila Márquez en representación de las victimas de El Mozote, pidió a los diputados y al presidente de la República que no les quite el juez Jorge Guzmán que ha llevado adelante la investigación de la masacre, porque con su salida el caso podría perderse.

No es que veamos de menos a los jueces que puedan llegar, pero el que tenemos es el que queremos, y lo mismo para todos los demás jueces, porque no todos son corruptos”. Dorila Márquez, víctima de la masacre El Mozote.

Los representantes de al menos 13 organizaciones de la sociedad civil consideraron que la expulsión masiva de jueces, incluyendo, al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán afectará el avance de los procesos de la masacre como El Mozote y el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses, durante el conflicto armado que se ventila en el Juzgado de Primera Instancia de Santiago de María, Chalatenango, pues los jueces que llevan esas causas ya tienen 60 años.

Oscar Leonel Tobar Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, lamentó que las últimas reformas legislativas provocan un duro golpe al avance de los casos de víctimas del pasado conflicto armado, siendo el caso de El Mozote con casi 40 años de investigación y en momento por definir la situación legal de los acusados.

“La petición que hacemos como víctimas que esas reformas sean derogadas para que sigamos con el proceso y ojalá tengamos éxito, porque si hay cambio de jueces podemos tener retrocesos y quede en la impunidad”, dijo Tobar Claros.

Mario Alexander Tobar, otro familiar de al menos 25 personas masacrada, sostuvo que las reformas legales aprobadas “defrauda a la comunidad El Mozote, porque ya estando al final de hacer cumplir la ley a los involucrados, el caso se caiga por la falta de un juez competente”.