Política

Organizaciones exigen a presidente de El Salvador acatar resoluciones de la Sala Señalan que el derecho a circulación solo puede ser limitado por el Órgano Legislativo.

Saraí Alas

viernes 18, septiembre 2020 • 6:54 pm

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Organizaciones salvadoreñas exigieron hoy al presidente de la República, Nayib Bukele, respetar la Constitución y las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La exigencia surgió luego de conocerse que el Gobierno continuará con la medida de pedir una prueba PCR covid-19 a salvadoreños y extranjeros que busquen ingresar al país pese a que la sentencia de la Sala de lo Constitucional indica que el ingreso a territorio nacional solo se puede suspender mediante un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa.

Hoy la Sala advirtió que si se materializa la prohibición del ingreso a salvadoreños y extranjeros residentes definitivos incumpliría la medida cautelar emitida en un proceso de amparo y certificaría a la Fiscalía de posibles delitos cometidos.

A través de un comunicado, las organizaciones también manifestaron que poner un cerco sanitario en el municipio de Corinto, en el departamento de Morazán, que prohíbe la entrada y salida de la zona, suspende la libre circulación y es inconstitucional porque constituye un régimen de excepción decretado por el Ministerio de Salud (Minsal) y, señalan, no tiene facultades para establecer esa medida.

Por lo anterior, exigimos al presidente de la República que respete la Constitución y resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Las medidas sanitarias que sean necesarias para proteger la salud de la población deben adoptarse en estricto apego a la Constitución, bajo criterios científicos y sin vulnerar derechos fundamentales”, señalan las organizaciones.

Asimismo, pidieron a la Sala de lo Constitucional mantenerse firme, defendiendo la Constitución y que haga cumplir sus fallos a través de mecanismos pertinentes; y al fiscal general le solicitaron promover acciones legales ante cualquier caso de abuso de poder, violación de derechos humanos y desobediencia a resoluciones de la Sala.

Acción Ciudadana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (Funde), la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) fueron las organizaciones firmantes del comunicado.

Sigue la práctica de incumplir sentencias. El Ejecutivo no puede suspender el ejercicio de un derecho fundamental como la libre circulación por decreto ejecutivo. Javier Castro, director de estudios legales de Fusades.

La tarde del pasado 16 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió los efectos de la circular de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en la que informaba a las líneas aéreas de la petición de una prueba PCR de covid-19 negativa para ingresar al país, a partir del 19 de septiembre, cuando reabra el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

El argumento de la Sala fue que no existe un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa y que rechazar el ingreso de un salvadoreño o de un extranjero con residencia en el país es restringir el derecho del ingreso al territorio.

Bukele afirmó que la sentencia de la Sala tiene vicios de forma y fondo porque no consultó al Ministerio de Salud (Minsal) sobre la medida de exigir pruebas de coronavirus ya que el país no puede aceptar a miles de viajeros diarios sin control.

Además, el mandatario añadió que todas las aerolíneas que busquen aterrizar en el país deben pedir a sus pasajeros pruebas negativas del virus realizada con 72 horas antes del viaje.

Conclusiones

Miembros de organizaciones de estudios jurídicos ven un incumplimiento reiterado de las sentencias de la Sala de lo Constitucional por parte del Órgano Ejecutivo ya que este reitera medidas que han sido declaradas inconstitucionales en anteriores resoluciones con el mismo argumento: el Ejecutivo no puede suspender un derecho fundamental sin que la Asamblea Legislativa apruebe dicha limitación a través de una ley formal.