La Asamblea Legislativa aún analiza la ley que regularía el uso del agua.

Política

Organizaciones dudan de prioridad del uso humano del agua en la ley Vicerrector UCA objeta la supresión de la condición de la disponibilidad del agua para otorgar los permisos.

Saraí Alas

lunes 4, octubre 2021 • 5:00 am

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Representantes de organizaciones y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas se declaran insatisfechos tras la aprobación del uso doméstico del agua como prioridad número uno en la ley de aguas en aprobación en la Asamblea Legislativa. Señalan contradicciones que podrían arriesgar, aseguran, dicha prioridad.

El artículo que define las prioridades del uso del agua en El Salvador fue aprobado el 30 de septiembre por la comisión ad hoc del agua.

Establece que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) deberá garantizar que el agua sea otorgada en primer lugar al uso doméstico, en segundo lugar a la sostenibilidad de los ecosistemas, en tercer lugar al uso agropecuario procurando la seguridad alimentaria, en cuarto lugar a la generación de energía eléctrica, y por último, al uso industrial o comercial, seguido de los usos recreativos y otros.

“Las aguas utilizadas y necesarias para el uso doméstico o uso común tienen prioridad y su uso no puede ser supeditado ni condicionado a cualquier otro uso; su única restricción estará dada por el régimen de caudales ambientales definidos por la fuente de agua”, reza lo acordado.

 

Contradicción.

Para Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la decisión no es suficiente; ve necesario analizar integralmente todos los artículos.

Serrano explica una contradicción de estas prioridades con el artículo 61, que trata sobre los permisos para el uso y el aprovechamiento del agua. Si bien reconoce que se reducen los plazos de las autorizaciones a cinco años y la cantidad de agua otorgada, la UCA sugería suprimir las cantidades otorgadas y condicionar su cesión a la disponibilidad del bien hídrico.

“Por un lado, aprueban prioridad al consumo doméstico y, por otro, en el artículo 61, aprueban dar permisos hasta por 365 mil metros cúbicos al año; y le han quitado la condición que se proponía de ‘siempre y cuando haya existencia del inventario de bienes hídricos y no se supedite el consumo doméstico’ de estos permisos”, observa.

El vicerrector de la UCA señala que los permisos son obtenidos por “grandes empresas y urbanizaciones” por lo que considera que, al haber eliminado la condicionante de que exista suficiente recurso hídrico, se pone en riesgo la garantía del uso doméstico, prioridad según la normativa acordada en comisión.

 

Uso agropecuario.

De acuerdo con Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, se debe aclarar que se trata de consumo humano doméstico sin fines lucrativos. “Tenían que decir ‘uso humano doméstico que no tenga fines lucrativos’, pues el abastecimiento de poblaciones en residenciales también es uso humano doméstico, pero eso no lo excluyen y dejan abierta esa puerta”, manifiesta.

Añadió que se debe aclarar que el uso agropecuario debe ser exclusivamente para la producción de alimentos porque, asevera, es posible que la industria cañera se beneficie de la misma forma que los cultivos de sobrevivencia.

El director de Incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Luis González, coincidió en la necesidad de establecer que será para la producción de alimentos.

“Agregan también el uso agrícola para producción de alimentos porque, si no, se puede considerar también el cultivo o monocultivo como la caña de azúcar, no es comida y tiene impactos ambientales como quema, uso de agrotóxicos y el consumo oneroso del agua. Está bien priorizar el consumo humano doméstico, pero no que se incluya en esta parte de prioridades el uso agropecuario que no es de producción de alimentos”, dijo González.

 

Cánones para alcaldías y juntas.

El director de la UNES pide analizar los cobros por uso y aprovechamiento del agua porque tanto las juntas de agua como municipalidades que abastecen a las comunidades podrían quebrar al no poder pagar un cánon, situación que, pese a que la ley prioriza el consumo doméstico, podría poner en riesgo el derecho humano al agua.

 

El dato

Autorizaciones nivel 1: 365,000 metros cúbicos por año o más. También habrá autorizaciones nivel 2: caudal menor a 365,000 metros cúbicos por año.