El Mundo

Ordenan captura de juez guatemalteco señalado de corrupción y cuestionado por EEUU

AFP

lunes 1, febrero 2021 • 4:50 pm

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La justicia de Guatemala emitió una orden de captura por presunta corrupción contra el juez Mynor Moto, nombrado como magistrado de la máxima corte de justicia del país, una designación cuestionada por Estados Unidos, informó este lunes la Fiscalía.

La orden de detención contra Moto es por el delito de "conspiración para la obstrucción de la justicia", relacionada al caso denominado "Comisiones Paralelas 2020", de supuesta manipulación para la elección de jueces en el Poder Judicial, señaló el Ministerio Público (Fiscalía) en un comunicado.

El magistrado fue juramentado hace una semana por el Congreso guatemalteco tras haber sido elegido el 19 de enero por el Colegio de Abogados y Notarios como su representante en la Corte de Constitucionalidad, en sustitución de un magistrado que falleció por covid-19 el año pasado.

Moto, elegido para concluir el periodo 2016-2021 de la Corte, que culmina el 14 de abril, intentó tomar posesión al cargo entre jueves y viernes, pero los magistrados actuales anunciaron que deben resolver primero varias impugnaciones contra su designación.  

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) desde el año pasado busca investigar a Moto por este y otro caso de corrupción, pero el jurista gozaba de inmunidad. Contra este juez hay vigentes dos pedidos de antejuicio político.


La FECI lo acusa de una presunta relación con personas vinculadas al influyente empresario Gustavo Alejos,  preso por varios casos de corrupción y señalado de manipular el nombramiento de jueces en la Corte Suprema de Justicia.

Alejos fue secretario privado del expresidente de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012) y desde junio pasado tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos, país que el jueves cuestionó el nombramiento de Moto a la alta corte de Guatemala.

Este nombramiento por parte del Congreso de Guatemala pone en tela de juicio la integridad del más alto tribunal de Guatemala, lo que debilita el estado de derecho y socava una prioridad clave de Estados Unidos". Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EEUU.