Organizaciones de la sociedad civil rechazaron en conjunto la ley de agentes extranjeros. /Saraí Alas.

Política

Oenegés se oponen a ley de agentes extranjeros y dicen atender necesidades "que el Estado es incapaz de cumplir" Las onegés reiteraron que no son organizaciones políticas. Aseguran que son auditadas por los cooperantes y el Ministerio de Gobernación.

Saraí Alas

jueves 18, noviembre 2021 • 10:56 am

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Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron una vez más este jueves en contra del proyecto de ley de agentes extranjeros que busca aprobar la Asamblea Legislativa, la cual impone un impuesto del 40 % a los fondos de cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG), con algunas excepciones.

En medio del rechazo de organismos defensores de derechos humanos y de la comunidad internacional, diputados de la comisión de Relaciones Exteriores del órgano legislativo aprobaron la noche del martes un dictamen favorable de la ley de agentes extranjeros.

Aunque todavía no ha sido aprobada en el pleno, representantes de organizaciones de la sociedad civil temen que se agende en las próximas plenarias, y señalaron que, de aprobarse, son las comunidades quienes enfrentarán el mayor impacto negativo de esta ley.

Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, reclamó que no se cobren más impuestos a la empresa privada y sí busquen gravar un impuesto del 40% a onegés que "atienden las necesidades de la población".

En la fabricación de enemigos imaginarios, Bukele intenta desviar la atención de los enemigos reales que hay que combatir en El Salvador como las desapariciones, la precarización de los servicios de salud y educación, la violencia de género, lo cual ha incrementado en los últimos dos años que lleva el Gobierno".
Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.

Verónica Guerra, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, dijo a los diputados que aprobar dicho proyecto de ley no es una decisión del pueblo.

Con la aprobación de esta ley las grandes perdedoras serán las comunidades que se han organizado para gestionar bienes y servicios que el Estado salvadoreño no ha sido capaz de garantizar y que podrían anularse sin participación activa de la sociedad civil". Verónica Guerra, representante de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares.

Las organizaciones señalaron que se someten a las auditorias de la Cooperación Internacional y el Ministerio de Gobernación.