El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que el Gobierno salvadoreño trató de obstaculizar el trabajo de la CICIES e inducir investigaciones contra opositores políticos. /Foto: Archivo DEM.

Política

OEA rechaza el fin de la CICIES y acusa al Gobierno de El Salvador de obstaculizar investigaciones El Gobierno puso fin a la CICIES el pasado 4 de junio, argumentando la contratación de Ernestoy Muyshondt, exalcalde de San Salvador, como asesor de la OEA. Según la OEA, el contrato nunca se firmó.

Gabriela Villarroel

lunes 7, junio 2021 • 9:59 am

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó este lunes la decisión de El Salvador de romper el acuerdo para la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), y acusó al Gobierno y a la Fiscalía General de la República de impedir los avances en investigaciones de corrupción contra la administración actual.

A través de un comunicado publicado hoy, la Secretaría General de la OEA "lamentó profundamente" el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 4 de junio, que puso final acuerdo para conformar la CICIES.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lamenta profundamente el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador de fecha 4 de junio de 2021, por el cual rompe el acuerdo de la CICIES, así como las razones expuestas en dicho comunicado". Secretaría General de la OEA.

La CICIES, una promesa de campaña del presidente Nayib Bukele para sus primeros 100 días de Gobierno, tuvo una duración de a penas 21 meses. Durante ese tiempo, reveló la OEA, el Gobierno trató de influir en las investigaciones de la entidad presionado para investigar a opositores políticos, e impidiendo los avances en contra de la administración actual.

Los señalamientos de la OEA.

Tras el rompimiento del acuerdo para conformar la CICIES, la secretaría general de la OEA reveló al menos seis motivos por los cuales considera que la Comisión anticorrupción no podía seguir trabajando en El Salvador.

Señaló en primer lugar la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, popularmente conocida como "Ley Alabí". El 5 de mayo, el Gobierno aprobó esta normativa que decreta inmunidad para posibles corruptos.


(La ley) beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley, y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad", apuntó la OEA.

Además, la secretaría acusa al Gobierno de haber bloqueado la publicación del "Primer informe descriptivo sobre la clidad, efectividad y legitimidad del uso de fondos públicos en atención a la pandemia COVID-19", elaborado por la CICIES, en el que "se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva".

La OEA también señaló a la Fiscalía de "cercenar completamente las posibilidades de investigación de la CICIES" durante las últimas semanas. El pasado 1 de mayo, durante su primera plenaria, la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal general de la República, Raúl Melara ─quien firmó el convenio con la CICIES─ y nombró a Rodolfo Delgado como su sucesor.

La secretaría aseguró que hubo acciones de parte del Gobierno "encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración", y denunció una "recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente".

(Impulsar estas investigaciones) es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del Gobierno". Secretaría General de la OEA. 

Debido a estos elementos, acusó la OEA, la "lucha contra la corrupción" es "más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, lo cual hace imposible para la CICIES acompañar ese proceso".

"Muyshondt no tiene contrato".

Con 12 casos en curso, la instancia fue clausurada por el Gobierno salvadoreño justificándose en la contratación de Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, como asesor de la Secretaría General de la OEA.  Muyshondt enfrenta dos procesos penales por fraude electoral, agrupaciones ilícitas y, más recientemente, retención de cuotas laborales.

Sin embargo, la OEA aclaró que Muyshondt "no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la Organización", y rechazó la argumentación del Gobierno para eliminar el convenio con la CICIES.

Ernesto Muyshondt no fue contratado como dice su comunicado, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó", respondió la OEA.

"Debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato" en la OEA, dijo lo Organización, quien además dijo haber notificado previamente sobre el posible contrato a la Cancillería salvadoreña, sin recibir "ninguna discrepancia".

La OEA agregó que, aún siendo contratado, el cargo no le otorgagab ningún tipo de inmunidad a Muyshondt ante los tribunales salvadoreños, y" mucho menos impunidad".

La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país (sin perjuicio de eventualmente considerar en su momento las denuncias realizadas por el señor Muyshondt en cuanto a violación de garantías del debido proceso)". Secretaría general de la OEA.