Tanto el Estado salvadoreño como los ciudadanos en general estamos, por ley, obligados a proteger de abusos sexuales a nuestra niñez que, según estadísticas recientes, han adquirido caracteres graves, dado el gran número de víctimas de tales delitos, perpetrados por adultos de diversas categorías socioeconómicas, incluyendo profesores, religiosos y parientes cercanos de los menores dañados, tanto en su integridad física como psicológica y moral.

Opinión

Obligados a proteger de abusos a nuestra niñez

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario @armanditolic

lunes 8, noviembre 2021 • 12:00 am

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Tanto el Estado salvadoreño como los ciudadanos en general estamos, por ley, obligados a proteger de abusos sexuales a nuestra niñez que, según estadísticas recientes, han adquirido caracteres graves, dado el gran número de víctimas de tales delitos, perpetrados por adultos de diversas categorías socioeconómicas, incluyendo profesores, religiosos y parientes cercanos de los menores dañados, tanto en su integridad física como psicológica y moral.

En efecto, además de los ilícitos y sus respectivas penas, previstos  y contemplados en el Código Penal vigente, es oportuno considerar que El Salvador, como Estado, es miembro firmante y parte activa, de la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que fue adoptada y abierta a la firma y su ratificación por  la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 14/25, del 20 de noviembre de 1989 y entrada en vigor a partir del 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49  y en nuestro país, fue aprobada por medio del Acuerdo Ejecutivo  número 237, de fecha 18 de abril de 1990 y ratificado por  Decreto Legislativo número 486, del 26 de abril de 1990, publicado en el Diario Oficial  número 108, Tomo 307, del 9 de mayo de ese mismo año.

Esta es la base jurídica propia e internacional que obliga tanto al Estado como a los ciudadanos.  De hecho, la mencionada Convención refleja una clara intención de trabajar para que los niños y las niñas gocen de un bienestar integral, incluyendo, por supuesto, el respeto absoluto a su integridad sexual y dignidad personal, protegiéndolos de individuos abusivos e inescrupulosos, tal como observamos en los datos publicados, en fecha reciente, precisamente en este respetable medio.

Incluso, por la fe que profeso, me es imprescindible y oportuno recordar que, según el Evangelio de San Marcos, para Dios los niños y niñas tienen un lugar especial, a tal punto que Jesucristo mismo afirma que de los tales es el Reino de Dios, que es la base fiel de nuestra vocación cristiana para buscar, en forma permanente, que la niñez goce de bienestar en general y de respeto para su dignidad infantil.

Dentro de este reprochable marco de abusos sexuales contra la niñez, no  podemos olvidar el fenómeno resultante de los abusos, como son los  embarazos en adolescentes, también denominados  como “embarazos precoces” los que, según la Organización Mundial para la Salud (OMS), afecta el desarrollo psicosocial, cultural y económico de la niña o adolescente, cuando aún no son aptas para adquirir, de forma inmediata, la madurez suficiente para enfrentar adecuadamente el gran reto de la maternidad, que en gran número de madres precoces “es un evento inesperado, sorpresivo y en la mayoría de casos, no deseado” que les impide continuar sus estudios y deviene en varias situaciones psicopatológicas graves, que, en casos extremos, las orillan o las conducen al suicidio o la prostitución.

Analizados a grandes rasgos los peligros de los abusos sexuales de la niñez y la adolescencia, el llamado es, en primer lugar, a los padres de familia, a los educadores, a los Ministerios de Educación y Salud Pública, autoridades policiales y judiciales, para formular y ejecutar políticas y actividades que conlleven el prevenir, hasta donde sea posible, enseñando a nuestra niñez y adolescencia, a no tener miedo alguno de plantear sus denuncias, quejas y señales de peligro al que puedan verse expuestos, en un momento determinado. Nuestro llamado angustioso es que el Estado y la sociedad, pongan al servicio de la niñez y la adolescencia, todas las posibilidades de ayuda efectiva y evitarles, al máximo, seguir siendo víctimas de abusadores inescrupulosos y sin conciencia alguna.